Economía: ni frío ni calor

Recesión: última llamada

Carlos Fernández-Vega

C

omo diría el clásico optimista, en materia económica ni frío ni calor: cero por ciento. Ese es el triste comportamiento del producto interno bruto en los primeros nueve meses de 2019 con respecto a igual periodo de 2018. Pero tiene sus bemoles: si el comparativo se hace de abril-junio a julio-septiembre del presente año, entonces la economía registra un avance –por llamarlo así– de 0.1 por ciento, aunque si la medición es del tercer trimestre del año pasado a igual lapso del presente, el resultado es un descenso de 0.4 por ciento.

Todo un galimatías macroeconómico, que traducido al castellano simple quiere decir que el horno no está para bollos y que el comportamiento económico nacional es más que preocupante, toda vez que el resultado del tercer trimestre de 2019 es el peor desde finales de 2009, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB periódicamente elaborada por el Inegi.

Ante tal panorama, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– subraya que la debilidad de la economía mexicana se ha profundizado y permite refrendar la necesidad de aplicar un programa de reactivación que evite la continuidad del letargo económico.

El presente año presentó la oportunidad de poner en marcha una estrategia de promoción de la inversión productiva y con ello mitigar la desaceleración económica que se había observado desde mediados de 2018. Ahora, México debe evitar las consecuencias de la caída en la inversión productiva, particularmente en el mercado laboral y el consumo de las familias.

Para el cierre de 2019 lo pertinente es establecer un programa económico emergente que tenga como prioridad finalizar con la recesión que se vive en el sector industrial y cuyas consecuencias han llegado al mercado interno. La relevancia de esto último aumenta por la contracción que se observa en la industria de Estados Unidos y los efectos adversos que ello tendrá para México. Por ello es fundamental garantizar el fortalecimiento de la economía nacional. De no ocurrir así, el empleo será la siguiente variable que mostrará los efectos de los problemas que enfrenta el sistema productivo nacional.

Para el IDIC es necesario: reconocer la magnitud de la desaceleración económica y que ello se traduce en una fase recesiva; implementar un programa de reactivación que comience con una modificación en materia de inversión pública (el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen la oportunidad de eliminar la reducción planeada en la inversión física del sector público para el 2020).

Asociado a lo anterior, el gobierno mexicano puede garantizar que los proyectos de infraestructura y las compras de gobierno tengan un elevado contenido nacional. Ello beneficiaría al mercado laboral porque evitaría una reducción en la creación de empleo. De la mano, el pago oportuno a proveedores.

Debe permitirse la depreciación acelerada de activos y 100 por ciento de deducibilidad en las prestaciones a los trabajadores. Priorizar la reactivación de los sectores estratégicos que enfrentan los mayores desafíos, como el de la construcción. Asimismo, mayor coordinación entre las políticas monetaria y la fiscal, que deben promover el crecimiento mediante menores tasas de interés y expansión en la inversión pública.

Debe ponerse en funcionamiento un acuerdo nacional para la conservación del empleo y el fomento a la inversión a nivel sectorial y regional: atender las necesidades prioritarias que garanticen frenar los efectos adversos de la fase recesiva. Sin un programa de reactivación robusto e integral, México seguirá enfrentando las consecuencias negativas de un ciclo económico que se encuentra en la fase de recesión.

Las rebanadas del pastel

El informe presentado ayer en Palacio Nacional sobre el pasado operativo en Culiacán es relevante y puntual. Si lo hubieran divulgado al día siguiente de los acontecimientos, tal vez el presidente López Obrador no habría concluido que los medios de información se nos lanzaron con todo; mostraron el cobre.

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FMI: ¿IVA en alimentos?// Rotunda negativa de AMLO

Carlos Fernández-Vega

L

as recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), puntualmente llevadas a la práctica por gobiernos afines a éste, han pauperizado a muchos países. En la etapa neoliberal, México fue uno de sus laboratorios, y aplicó todo tipo de reformas y draconianos ajustes estructurales: los resultados están a la vista, entre ellos que más de la mitad de los habitantes del país sobreviven en pobreza, a la par que la concentración del ingreso y la riqueza alcanza niveles de cuento de hadas.

Al FMI se le puede acusar de todo, menos de ser un organismo no perseverante, terco como mula, a la hora de imponer su interminable inventario de recomendaciones, sin importar las drásticas consecuencias sociales. A México le aplicó todas y los gobiernos gerenciales las aceptaron sin chistar. Sólo algunas, muy pocas, no se llevaron a la práctica por el enorme costo político que al régimen le implicaba, aunque hizo circo y maroma para no molestar al organismo.

Una de esas sugerencias recurrentes es la de gravar alimentos y medicinas con el impuesto al valor agregado (IVA), en un país donde más de la mitad de la población es pobre y alrededor de 28 millones carecen de ingreso para alimentarse. Pero como al FMI las consecuencias sociales le importan un bledo y opera con el manual en la mano, de nuevo recomienda al gobierno mexicano que, una vez más, le pegue a los más fregados con la citada fórmula fiscal.

Pero el FMI se ha topado con pared: el presidente López Obrador ha dejado en claro que “se hicieron reformas que afectaron a los mexicanos por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los habitantes, sino para cumplir con los consejos del extranjero, eso ya se terminó”(por cierto, la OCDE, presidida por el ex secretario mexicano de Hacienda, José Ángel Gurría, de tiempo atrás propone incrementar la edad de jubilación en México, y si bien fue aceptada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, con AMLO no pasará).

En el recuento, el cobro de IVA comenzó el 1º de enero de 1980, en el gobierno de López Portillo, y la ley original (publicada en diciembre de 1978) establecía una tasa general de 10 por ciento, sin gravar alimentos. Pero la tecnocracia se instaló en Los Pinos, y Miguel de la Madrid subió 50 por ciento la tasa general (de 10 a 15 por ciento), aplicó una de 6 por ciento a medicinas de patente y alimentos no considerados en la canasta popular, y otra de 20 por ciento a los artículos de lujo.

A partir de 1991, transcurrida la mitad de su administración, Carlos Salinas de Gortari redujo a 10 por ciento la tasa general de IVA, desgravó alimentos y medicinas y suprimió la tasa aplicable a los artículos de lujo.

Sin embargo, en abril de 1995 Ernesto Zedillo de nuevo aumentó la tasa a 15 por ciento (recuérdese la Roqueseñal), y en 2010 Felipe Calderón la elevó a 16 por ciento, aumento que calificó de provisional (temporalidad que acumula una década) y allí se quedó, aunque en ambos casos (y no por gusto) se evitó aplicar el gravamen a medicinas y alimentos.

En tanto Vicente Fox intentó aplicar IVA a medicinas y alimentos (nueva hacienda pública, un reformón, le llamó), con la promesa de que a los mexicanos más desamparadosese dinero fiscal se les regresaría copeteado. Pero fue tan cretina la propuesta que hasta sus más cercanos la desecharon. Y Peña Nieto hizo lo propio, aunque, tras un sondeo, finalmente se abstuvo.

Eso sí, los organismos cúpula del sector privado y los empresarios marca Forbes (a los que, por instrucción presidencial, el fisco les devolvía, condonaba y/o cancelaba multimillonarias cantidades en impuestos todos los años) son fieles seguidores de las recomendaciones del FMI, siempre y cuando no vayan dirigidas a ellos.

Las rebanadas del pastel

Parece que la transformación (sin cuarta) comienza a ser efectiva en la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pero en sentido contrario, porque cada día se parece más a sus antecesores prianistas en el puesto.

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Claudio X. González Jr., enemigo de México

Claudio X. González Guajardo besando a Elba Esther Gordillo

MCCI y el caballo de Troya // El relincho por Texcoco

Carlos Fernández-Vega

I

ndignada por los recientes comentarios presidenciales, la organización privada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, cuya cara visible es el junior Claudio X. González Guajardo) lamentó y condenó las expresiones falsas y sarcásticas de López Obrador, y aseguró que nuestro trabajo se ha caracterizado por su calidad y pluralidad; nuestro compromiso es con el estado de derecho en México.

En la mañanera del pasado martes, el presidente López Obrador lo dijo así: “al hablar de los cochupos, enjuagues y arreglos (…) hiló el tema con los amparos promovidos contra proyectos de su gobierno, y con ironía indicó que hay una asociación que se llama Mexicanos por la corrupción… ah no, sí me equivoqué, Mexicanos en favor de la corrupción… ¿no es así?, y sostuvo que la agrupación que dirigen Claudio X. González y otros adversarios de su gobierno se ha dedicado a sabotear legalmente las obras que impulsa su gobierno. Imagínense, defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande al pueblo y a la nación… iba a ser como un Fobaproa” ( La Jornada, Néstor Jiménez y Alonso Urrutia).

Se sabe que la citada organización privada es la responsable de la cadena de amparos (alrededor de 150) en contra de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, aunque de ella no se conoce investigación alguna en contra del aeropuerto de Texcoco, tal vez porque el padre de la cabeza visible de MCCI, Claudio X. González Laporte, y amigos asociados en una serie de negocios con dinero público, tenía jugosos intereses en dicho proyecto.

Tampoco se conocen investigaciones y/o denuncias contra otro tipo de estercoleros empresariales con dineros de la nación. Allí está el caso del propio Fobaproa, en cuya panza terminaron multimillonarios créditos privados de Banamex, por ejemplo, que se han pagado, se pagan y se seguirán pagando con dinero de los mexicanos.

Y se cita a Banamex, porque el padre de la cara visible de MCCI –léase Claudio X. González Laporte– era accionista de esa institución bancaria cuando Ernesto Zedillo decidió rescatarla, vía Fobaproa, pero también en el momento en que esa misma empresa financiera fue comprada por la trasnacional estadunidense Citibank (año 2001) por 12 mil 500 millones de dólares, y la parte vendedora no pagó un solo centavo de impuestos, con el beneplácito del entonces inquilino de Los Pinos Vicente Fox y su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

De eso MCCI no ha escrito una sola línea, pero tampoco de otros consorcios con no muy buen historial en los que el padre de la criatura (otra vez: Claudio X. González Laporte, asesor de Carlos Salinas de Gortari) fue o es accionista o, cuando menos, aparecía o aparece en sus respectivos consejos de administración.

Por ejemplo, en Televisa, consorcio recurrentemente señalado como cómplice del gobierno en turno, a cambio de permisos y concesiones para hacer jugosos negocios. O como en los casos de Grupo México (del tóxico empresario Germán Larrea, también accionista de Banamex y con larga cola que le pisen), Carso (de Carlos Slim), Alfa de Monterrey, Grupo Modelo (ahora propiedad de un grupo empresarial de Bélgica y Brasil), Islo y, desde luego, Kimberly Clark de México.

A lo largo de su carrera González Laporte ha compartido intereses económicos y políticos con otros hombres de negocios enriquecidos gracias a sus relaciones con el inquilino en turno de Los Pinos, pero, sobre todo, por los bienes de la nación que les entregaron (no gratis, desde luego).

De tiempo atrás en este espacio se advirtió sobre la urgente necesidad de estar a las vivas con el caballo de Troya empresarial, el cual ahora relincha por medio de MCCI.

Las rebanadas del pastel

Es de suponer que tienen nombre y apellido los responsables de inscribir en el padrón del SAT, ilegalmente, a López Obrador y su esposa como socios de 26 empresas (todas, casualmente, en Boca del Río, Veracruz, bastión de los Yunes). Entonces, ¿cuáles son?

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AMLO: ritual cumplido // Conservadores derrotados

Carlos Fernández-Vega

E

n el clásico formato de Informe de gobierno (el primero en términos formales, el tercero en lo que denomina informe al pueblo de México), el presidente López Obrador divulgó su recuento de logros, avances y pendientes tras nueve meses de despachar en Palacio Nacional. Cumplió con el ritual –político y constitucional–, pero con un mensaje contundente: los conservadores están moralmente derrotados, y el holgado triunfo electoral de 2018 es la manifestación más puntual de ello.

Cifras aquí y allá, más sumas que restas, como es usual en este tipo de actos oficiales, el mandatario presentó un balance de lo hecho hasta ahora –de una u otra conocido en sus mañaneras–, aunque fiel a sus principios dirigió su mensaje principal a un sector que se retuerce, complica, obstaculiza o de plano se aferra para evitar cualquier cambio en el país.

López Obrador refirió: “no dejan de existir, ni queremos que desaparezcan, las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio; sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: están moralmente derrotados.

Dijo: “El presidente Juárez tenía una frase: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Si seguimos actuando en forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo, y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino.

Afortunadamente, mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación, y está contenta, feliz, feliz, feliz. Todo ello me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso, porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar. Además, esto lo comparto con ustedes y con millones de mexicanos: es una dicha enorme en estos tiempos, vivir en estos tiempos, para servir a México.

Duro y a la yugular contra los grupos de poder que durante larguísimos años se apropiaron de la riqueza nacional y se niegan a que México progrese con justicia para poner fin a la inequidad y al conflicto social (AMLO dixit). Existe la idea, dijo el mandatario, de que el Estado no debe promover el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad. Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal.

Así es: es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.

Las rebanadas del pastel

Gustavo de Hoyos, cara visible de la reacción, se queja de que el Informe de AMLO fue en esencial un acto de divulgación ideológica. Ajá, y entonces ¿qué son los diarios pronunciamientos del presidente de Coparmex? ¿Llamados a misa?

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Gasoductos: acuerdo bilateral. Ahorro de 4 mil 500 millones

Carlos Fernández-Vega

T

ras seis meses de negociaciones, parece que llegó a buen puerto el delicado asunto de los contratos leoninos en materia de gasoductos, firmados en gobiernos anteriores y denunciados por el presidente López Obrador a mediados de febrero pasado, ocasión aquella en la que el mandatario subrayó: no es un asunto legal, que nadie se espante, ni se ponga nervioso; se van a respetar los contratos, pues son compromisos que se firmaron.

Pero, por muy buena disposición, nadie le quitaba lo leonino a los contratos. Por ello, López Obrador emplazó a organismos, como el Consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal de la República Mexicana, a deslindarse de este tipo de tratos y que en vez de defender a ciegas, entendieran que a todos conviene combatir la corrupción e impunidad. No me voy a pelear con las empresas, pues lo que se busca es moralizar al país.

Y en esa misma oportunidad, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, denunció que hay contratos con las empresas IEnova, Carso y Transcanadá que amparan siete (gaso) ductos que no operan, pero tienen cláusulas que obligan a la empresa del Estado a pagar, a pesar de no recibir el suministro de gas. La CFE tenía pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y en el actual, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16 mil millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones de pesos, y seguirá así, pagándose hasta llegar a 70 mil millones de dólares. De continuarse esos contratos, la comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca equidad.

Pues bien, ayer, seis meses después de aquella advertencia, el Presidente de la República recordó que había diferencias, discrepancias, incluso se estaba a punto de acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de gasoductos. Sin embargo, funcionó la negociación entre las partes (gobierno y particulares) y, por ello, se llegó a un acuerdo muy importante, benéfico, para la nación, porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares en términos generales; si se toma en cuenta lo que ya se había acordado, estamos hablando de una disminución en favor de la CFE de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares (cerca de 90 mil millones de pesos al tipo de cambio actual).

López Obrador agradeció la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, poniendo por delante el provecho nacional y considerando también el interés legítimo de las empresas. Se logró por fin un pacto. Esto fue posible por la voluntad de los empresarios, pues legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública; por eso se acudió a los dueños de las empresas para que se llegara a un convenio en beneficio de todos.

Pero lo dijo no sólo Andrés Manuel. Uno de los empresarios involucrados en los contratos, Carlos Slim, subrayó que las relaciones, negociaciones fueron cordiales; ahora se verá lo que viene y sin duda habrá que buscar hacer más inversiones, y este tipo de solución creo que lo permite. Hay que agradecer a nuestros colegas que hayan accedido a cambiar unas condiciones de pagos que financieramente podían tener un atractivo en cuanto a que eran montos más importantes, pero que la solución de pago plano creo que fue benéfica para todos y puede permitirnos, con esos recursos y esos flujos de ingresos, hacer más inversiones en condiciones importantes, tanto para el país como para CFE como para los empresarios. Entonces, solucionado el entuerto, gas suficiente para todos.

Las rebanadas del pastel

Mientras al tipo de cambio no se le quita lo nervioso (ayer promedió 20.13 por uno), va un sonoro beso para la dueña de mi sistema cardiaco, por la velita número 21. ¡Salud!

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Acabar con el dogma neoliberal

México, república maquiladora

Carlos Fernández-Vega

M

ás de tres décadas neoliberales sin política industrial generaron una gruesa factura a los mexicanos: el país pasó de potencia sectorial en ciernes a mera república maquiladora, sin mayor impacto en el crecimiento económico ni en el bienestar de su población. Otras naciones rezagadas se reconvirtieron para avanzar sostenidamente en ambos renglones, pero la nuestra quedó anclada al subdesarrollo y el rezago social.

En este tenor, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico desmenuza la situación y las alternativas ( Recesión industrial: herencia de un modelo neoliberal sin política industrial), y de su análisis se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

Negar la aplicación de una verdadera política industrial a México representó cerrar el camino al desarrollo social y económico.El desarrollo industrial moderno, vinculado con un sistema educativo de alta calidad e interrelacionado con la creación de empresas nacionales de alto valor agregado, constituye el mecanismo para superar los rezagos socioeconómicos y demográficos que todas las naciones enfrentan.

En México, por el contrario, se negó el desarrollo industrial y ello sigue pagando la factura: la destrucción sistémica de la industria nacional de alto valor agregado le ha convertido en una gran base maquiladora de exportación.

Pocas empresas nacionales han logrado sobrevivir y hoy enfrentan el acoso tanto de la competencia desleal externa como de la mal comprendida libre competencia interna. Las cifras del Inegi confirman la inercia que genera la carencia de una política industrial: recesión en el sector industrial; se acumulan 8 meses de caídas consecutivas; el promedio del descenso industrial durante los primeros 6 meses del gobierno del presidente López Obrador es de 1.8 por ciento, la más débil para un inicio de sexenio de los últimos cuatro.

No obstante, debe señalarse que el incremento positivo observado en mayo de cuatro componentes fue menor a uno por ciento, lo cual reafirmó que el producto interno bruto de la industria y el de la construcción siguen a la baja. Han sufrido un daño estructural que ha propiciado que su ciclo económico también disminuya.

El ciclo industrial de Estados Unidos también se ha debilitado y, en consecuencia, se reafirma la necesidad de establecer una estrategia de política económica diferente que se aleje del dogma neoliberal. Si prevalece la lógica heredada, la industria mexicana continuará en fase recesiva y se corre el riesgo de que ello llegue con mayor fuerza a un mercado interno que ya se ha debilitado.

Carecer de una política industrial generó una abultada factura que México sigue pagando: la destrucción sistémica de su industria nacional de alto valor agregado que la ha convertido en una gran base maquiladora de exportación. Pocas empresas nacionales han logrado sobrevivir y hoy enfrentan el acoso tanto de la competencia desleal externa como de la mal comprendida libre competencia interna.

Negar a México una verdadera política industrial fue rechazar el camino del desarrollo a su sociedad y economía. La ausencia de una estrategia integral en materia industrial cerró el paso a la innovación tecnológica, al encadenamiento productivo y al crecimiento socialmente inclusivo.

En los últimos 30 años el mayor avance social y económico radicó en las naciones que implementaron una política industrial ambiciosa: sin importar su rezago productivo, tecnológico y elevado nivel de pobreza, países como China, Corea del Sur, Vietnam y Singapur observaron inteligentemente que el futuro de su desarrollo no residía en las ventajas comparativas que les otorgaba su sector primario, dotación de recursos básicos o los bajos salarios, comprendieron lo que era una lección de la historia económica exitosa en Europa y Estados Unidos.

Las rebanadas del pastel

En eso de las Afore, ¿quién se queda con la rebanada más gruesa? Los empresarios, porque al ahorrador le dejan las pérdidas y las consecuencias de inversiones privadas fallidas.

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AMLO presume músculo

Urge resolver pendientes

Carlos Fernández-Vega

U

n año después de su arrasadora victoria electoral, Andrés Manuel López Obrador presume músculo, y tiene mucho. La concentración de ayer en el Zócalo capitalino así lo confirma, pero es hora de que esa enorme fuerza se traduzca en hechos contantes y sonantes, pues la tarea por realizar es enorme y la transformación no se concretará por decreto ni por discurso.

Ese músculo debe servir para hechos tangibles, para resultados positivos permanentes. De otra forma, tenderá a la flacidez. En este contexto, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico analiza algunos pendientes y toca ciertas fibras que deben ser consideradas. Va, pues.

El bienestar de la población depende, fundamentalmente, del ingreso económico que las familias obtienen por el empleo o la ocupación desempeñada en el sistema productivo. Cuando la economía no crece o lo hace marginalmente se restringe el desarrollo social de toda la nación.

La creación de empleo formal ha sido una de las principales fallas del modelo económico mexicano durante los últimos 40 años. Por ello se tiene a un México informal en materia laboral: 57 por ciento de la población ocupada se encuentra en esa situación. Sólo el empleo registrado ante el IMSS (20 millones) y los 5 millones de trabajadores adscritos al sector público en sus tres niveles viven en la formalidad. Los otros 32 millones de ocupados se encuentran en la informalidad. La válvula de escape a las crisis recurrentes que México ha enfrentado se ha convertido en una losa socioeconómica.

La calidad y cobertura de los sistemas públicos de educación y salud configuran otra parte de los elementos esenciales del bienestar social. El primero es de largo plazo y permite que las personas adquieran los conocimientos que requerirán en su vida, tanto en lo laboral como en lo cultural. Un sistema educativo de calidad crea las bases de la convivencia social. La mala educación facilita el deterioro de la cohesión social. Un sistema de salud de calidad permite atender coyuntura y largo plazo: solventa las urgencias y previene la aparición de enfermedades que pueden afectar a los mexicanos. Ahora, el acceso a los sistemas de salud se encuentra condicionado a contar con un empleo formal, al que registra el IMSS. Tener una ocupación en la informalidad genera un ingreso, pero cierra la puerta a la cobertura básica de seguridad social.

La precarización del mercado laboral ha provocado la deserción de niños y jóvenes del sistema educativo, sobre todo en los niveles medio superior y superior. Sin estabilidad laboral se merma el ingreso económico y con ello crece en los niños y jóvenes la necesidad de trabajar; la consecuencia es una mayor deserción escolar. Se requiere mayor inversión: sin ella no hay crecimiento, generación de empleo formal ni mayor bienestar social. Es una condición básica.

En los últimos 40 años el gasto público ha buscado, sin éxito, atender las deficiencias del modelo económico: misión casi imposible cuando la economía no crece y genera empleo informal. Cuando las cifras de ocupación y empleo se deterioran se puede inferir que lo mismo ocurrirá en la vida diaria de las familias mexicanas.

Los efectos laborales de la desaceleración económica se resumen así: sólo 9 entidades federativas muestran un incremento en el empleo formal desde el inicio del sexenio y hasta mayo pasado; 73 por ciento de la pérdida de empleo formal registrado por el IMSS se concentra en 8 estados, entre ellos el de México, Nuevo León y la Ciudad de México. Entre enero y mayo de 2019 el número total de empleo formal registrado ante el IMSS creció 303 mil 500, cifra que no compensa la pérdida de 378 mil plazas registradas en diciembre de 2018.

Es evidente que la desaceleración económica profundiza el desequilibrio social que se vive en lugares estructuralmente marginados, al tiempo que limita el desarrollo de aquellos estados que deberían ser parte del motor de crecimiento y bienestar.

Las rebanadas del pastel

Se trata, pues, de no fallar.

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Lozoya: si caigo, caen todos

 Pandilleros tras un amparo

Carlos Fernández-Vega

C

irco, maroma y teatro hace Enrique Peña Nieto y su pandilla para evitar que Emilio Lozoya sea capturado y pise la cárcel, y procede en tal sentido para defender al amigo, sí, pero fundamentalmente para defenderse de ese mismo amigo, no vaya a ser la de malas que al ex director de Pemex le dé por hablar y embarre a sus cómplices (aunque todo el mundo sabe que están involucrados hasta el cuello). El objetivo es impedir que por una carta caiga el castillo de naipes.

De entrada, Lozoya logró que un juzgado –el octavo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México– le concediera una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra, la cual vence el próximo 4 de junio, cuando el juez respectivo definirá si le otorga el amparo definitivo.

Una semana de gracia es lo que obtuvo, a lo largo de la cual, junto con el resto de la pandilla, moverá todos los hilos, mostrará músculo, chantajeará, amenazará, usará la chequera, cobrará y/o comprará favores y todo lo que sea necesario con tal de evitar que la orden de captura se mantenga y el ex director de Pemex sea depositado tras las rejas.

Lozoya no está acostumbrado a estos tratos. Es un delincuente de cuello blanco que se sabía impune, o por lo menos eso creía. Por ello, llegado el momento, ya con el terror de la cárcel encima, si a cambio de hablar y delatar a sus cómplices obtiene beneficios (incluso el arresto domiciliario, que para él ya sería ganancia) todo saldrá de su ronco pecho y cantará como un jilguero.

El mensaje –claro y conciso– corrió a cargo de un gánster defensor de gánsteres, el abogado Javier Coello Trejo: la defensa de Lozoya está dispuesta a todo; citaría hasta al ex presidente Peña Nieto para que declare, porque en este país no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente; lo que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el señor presidente las ordenó. ¿Dudas sobre el recado?

En el inventario no sólo aparece Peña Nieto, sino que también exigiremos que quienes manejaron Pemex después (José Antonio González Anaya, sucesor directo de Lozoya, y Carlos Alberto Treviño Medina) expliquen punto por punto y también los integrantes del consejero de administración; sé que suena fuerte, pero si buscan la verdad la van a encontrar.

Coello Trejo subrayó que en una operación de esa magnitud, el consejo de administración de Pemex tenía que haber estado enterado. No veo que hayan citado a alguien del consejo; nosotros los vamos a citar para que aclaren por qué autorizaron esa operación de la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en Veracruz (lástima, pero Alonso Ancira se les adelantó: ya está en la cárcel).

Entonces, sumen a los consejeros de Pemex (2014, año del chanchullo con Agro Nitrogenados) Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Ildefonso Guajardo, Juan José Guerra Abud y María de Lourdes Melgar Palacios. También, a los consejeros independientes Carlos Elizondo Mayer-Serra, Octavio Francisco Pastrana, Jorge José Borja Navarrete, Jaime Lomelín Guillén y Alberto Tiburcio Celorio.

Y tendrían que citar a, cuando menos, Mario Alberto Beauregard,director corporativo de Finanzas, Jorge Sánchez Santiago, director general de PMI Comercio Internacional, y desde luego a Édgar Torres Garrido, director general de Pemex Fertilizantes, a quien la Secretaría de la Función Pública ya inhabilitó y le impuso una sanción de 620 millones de pesos.

La pandilla casi completaya tomó nota del nítido mensaje de Lozoya: si caigo yo, caen todos. En consecuencia, los juzgados en materia de amparo asemejan kermés de pueblo a los que acuden en tropel los amigos, socios, familiares y conexos de Emilio Lozoya en busca de un amparo.

Y otro integrante de la pandilla, Alonso Ancira, hablando de vendetta. Sí, de a 500 millones de dólares.

Las rebanadas del pastel

¿Será casual la recurrente presencia de Peña Nieto en Madrid? ¿Piensa que sus amigos de OHL, BBVA o Iberdrola le sacarán las castañas del fuego como pago por los favores recibidos?

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A Trump le urge terapia

 Excepcional comercio

Carlos Fernández-Vega

C

omo no tiene nada en qué ocuparse, de nueva cuenta el salvaje de la Casa Blanca arremete en contra de nuestro país y amenaza, por enésima vez, con cerrar la frontera si México no frena el flujo migratorio a Estados Unidos, y lo haría a mediados de la próxima semana.

A Donald Trump le urge terapia, y que sus asesores le recomienden otros temas para que el mandatario se entretenga y así canalice sus frustraciones. Desde su campaña electoral, México ha sido su tema preferido y ha mostrado su amplio catálogo de insultos y agresiones. Ya chole.

Mientras alguien tiene la cortesía de poner al energúmeno en un diván, el Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, reveló –en uno de sus más recientes análisis, del que se toman los siguientes pasajes– que si bien la crisis económica de 2007-2009 provocó un largo periodo de caída en los ingresos de los trabajadores estadunidenses, alcanzando su mínimo entre 2012 y 2014, sus balances financieros parecen estar mejorando: en 2017, una década después de que comenzara la recesión, el ingreso personal medio de los trabajadores estadunidenses resultó 3 por ciento mayor que en 2007.

Ello ha provocado una recuperación similar para los trabajadores latinos. Su ingreso personal promedio aumentó 5 por ciento de 2007 a 2017. Sin embargo, el aumento general muestra un marcado contraste entre aquellos de origen hispano nacidos en Estados Unidos, cuyos ingresos en 2017 fueron 6 por ciento menores a los de 2007, y los nacidos en el extranjero, que resultaron 14 por ciento más elevados.

El cambio demográfico, no la recuperación económica, es el principal impulsor de las ganancias para los migrantes latinos. Una desaceleración en la emigración latinoamericana condujo a un fuerte aumento en la proporción de personas que han vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años. Los inmigrantes de más larga duración ganan más que el inmigrante típico, y su creciente participación dio un impulso considerable al ingreso promedio de los latinos nacidos en el extranjero.

Los trabajadores latinos nacidos en Estados Unidos, más jóvenes y con menor acceso a la educación que los trabajadores nacidos en aquel país, en general experimentaron mayores pérdidas en la recesión y se quedan sin nada en la recuperación económica, a pesar de los recientes avances.

Después de la citada crisis, los ingresos de los trabajadores hispanos cayeron, para luego retomar el camino hacia la recuperación de los empleados estadunidenses en general. El ingreso personal medio de los trabajadores hispanos era de 28 mil 400 dólares (anuales) en 2007, en la cúspide de la recesión. Para 2013, su ingreso medio había caído 7 por ciento.

Sin embargo, una década después el ingreso medio de los hispanos aumentó a 30 mil dólares, incremento de 14 por ciento entre 2013 y 2017, proporción suficiente para compensar la pérdida inducida por la recesión.

Los hispanos nacidos en Estados Unidos, que representan 52 por ciento de la fuerza laboral hispana y casi la mitad del crecimiento en la fuerza laboral en aquel país, aún tienen que recuperar las pérdidas provocadas por la crisis de 2007.

Sus ingresos personales, que fueron de 32 mil dólares al iniciar la sacudida, alcanzaron un mínimo de 28 mil 800 dólares en 2013, 10 por ciento menos que en 2007. Para el periodo 2013-2015 subieron a 31 mil, aunque para 2017 habían bajado a 30 mil.

En comparación con los latinos nacidos en Estados Unidos, los hispanos nacidos en el extranjero experimentaron pérdidas menores después de la crisis y mayores ganancias en los últimos años. El cambio brusco en la suerte de los hispanos nacidos en el extranjero es el motor de las ganancias para los trabajadores hispanos en general.

Las rebanadas del pastel

La relación comercial entre México y España es excepcional, presume el embajador de aquella nación en la nuestra, Juan López Dóriga (¡Ole!) Pérez. ¡Claro!, porque históricamente el reino se ha llevado el oro y los naturales se han quedado con los espejitos.

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Calificadoras: acción concertada .- Carlos Fernández-Vega

 Pagar los platos rotos por otros

I

ncreíble: en sólo tres meses –versión Standard and Poor’s– el mundo financiero mexicano se vino abajo, junto con las empresas productivas del Estado. Bastó un trimestre de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República para que todo se desplomara, siempre de acuerdo con el análisis de la citada calificadora estadunidense.

Décadas de saqueo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE); décadas destinando los recursos de la banca de desarrollo (propiedad del Estado) a actividades muy distintas a las legalmente correspondientes; seis sexenios al hilo con un comportamiento económico verdaderamente raquítico… y sólo hasta ahora, 36 años después, la calificadora Standard and Poor’s se dio cuenta del riesgo de que persista un crecimiento económico débil, lo que afectaría la resiliencia económica del país y complicaría las condiciones operativas para las instituciones financieras locales y de paso rebaja de estable a negativa la perspectiva de calificación de la deuda emitida por las dos empresas productivas del Estados y algunas más.

Más que obvio resulta que el arrasador triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador disgustó a las calificadoras, pero en el caso de Standard and Poor’s parece que lo tomó como ofensa (de hecho, se autoproclama como vengadora del agravio), porque en su análisis de plano se fue hasta la cocina y para ella, en resumen, todo sucedió en apenas tres meses del nuevo gobierno.

Y se fue hasta la cocina, porque su descalificación (de estable a negativa) no sólo incluye a Pemex y a la CFE, sino suma a empresas privadas, como América Móvil, operadora de Teléfonos de México y Telcel; Coca-Cola Femsa, la mayor embotelladora en México; la cadena de tiendas Liverpool, y 77 entidades bancarias (entre ellas los bancos privados BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, HSBC, Inbursa y Scotiabank, y los pertenecientes al Estado, como Nafin, Banobras, Banco del Ejército y Bansefi) y siete aseguradoras.

Para Standard and Poor’s la descalificación de las 77 instituciones financieras que operan en el país se justifica porque refleja el potencial deterioro de la calidad crediticia del país y el posible contagio a la industria bancaria local en forma de un mayor riesgo económico, algo totalmente contrario a lo que mes tras mes certifica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la entidad gubernamental responsable de la salud de tales sectores.

Standard and Poor’s se suma –todo apunta a una acción concertada– a las calificadoras Fitch y Moody’s, que en los pasados dos meses han intentado pegar con todo al nuevo gobierno, dejando a un lado, claro está, la herencia de los gobiernos neoliberales y su complaciente acomodo con éstos. En castellano simple, como bien lo deja en claro el editorial de ayer de La Jornada, tras la fachada tecnocrática y supuestamente objetiva de los oráculos financieros se esconde un mero mecanismo de chantaje y una de las muchas maneras en que los capitales trasnacionales han uncido a naciones soberanas a la globalización neoliberal.

La acometida obtuvo respuesta de López Obrador: Esta calificación está castigando al país por la política neoliberal de los pasados 36 años, que fue un rotundo fracaso; sobre todo en los últimos años, y para ser más preciso el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno; pero nos toca pagar los platos rotos. Para que esto también quede claro: fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo y la corrupción. Lo único que puedo reprochar a las calificadoras, de manera respetuosa, es que durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y en la CFE permanecieron calladas (y cobrando).

Las rebanadas del pastel

Si de vividores se trata, habrá que ver la reacción de los partidos políticos por la iniciativa de ley que ayer presentó Tatiana Clouthier, la cual busca reducir 50 por ciento el financiamiento público a dichas empresas familiares.

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SAT: el cuento de nunca acabar // Otro perdón a megaempresas

Carlos Fernández-Vega

C

on la novedad, masacrados causantes cautivos, que en 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó mil 51 millones de pesos a 102 grandes contribuyentes, que solamente habían pagado mil 668 millones por impuestos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados. Además, este año, el 16 de septiembre, perdonó 4 mil 969 millones a ICA (el consorcio constructor que basó su rescate en la utilización, en 2015 y 2018, de los fondos pensionarios de los trabajadores, vía Afores).

La información, publicada ayer por La Jornada (Roberto Garduño y Enrique Méndez), es una muestra fehaciente de lo bien que se aplicó la llamada reforma fiscal de Enrique Peña Nieto, aquella que –cacareaba la propaganda oficial– haría posible que quien gane más pagará másimpuestos, con el objetivo de redistribuir la riqueza y el ingreso(Luis Videgaray dixit).

Pero también dicha información da puntual cuenta de lo que es el cuento de nunca acabar, es decir, que los grandes corporativos hacen como que cumplen con sus obligaciones tributarias, mientras la Secretaría de Hacienda, vía el SAT, les condona jugosas cantidades en impuestos adeudados, sin olvidar la consolidación fiscal que les permite evadir legal y abundantemente.

Entonces, nada nuevo bajo el sol, porque tal condonación es el pan fiscal de todos los años, obviamente exclusivo para los grandes contribuyentes, pues a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas con actividades empresariales, la carga fiscal las ahoga, pero ni de lejos el SAT les da un respiro.

La información de La Jornadadetalla que entre las empresas beneficiadas por la condonación autorizada por la Secretaría de Hacienda se cuentan al consorcio GEO –productora de viviendas declarada en quiebra–, a la que el SAT le borrómás de 340 millones de pesos y la empresa trasnacional automotriz BMW, con más de 45 millones.

Además, el SAT condonó 85 millones de pesos a Banorte, 59 millones a Banamex y 12.2 millones a Santander, bancos que en 2017 (año de la condonación) obtuvieron utilidades netas, limpias de polvo y paja, por 18 mil 400, 17 mil 650 y 16 mil 700 millones de pesos, respectivamente. ¿En serio no tenían con qué pagar al fisco y éste se vio en la necesidad de indultarlos?

Otro caso: el SAT condonó 57.2 millones de pesos a la telefónica América Móvil, propiedad de Carlos Slim, cuya caja registradora no deja de tintinear. En 2017 este consorcio obtuvo ingresos netos por 264 mil millones de pesos, de tal suerte que nadie entiende por qué Hacienda le otorgó el citado beneficio (¿será que el hombre más rico de México no tiene para pagar poco más de 57 millones, y, por lo mismo, la autoridad fiscal se tocó el corazón y se los borró de la cuenta?).

Por si fuera poco, entre los beneficiarios aparecen Gigante (con 33.7 millones, propiedad de Ángel Losada Moreno, quien entre sus haberes cuenta con Office Depot, los restaurantes Toks, Beer Factory y Panda Express, y la tienda de mascotas Petco) e Industrias Unidas (Iusa, 37.4 millones, propiedad de Carlos Peralta, compadre de Raúl Salinas de Gortari).

Pero como lo de 2017 no es más que parte del cuento de nunca acabar, la información detalla que en 2018 el SAT ha perdonado, además, 352 millones de pesos a Cervecería Modelo, 365 millones al gobierno de SLP, 126 millones a Inversora Carso, 4 mil 969 millones a ICA y más de 100 millones a la trasnacional Forever Living –dedicada a los productos nutricionales–, el pasado día primero. También a Controladora de Operaciones de Infraestructura, que pertenece a ICA, 762 millones.

Y año tras año es lo mismo y son los mismos, con o sin reforma fiscal que prometa que pagarán más los que ganen más.

Las rebanadas del pastel

Medio siglo después de la exigencia original –la del movimiento estudiantil de 1968–, desaparece el cuerpo de granaderos. Bien arranca Claudia Sheinbaum, quien también acertó al apoyarse en Rosa Icela Rodríguez.

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Ex presidentes sin pensión

  Nueva ley termina el festín

Carlos Fernández-Vega

E

n los pasados 36 años no hubo inquilino de Los Pinos que se abstuviera de modernizar el sistema pensionario del país, con su respectivo aumento de la edad de jubilación, siempre con el objetivo (versión oficial) de beneficiar a los mexicanos. ¿Resultado concreto? A estas alturas, apenas cuatro de cada 10 trabajadores tienen derecho a recibir una pensión, con la garantía de que será de proporciones miserables.

En cambio, expertos en servirse con la cuchara grande, los ex presidentes de la República decretaron para sí el derecho de gozar de una pensión de cuento de hadas: más de 205 mil pesos mensuales, sumado a un miniejército de soldados, marinos y personal administrativo, vehículos de lujo, gasolina gratis (la misma que estos personajes encarecieron brutalmente a lo largo de los años) y lo que se les ofreciera.

Un trabajador mexicano que laboró no menos de un cuarto de siglo (en la economía formal, porque de otra suerte no tiene el derecho) obtiene, si bien le va, una pensión mensual de 2 mil 651 pesos, mientras un ex presidente que dijo trabajar seis años en Los Pinos recibe una pensión mensual de 205 mil pesos, más el miniejército referido y los gastos relativos a su investidura.

La diferencia entre una y otra es de 77 tantos (sólo percepción monetaria), sin olvidar que para obtener la pensión el primero debió trabajar, cuando menos, dos décadas y media y cotizar en el IMSS o Issste, mientras el segundo lo hizo sólo seis años, con todos los privilegios del cargo y sin considerar el daño que causó a la nación.

Entonces, a pesar de que los ex presidentes –unos más que otros, en una carrera desenfrenada para obtener el primer lugar– fueron ineficientes, arbitrarios, negadores de madre y llenaron sus alforjas durante sus respectivas administraciones, todavía los mexicanos estaban obligados a pagarles pensiones multimillonarias. Aberrante.

Uno de los mejores ejemplos es Felipe Calderón: a partir del primero de diciembre de 2012, con apenas 50 años de edad y sólo seis de chamba en Los Pinos (con un regadero de cadáveres por la geografía nacional y la violencia desatada como herencia), este nefasto personaje recibió, puntual e íntegramente, pensión como ex mandatario, sin olvidar que pocos días antes de concluir su estancia en Los Pinos decretó aumentar el personal de seguridad para sí y su familia. Lo más atractivo de todo esto es que el tal Jelipe, como inquilino de la residencia oficial, ordenó aumentar la edad y las semanas de cotización para que un trabajador obtuviera su pensión.

De ese tamaño la equidad y la modernización pensionaria de los anteriores 36 años. Si bien el decreto original para pensionar a los ex presidentes fue de Luis Echeverría (1976), Miguel de la Madrid reforzó la decisión (1987) y Felipe Calderón (2012) se sirvió con la cuchara más grande que encontró.

De cualquier suerte, todos los ex presidentes vivos, más dos viudas (la de López Portillo y la de Miguel de la Madrid) tienen sus beneficios pensionarios (algunos sólo en materia de seguridad y personal administrativo; otros íntegramente: Echeverría, Salinas, Fox y Calderón; Peña Nieto no libró) y desde entonces los mexicanos fueron obligados a destinar multimillonarias cantidades para que los señores vivieran plácidamente, aunque destrozaron al país.

Pero bueno, se les acabó la fiesta. Ayer el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ordena que ningún funcionario de gobierno podrá ganar más que el Presidente de la República, al tiempo que cancela las pensiones a los ex presidentes.

Entonces, como recientemente dijo López Obrador, si los ex mandatarios trabajaron más de 15 años, tienen derecho a pensión del Issste; si tienen más de 66 años, tienen derecho al apoyo para adultos mayores. Y sanseacabó.

Las rebanadas del pastel

Con la nueva ley, ahora sí Vicente Fox puede dedicarse a vender mota, no sólo a fumársela.

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AMLO y la minoría rapaz

Barones muerden anzuelo

Enriquecen ellos, no México

Carlos Fernández-Vega

E

l que se ríe se lleva, pero los barones están acostumbrados a que nadie los toque, incluido su accionar extra legal, especialmente en tiempos electorales. Pero Andrés Manuel una vez más les arrojó el anzuelo y ellos de inmediato lo mordieron, y a rasgarse las vestiduras. Las acusaciones de López Obrador son conocidas desde la campaña electoral de 2006, cuando menos, pero en aquella ocasión los dueños de medio México, o más, no se quejaron mayormente porque, haiga sido como haiga sido, impusieron a su candidato chaparro, pelón y de lentes (Manuel Espino dixit). Tampoco reclamaron en 2012, porque hicieron lo mismo con el copetón.

Pero hoy la situación es distinta. En el presente proceso electoral, los candidatos del Consejo Mexicano de Negocios (CMN, antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el club de ricos entre los ricos del país, fundado en 1961) de plano no han funcionado, resultaron globos desinflados, mientras su acérrimo enemigo, el de apodo de pez, les lleva una ventaja de dos dígitos.

Ya se habían tardado. Días atrás, López Obrador acusó que Carlos Salinas de Gortari y empresarios como Claudio X. González Laporte (asesor del anterior desde su paso por Los Pinos y dos veces presidente del CMN) y Roberto Hernández Ramírez (señor, que el gobierno perdonó el pago de impuestos por la venta de Banamex) se creen amos y señores de México, y denunció que estos personajes, entre otros, están hasta el cuello en eso de financiar la guerra sucia. Después, añadió otros nombres: Alberto Baillères (el zar de la plata), Germán Larrea (el rey del cobre), Alejandro Ramírez (Cinepolis) y Eduardo Tricio (Grupo Lala) y los que se acumulen, que de cualquier suerte son muy pocos.

Y ayer, de pilón, Andrés Manuel dijo que el Consejo Mexicano de Negocios tiene confiscadas a las instituciones y de rehén al gobierno; no quiere dejar de robar ni perder el privilegio de mandar. Se trata, aseguró, de una minoría rapaz; se sienten amos de México y son tan ingratos que cuando les convenía apoyaron a Peña Nieto, y ahora son los que más lo han ninguneado. Son tan siniestros que lo convirtieron en el payaso de las cachetadas.

Pues bien, sabiéndose en desventaja, a los barones no les gustó el comentario y comenzaron el tiroteo: mediante un desplegado (Así no) publicado en distintos medios de comunicación, el Consejo Mexicano de Negocios rechaza categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas de López Obrador y asegura que “las empresas del CMN emplean de manera directa a más de un millón y medio de jefes de familias mexicanas… Las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo”.

Y de cereza: Exigimos respeto, (porque) no es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México. Y lo dicen quienes han armado y pagado la guerra sucia en las pasadas tres campañas electorales, aunque en 2006 cuando menos firmaban sus mensajes (peje dixit). Ahora ni eso.

Los barones se quejan de López Obrador, pero cómo estará la cosa que en 2006 hasta el Banco Mundial (uno de los impulsores del México moderno) se dijo sorprendido y reclamó (La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México) porque un grupo de 20 personas o familias consolidaron su poder económico (sin mencionar el político) en el sexenio foxista, y casi la mitad de ellas se benefició de las privatizaciones realizadas a principios de los años 90 (la etapa salinista). La riqueza actual se deriva de los negocios en una amplia gama de sectores, incluyendo la minería, la banca, las telecomunicaciones, la cerveza, el cemento, la industria farmacéutica, el comercio al menudeo, los bienes raíces, la televisión y las tortillas (cuyos propietarios, en su mayoría, son integrantes del CMN).

Y por aquellos años, señalaba el Banco Mundial, “el valor total neto de los multimillonarios (mexicanos) alcanzó entre 5 y 6 por ciento del producto interno bruto… En la actualidad, los grupos poderosos se benefician del estatus quo y no tienen incentivos para cambiar su conducta; hasta la fecha se ha observado un equilibrio político en el que estos grupos reciben rentas sustanciales a costa del dinamismo en el crecimiento”.

Pues bien, al cierre de 2017, dicha proporción se incrementó a 12 por ciento del PIB, y la mayoría de los barones Forbes pertenecen al CMN, de allí que López Obrador los acuse de minoría rapaz y de no querer dejar de robar ni perder el privilegio de mandar.

En aquel entonces, el Banco Mundial advertía que la desigualdad y el lento crecimiento son dos de los problemas más importantes que enfrenta México en la actualidad, y si bien no dio nombres de los grupos poderosos, en un ejercicio mínimo aparecen de inmediato algunos de los de siempre a la hora de los bienes otrora de la nación: minería (Germán Larrea, Alberto Baillères, Carlos Slim, Alonso Ancira y las empresas canadienses), banca (80 por ciento trasnacional, y los Hank y Slim por la parte autóctona, sin olvidar a Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú, libres de impuestos), telecomunicaciones (el propio Slim), industria cervecera (Aramburuzavala-Fernández y Eugenio Garza Lagüera, aunque a estas alturas esta industria ahora está en manos de empresarios belgas, brasileños y gringos), del cemento (Lorenzo Zambrano), farmacéutica (familia Saba), televisión (Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego) y tortillas (Maseca).

En este contexto, el Banco Mundial señalaba a otros sectores, igualmente controlados por unos cuantos, como el pan industrializado (propiedad de la siempre pía familia Servitje), el refresquero (familia Garza Lagüera), avícola (Robinson Bours), vidriero (Sada González), entretenimiento (Soberón Kuri) y hasta sepulturero (Cantú Charles, Gayosso), por citar algunos cuantos (y a estas alturas, 2018, gracias a la “reforma energética muchos de los citados han clavado sus colmillos en el sector petrolero).Y para aterrizar, el organismo financiero advertía sobre la influencia desigual de grupos específicos, que pueden dañar el crecimiento y la asignación de recursos.

En fin, tres procesos electorales y los barones se niegan a sacar las manos de los comicios.

Las rebanadas del pastel

Entonces, cierto es que Así no puede crecer el país ni los mexicanos mejorar su nivel de bienestar.

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