sábado, 31 de octubre de 2020

Documenta la ASF cúmulo de estafas en el Seguro Popular

 



Sábado 31 de octubre de 2020. El desaparecido Seguro Popular concluyó con deficiencias en su operación, entre las más relevantes la del Fideicomiso Contra Gastos Catastróficos no contó con la integración de los beneficiarios de 95 mil 445 intervenciones financiadas y sólo proporcionó la base de datos de 58 mil 950.

Los datos se refieren a 2018 y, en la presentación del informe de resultados de la Cuenta Pública 2019 entregado ayer a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que las debilidades halladas en el control interno de la extinta Comisión Nacional de Protección en Salud, hoy Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) continúan.

“No se proporcionó evidencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del estatuto orgánico ni de los avances de la estructura orgánica, de los manuales de organización y procedimientos del Insabi.”

Agregó que las reglas de operación del que a partir de 2019 es el Fondo de Salud para el Bienestar se encontraban en proceso, hasta agosto, de obtener la opinión por parte de la Secretaría de Hacienda y de la autorización del Comité Técnico del fondo, no obstante de que concluyó el plazo establecido.

Entre las irregularidades que se heredaron del Seguro Popular, la ASF señaló: No se contó con evidencia de la aceptación y comprensión del Código de Conducta de la comisión y tampoco se consideran los riesgos en la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (hoy Fondo de Salud para el Bienestar). De manera específica, no se proporcionó evidencia de la planeación estratégica y de la matriz de riesgos en el registro, validación, autorización y seguimiento del trámite de pago de las intervenciones financiadas; la información de las intervenciones autorizadas, pagadas y por pagar no está integrada en una sola base de datos, lo que representa riesgo de errores de cálculo y pérdida de la información, y, finalmente, no contó con un procedimiento para la supervisión de la operación.

La auditoría explicó que la anterior comisión no contó en 2019 con la integración por beneficiario de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de pagado y sólo proporcionó la base de datos de las que fueron autorizadas de manera global para su liquidación.

Además, no se formalizó el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Convenio Modificatorio formalizado con la Fundación de Cáncer de Mama.

Al mes de agosto, el Insabi tenía pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 12 mil 726 intervenciones por 324 millones 731 mil 600 pesos.


miércoles, 7 de octubre de 2020

Con Creel en Gobernación, fraude por $800 millones al Fonden: PRI

LaJornada sábado 10 de septiembre de 2005 

Consta el uso electoral de ese fondo para favorecer a panistas


Los panistas aterrados de les rasquen a sus trapacerías

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado tiene documentado un fraude superior a 800 millones de pesos al Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), cometido durante la gestión de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación. En los próximos días se presentarán las denuncias respectivas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación.

La senadora Noemí Guzmán Lagunes dijo que han conformado un grueso expediente en el cual consta el uso electoral de los recursos de ese fondo para favorecer a gobiernos panistas, principalmente de Guanajuato, Aguascalientes y Yucatán.

A manera de ejemplo, mencionó que los recursos para atender los daños causados por el huracán Isidore en Yucatán en 2002 se liberaron 20 meses después de la tragedia, en plenas campañas por la gubernatura de esa entidad, donde el vencedor fue el candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

"Esa denuncia la hizo en la tribuna del Senado la senadora Dulce María Sauri, y como esa hemos presentado muchas más tanto en Xicoténcatl como en San Lázaro, sobre compras de emergencia a precios inflados, desviaciones de recursos y en general de un manejo electoral e irregular de ese fondo, que es para salvar la vida y el patrimonio de quienes sufren el embate de los fenómenos naturales."

Demanda investigación minuciosa

Por ello ahora, además de actuar por la vía legal, al proceder a las denuncias, en el PRI confían en que el titular de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, cumpla el compromiso que adquirió el pasado miércoles -cuando compareció en la Cámara de Diputados- de llegar "hasta las últimas consecuencias en los fraudes al Fonden".

Incluso, "Abascal reconoció de manera textual que ahí hubo un fraude, y ojalá posibilite una investigación minuciosa para fincar responsabilidades, ya que, en su gestión, Creel hizo todo lo posible por impedir que se transparentara el uso de los recursos del Fonden".

Recordó que el pleno del Senado aprobó en los últimos años dos llamados a la comparecencia de la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Segura Rangel, sin que ésta accediera al encuentro con los legisladores, y tampoco lo hizo con los diputados, que igualmente la citaron.

Guzmán Lagunes, una de las legisladoras del PRI que encabezaron también la investigación que puso en evidencia las irregularidades en la Lotería Nacional, afirmó que en su bancada están seguros de que hay un fraude, por lo que no van a cejar hasta que se finquen responsabilidades, sobre todo, insistió, "para parar ese desvío de recursos públicos, que podría incrementarse con miras a posicionar a los candidatos del PAN en el 2006".

Para la legisladora "es claro" que, en su paso por Gobernación, Creel tuvo la consigna de apoyar a los estados gobernados por su partido, para lo cual se usaron los recursos destinados a damnificados. Tenemos escritos que certifican la compra de agua, víveres, cobijas y otros que luego se hacían llegar a entidades sin problema alguno de desastres, pero en los que había procesos electorales ya en marcha o próximos por iniciar, abundó; fueron los casos de Guanajuato y Aguascalientes.

La legisladora veracruzana recalcó: "Al ahora precandidato del PAN le interesaba que con los recursos del Fonden se apoyara a estados donde gobierna su partido, y otros donde luego el voto le favoreciera a él mismo".

Aseveró que Creel incumplió como titular de Gobernación el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se estable pasar de un Sistema de Protección Civil reactivo a uno preventivo, ya que ni siquiera hubo las previsiones mínimas y el manejo del Fonden fue evidentemente "electorero", con cuantiosos recursos en estados que no lo requerían y retrasos en algunos cuya población resultó damnificada por huracanes y otros fenómenos naturales.

Resaltó que de 1999 a 2000 se gastaron 22 millones de pesos para combatir la emergencia, mientras de 2000 a 2004 el gasto para el mismo fin fue de mil 117 millones. Es decir, añadió, alrededor de 5 mil por ciento más, pero sin pasar a un Sistema de Protección Civil eficaz, que previniera las emergencias y permitiera salvar vidas humanas y el patrimonio de los ciudadanos.

"No hay previsión alguna y bastan algunos datos para comprobarlo", recalcó. En 2001 la Secretaría de Gobernación realizó los pedidos por causas de fuerza mayor para adquirir materiales para la reserva estratégica tres meses y 12 días después de iniciada la temporada de lluvias.

Igualmente, en 2002 los pedidos de materiales se hicieron dos meses después de que principió la temporada de ciclones. En 2003, la licitación pública respectiva tiene fecha del 24 de julio, pero los materiales se recibieron el 24 de septiembre y el 23 de noviembre, justo cuando la temporada de lluvias concluía.

El año pasado la licitación pública salió el 25 de noviembre, también al final de la temporada de lluvias, y los víveres, agua y otros materiales para apoyo a los damnificados se recibieron hasta el 20 de enero de 2005.

Guzmán planteó esas preocupaciones a Abascal y le hizo notar que los retrasos en la adquisición de bienes para la reserva estratégica obligan a las compras de emergencia, que además de ser más caras, propician flexibilidad en las reglas que rigen toda licitación.

En entrevista, la senadora priísta señaló que durante la etapa de Creel en Bucareli hubo siempre criterios poco claros en los procesos de licitación, que incluso fueron señalados por el órgano de control interno de Gobernación y por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP.

"Le dije a Abascal que en mi estado, Veracruz, muchos municipios esperan aún los recursos del fondo de desastres que debían haber llegado desde junio para atender a los damnificados por las lluvias y que no se ha recibido ningún auxilio de Protección Civil en las zonas donde ocurrieron fugas y explosiones de ductos de Pemex."

La respuesta del titular de Gobernación fue evasiva, informó, pero ese mismo miércoles por la tarde, al diputado Julián Angulo Góngora, quien le preguntó por "los malos manejos" en el área de Protección Civil, Abascal respondió que "las denuncias están en curso y vamos a llegar hasta el último, porque en realidad hubo ahí un fraude".

Ojalá el funcionario cumpla y actúe en consecuencia, dijo, aunque de todas formas los priístas van a insistir, ya que tiene documentado "un fraude de más de 800 millones de pesos con el Fonden en lo que va del sexenio, sobre todo en la gestión de Creel".

Agregó que no duda de que desde el gobierno foxista se pretenda proteger a Creel, como se hizo ya con los permisos para abrir salas de juego y de apuestas que concedió a Televisa antes de dejar Gobernación. Por ello, conjuntamente con el diputado Angulo Góngora, prepara las denuncias que presentarán después de las fiestas patrias.

 

jueves, 1 de octubre de 2020

La derecha ampara la delincuencia organizada

Carpintero y empleada del hogar “vendieron” a la Federal de Peña millones en equipo de espionaje




 Por Peniley Ramírez y Pablo Ferri

Ciudad de México, 1 de junio (Univisión Investiga).– Alberta Manzano, de 65 años, es una empleada doméstica jubilada que vive en un barrio pobre de Naucalpan, en el Estado de México. Lo máximo que ella sabe de comunicaciones es marcar su modesto celular para hablar con sus hijos. Sin embargo, en el registro Público de Comercio del Gobierno mexicano, su nombre aparece como dueña de una empresa que le vendió sofisticados equipos de intervención de comunicaciones a la Policía Federal por 15 millones de dólares.

“¡Jesucristo, yo no sé nada de eso! Yo no tengo empresa, ni mis zapatos he comprado”, dijo, en la puerta de su casa.

 A tres millas de allí, en otro barrio de Naucalpan, vive José García Brito, un carpintero retirado de 74 años. Según el registro público, García fundó otra empresa, que vendió equipos a la Policía Federal por 25.5 millones de dólares, también en 2018. García dijo que “en ningún momento” creó una empresa y apenas tiene dinero para sobrevivir.

Manzano y García son eslabones de un oscuro proceso de contratación a precios inflados de equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía, de acuerdo con una investigación conjunta de Univision Investiga y El País de España. Algunos de los equipos nunca se pusieron en funcionamiento y otros no funcionaron.

Una auditoría federal de los contratos realizada en 2019 no refleja ningún esfuerzo por identificar ni contactar a quienes figuran como los supuestos dueños de las sociedades beneficiadas, lo que hubiera permitido establecer que se trataba de personas mayores de bajos recursos que viven en barrios marginales y dependen de subsidios del Gobierno. Ambos “socios fundadores” dijeron a El País y Univision Investiga que ninguna autoridad los ha buscado y nadie los visitó durante el proceso de la auditoría.

La auditoría respondió para esta historia que realizaron la revisión a los contratos “con todo el rigor técnico, cumpliendo y agotando los procedimientos correspondientes (…) el informe de auditoría es detallado y señala con toda precisión la trazabilidad de los recursos”. Añadieron que cuentan con soporte en documentos de la participación irregular de las dos empresas y del curso que siguieron los pagos del gobierno “que no sólo llegaron a dichas empresas, sino se transfirieron a otras que se tienen perfectamente identificadas”.

Los nombres de las empresas que contrataron con la Policía son Esrome y Dizoal. El equipo periodístico encontró que se fundaron el mismo día de abril de 2017 en la oficina del mismo notario, en el municipio de Chalco, al otro extremo de la zona metropolitana de Ciudad de México. Las empresas no parecen tener una operación real. Tanto Manzano como García afirman que no se conocen, nunca han estado en Chalco y creen que sus documentos fueron utilizados en un fraude.

Servicios Esrome es la empresa en la que Manzano aparece como accionista. Ella dice que no tiene nada que ver y jamás ha escuchado hablar de esa compañía. Lo mismo sucede con Comercializadora Dizoal, en la que el carpintero García figura como socio fundador y administrador único.

Esrome y Dizoal tienen direcciones de oficina a media cuadra de distancia, en el barrio de Polanco, uno de los más caros de América Latina. El despacho de Dizoal es un departamento en un quinto piso de oficinas, donde nadie ha ido en meses, según el guardia del edificio. Sólo hay un cartelón pegado en la puerta con el anuncio de que no están trabajando allí debido a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. El cartel incluye un número telefónico, al que contestó una mujer diciendo que no conoce esa compañía.

Al preguntar por los oficinistas, el guardia del edificio dijo que “tal vez están en su otra oficina, aquí a la vuelta”. La “otra oficina” que señaló el vigilante a los reporteros de Univision Investiga y El País es la sede de Esrome, que también estaba cerrada.

Además de tener despachos vecinos, Dizoal y Esrome tienen ahora los mismos accionistas. En noviembre de 2019, un año después de la firma de los contratos con la Policía, Laura Valdez compró la mayoría de las acciones de Esrome y Dizoal, según el Registro de Comercio. El carpintero y la empleada doméstica dijeron que tampoco tienen idea de este trámite y nunca vendieron sus acciones, porque nunca las tuvieron.

Valdez tampoco tiene un perfil empresarial. El registro público muestra que cuando las adquirió, trabajaba como empleada de Gobierno, en rango de oficinista, en el sistema de aguas de Ecatepec, otro municipio del Estado de México. En esa oficina pública dijeron que no la conocen.

Su participación como nueva accionista de Esrome y Dizoal fue aprobada en dos asambleas en las que tuvo como delegada a Silvia Lugo. La dirección registrada de Lugo es una oficina de contaduría, en Nezahualcóyotl, otro municipio mexiquense. Allí dijeron que no saben quiénes son ni la supuesta accionista, ni su delegada.

CONTRATOS IRREGULARES

Los contratos con la Policía se firmaron durante los últimos seis meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto. El dinero salió de la partida presupuestaria de Seguridad Pública y Nacional, un rubro para acciones que implican riesgo, urgencia o confidencialidad. En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de unos 170 millones de dólares. Uno de cada cuatro terminó en Dizoal y Esrome, las empresas que supuestamente fundaron el carpintero y la empleada de limpieza.

En 2019, la Auditoría Superior mexicana señaló irregularidades en los contratos de Dizoal y Esrome, adjudicados para proveer equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía. Según la Auditoría, las empresas dijeron que sus proveedores eran Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves, compañías israelíes; pero posiblemente estas firmas no tengan ningún conocimiento de que fueron involucradas en la transacción, pues los auditores descubrieron que ninguna de las dos empresas mexicanas transfirió dinero en pago por los equipos a los proveedores fuera del país. Las empresas israelíes no respondieron llamadas del equipo periodístico.

La auditoría dijo para esta historia otros detalles que no estaban publicados en su informe. Revelaron que Esrome y Dizoal no pagaron impuestos. “Al respecto, se solicitó al SAT (el fisco mexicano) a través de la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal que constataran el cumplimiento se sus obligaciones fiscales”.

Los auditores encontraron que había “un probable daño o perjurio a la Hacienda Pública por 499 millones de pesos” . Comprobaron que “no se identificó transferencia alguna de recursos que Comercializadora Dizoal debió haber realizado a la empresa extranjera que presuntamente desarrolló dicho sistema, según lo declarado en el contrato celebrado con la Policía Federal”.

A solicitud de Univision Investiga y El País la organización C4ADS, con sede en Washington DC, revisó los registros de comercio internacional de México. C4DS se dedica al análisis e investigación de conflictos globales y temas de seguridad transnacional. La organización dice que en los registros aduaneros no figuran envíos de proveedores israelíes a Dizoal o Esrome desde su creación.

“Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en México en 2018 ni en ningún momento posterior”, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.

La Auditoría no cita nombres de personas cuando se refiere a las decisiones tomadas por Dizoal o Esrome. Se limita a atribuir las acciones a las empresas como tal.

No es la única falla del estudio, según expertos.

“La auditoría no siguió la ruta del dinero y la trazabilidad de los proveedores. Generar auditorías de este tamaño y esta naturaleza requiere saber quién decide el gasto y por qué, quiénes son los proveedores. Ellos tendrían que haberlo hecho”, dijo Muna Dora Buchahin, especialista en fraude y lavado de dinero. Buchahin trabajó durante 13 años en la Auditoría y dirigió el área de daño patrimonial, que realiza auditorías por malversación de fondos públicos.


 En los meses después de que el permiso de Ximénez fue revocado, los documentos de ambas empresas se trasladaron con otro notario, del estado de Tlaxcala, llamado Leonardo Molina. Una investigación del portal Datamos halló que este otro notario avaló la creación de 15 empresas de fachada que se usaron para malversar fondos públicos en Puebla entre 2015 y 2018.

En la oficina de Molina la auxiliar administrativa, quien no aceptó dar su nombre, dijo que no podían dar ninguna información sobre las empresas, porque deben cuidar los datos personales de sus usuarios. Al contarle los antecedentes de Esrome y Dizoal, y el alegato de sus supuestos dueños de que se trataba probablemente de un fraude, respondió que no estaban enterados de nada de eso y no podían comentar al respecto.

Tanto Manzano como García aseguran que sólo han entregado copia de sus documentos para registrarse como beneficiarios de ayudas sociales, en temporada electoral. García dijo que entregó una copia de su acta de nacimiento, su identificación, su comprobante de domicilio y su número de registro de población a la operadora política de su vecindario.

Manzano pasa sus días de pandemia cuidando a sus nietos para que su hija pueda vender fruta en la avenida principal del barrio y con ello consigan algo de dinero para comer. En el otro asentamiento de Naucalpan, García cuida las plantas de su jardín, sembradas en cubetas de plástico. Tose frecuentemente. Su neumonía, dice, aún no lo ha dejado en paz.

*Pablo Ferri, periodista de El País, contribuyó con esta investigación.

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo