“El 15 de junio del año pasado, Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la CRE, anunció que tenía nuevas herramientas para combatir la venta ilegal de combustible. Informó que tenía procedimientos para ajustar el diseño normativo y organizacional para atender sus ‘nuevas atribuciones'”. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

No hay nada peor que la simulación, ese mal endémico que afecta a México, incrustado en el sistema político como si fuera un cáncer. ¿Cuántos de los organismos autónomos son realmente autónomos?
La lucha por la verdadera independencia de los organismos llamados autónomos ha iniciado. Su impostura ha costado muy cara a la democracia. Algunos han desarrollado una auténtica farsa desde su función.
Empecemos analizando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por el caso huachicol. Esta comisión tenía que haber iniciado el combate al huachicol desde antes. ¿Por qué no lo hizo?
El 15 de junio del año pasado, Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la CRE, anunció que tenía nuevas herramientas para combatir la venta ilegal de combustible. Informó que tenía procedimientos para ajustar el diseño normativo y organizacional para atender sus “nuevas atribuciones”.
Supuestamente estas nuevas atribuciones oficiales a partir del 1 de julio del año pasado, daban la posibilidad de clausurar e inhabilitar negocios que no acreditaron la adquisición lícita e los hidrocarburos que vendían. Pero resulta que no hizo su trabajo. ¿Será por complicidad o por simple incompetencia? Ustedes juzguen.
El escenario está claro. La CRE, inventado por la Reforma Energética, es “autónoma” de los ciudadanos y representa los intereses de los poderosos, de las empresas, de los beneficiados con el sistema que permitió que durante décadas se robaran a manos llenas hidrocarburos con la complicidad de casi todos.
Y más aún, es la CRE y sus siete integrantes, los que han decretado el aumento excesivo de las tarifas de energía eléctrica, sin revelar las formulas para el cálculo.
La CRE ha sido una de las encargadas de desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto es así que su propio comisionado, Luis Guillermo Pineda Bernal, insiste en “reiniciar” las llamadas subastas eléctricas que pretenden privatizar el servicio, creadas para otorgar a empresas contratos de compraventa de electricidad. Están desesperados porque ven que se les está acabado su “negocito”.
Algunos crearon sus propias compañías para luego venderle energía a la CFE.
Está práctica legal, pero inmoral, está provocando que la CFE sólo produzca el 50 por ciento de la energía que usamos. El resto hay que comprarla a estos empresarios con graves conflictos de interés, porque algunos fueron funcionarios, privatizaron y luego al dejar el cargo se pusieron a trabajar con las empresas que beneficiaron.
La lista de los que venden con total impunidad nuestros recursos, los recursos de todos los mexicanos, es grande, pero por favor, grávense estos nombres: Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles González Garza, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán, Alfredo Elías Ayub, Georgina Kessel Martínez, Alejandro Fleming Kauffman, Jordy Herrera Flores y muchos otros. En empresas como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México, el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente o el Consejo de Administración de Santander México, North American Infraestructura Group de Semira Energy, Kohlberg Kravis Roberts, Avangrid, SHL Asesores, Repsol, Gas Natural Fenosa o Iberdrola.
Ellos han normalizado el saqueo, que por supuesto, es legal, porque para ello, reformaron y crearon leyes a modo. Pero son ellos los que han orquestado toda una estructura para dejarnos en la miseria, para aumentar el número de pobres.
Sólo hay que revisar esos contratos que están obligando a la CFE pagar 21 mil millones de pesos por siete gasoductos que no se usan, pero que tienen dueño: Carso, del famoso multimillonario Carlos Slim, IEnova y TransCanada.
Es obvio que en este país, los ladrones de cuello blanco son legales, pero son ladrones, así de claro. El conflicto de interés para ellos no significa nada. Es un simple modus vivendi. Y como no está debidamente regulado, judicializado, pues se abusa de este aspecto considerado delito en cualquier democracia moderna del mundo.
Obvio. El titular del organismo “autónomo” CRE, Guillermo García Alcocer no quiere dejar su cargo. Fue nombrado comisionado el 28 de abril del 2016 y anualmente se lleva 3 millones 25 mil 501 pesos en sueldo. Su salario es de 226 mil 909 pesos, más del doble de los 108 mil pesos que gana el Presidente de México. Tiene dos casas, un departamento, tres automóviles, ocho cuentas bancarias, seguros y fondos de inversión y además cinco tarjetas de crédito.
Al señor García Alcocer le va tan bien, que no ve ningún conflicto de interés en el hecho que su cuñado, hermano de su actual esposa, trabaje para Vestas, una empresa beneficiada con un contrato en la industria eléctrica. Ni mucho menos, que el primo de su esposa trabaje en otra empresa que cuenta con un permiso otorgado por el organismo “autónomo” que él dirige, la CRE. Sin dar a conocer el nombre de la empresa, nos asegura que se ha “excusado” de conocer y votar los asuntos de esta empresa.
No pues ahora entiendo porque el Partido Acción Nacional (PAN) muy vinculado al empresariado mexicano, ande defendiendo la “autonomía” de este órgano tan, pero tan, independiente.
Gritar, vociferar, protestar y hacer berrinche porque les quitan su minita de oro a este tipo de funcionarios, ex funcionarios, empresarios y políticos con negocios “legales”, pero inmorales, debe ser motivo de satisfacción para todos los mexicanos.
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