Irregularidades en Cuenta Pública 2016 se sancionarán administrativa y penalmente: Ramírez Cuéllar

El legislador de Morena dijo que las comisión de Presupuesto y de Vigilancia en San Lázaro darán seguimiento a las irregularidades por más de 100 mil millones de pesos encontradas en la Cuenta Pública del cuarto año de gobierno de Peña Nieto.

Tras rechazar la Cuenta Pública 2016 del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados informó que se integrará una mesa de trabajo conjunta con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para garantizar que se apliquen todas las sanciones administrativas y penales ante las irregularidades detectadas.

Las irregularidades encontradas en el cuarto año de gobierno de Peña Nieto ascienden a los casi 100 mil millones de pesos de los cuales 84 mil 675 corresponden al gasto ejercido por estados, y el resto a la administración federal, detalló en entrevista para #AristeguiEnVivo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Tan sólo en doce meses tuvimos un crecimiento de la deuda pública de casi un billón de pesos y además se movieron sin ton ni son con sobreejercicios muy poco claros donde destacan muchos gastos de entidades federativas, un uso discrecional de ese famoso Ramo 23“, agregó.

El legislador de Morena consideró que tampoco se cumplieron los objetivos de la política de gasto, ni de los programas nacionales que benefician a la sociedad.

“Teníamos remanentes de operación del Banco de México y el grave problema es que no se cumplieron con las metas de crecimiento económico. Tampoco se mejoraron los niveles debienestar de la población y tampoco hubo un incremento en los montos de la inversión productiva“, detalló.

Es por ello que la Comisión de Presupuesto concluyó que no existen elementos para aprobar la Cuenta Pública 2016 y, además, apuntó que dos comisiones legislativas se coordinarán para dar seguimiento a las irregularidades encontradas.

“Hay un resolutivo explícito donde la Comisión de Presupuesto integrará un equipo con la Comisión de Vigilancia para garantizar que estas revisiones tendrán consecuencias en el ámbito administrativo y también en el penal”, dijo.

“La presencia de nuevas fuerzas políticas en la Cámara y una decisión de actuar contra la discrecionalidad y los desfalcos de que esto no se vuelva a repetir en ningún gobierno, va a garantizar que entremos a un camino donde se cuide lo que los mexicanos pagamos como impuestos y se cuide también el gasto que los distintos órdenes de gobierno ejercen”, finalizó.

Aquí la entrevista completa:

FURIA EMPRESARIAL-Helguera

Rescate carretero Foxiano subió de 58 a 178 mil millones de pesos

La Jornada miércoles 7 de marzo de 2007

Estos recursos formaron parte del gasto no programable durante más de 10 años

Más de $100 mil millones, sólo a intereses del rescate carretero

El monto principal de la deuda pública asumida creció 206%, al pasar de $58 mil 163 millones en 1997 a 178 mil 289.3 millones a fines de 2006, según informes de la Secretaría de Hacienda

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Ampliar la imagenSalida de automóviles por la carretera México-CuernavacaFoto: Guillermo Sologuren

Una vez asumido como deuda pública, el gobierno federal destinó más de 100 mil millones de pesos exclusivamente al pago de los intereses del rescate carretero, los cuales han formado parte del gasto no programable durante casi una década, indican informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El pago de estos réditos, iniciado desde la constitución del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) en 1997, ha figurado de manera constante como parte del costo financiero del gobierno federal, y su cuantificación contable es independiente al monto principal del endeudamiento asumido por el rescate carretero, en representación de toda la sociedad.

De acuerdo con los informes oficiales, el monto principal de la deuda pública asumida por el rescate carretero se incrementó de 58 mil 163 millones de pesos en 1997, a 178 mil 289.3 millones al finalizar 2006, lo que implica un crecimiento de 206 por ciento durante casi una década.

Con cargo a los respectivos presupuestos de gastos de cada año, el pago de los intereses de este endeudamiento transexenal se encuentra cuantificado en los informes oficiales dentro del renglón de ''otros'', en el rubro de saneamientos financieros diferentes al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y al Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, conocidos como ''rescate bancario''.

Fuentes gubernamentales cercanas al manejo de la deuda pública informaron que ''alrededor'' de 83 por ciento del pago de los intereses considerado en ''otros saneamientos'', se refiere a los réditos del rescate de autopistas.

Los informes de Hacienda indican que el uso de recursos presupuestarios para saneamientos diferentes al rescate bancario fue de 50 mil 500 millones de pesos en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, en el cual se constituyó el Farac, con Banobras como institución fiduciaria.

Pero durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, el pago de los intereses generados por la deuda carretera se incrementó hasta totalizar 68 mil 991 millones de pesos, con un crecimiento de 36.6 por ciento sobre el cubierto por la administración anterior.

Iniciado propiamente el 27 de agosto de 1997, el rescate de las carreteras fue consecuencia de la política aplicada por el ex presidente Carlos Salinas de otorgar 52 concesiones a empresas privadas para la construcción de 5 mil kilómetros de autopistas, entre 1989 y 1994, las cuales administradas hasta por 50 años serían redituables por el cobro de peajes en los diferentes tramos concesionados.

Sin embargo, en 23 casos el experimento económico fracasó, por lo que el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo entró al rescate de las empresas y compró sus activos carreteros por montos equivalentes a 40 por ciento de su valor, mediante unos Pagarés de Indemnización Carretera, a saldar en cinco, 10 y 15 años.

Según informes del Congreso de la Unión, las principales empresas beneficiarias de esas políticas fueron: Triturados Basálticos (Tribasa), Grupo Mexicano de Desarrollo (GDM) e Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

Sin embargo, cualesquiera que fueran los propósitos de privatizar y reprivatizar las autopistas de cuota, el gobierno federal asumió una deuda que en casi 10 años ha significado el pago de intereses por más de 100 mil millones de pesos, indican los informes de la Secretaría de Hacienda.

Saqueos (lección aprendida)-Fisgón

AMLO y la reafirmación del Estado

Álvaro Delgado

Las consecuencias aún están por verse, pero el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, a un mes de tomar posesión como presidente de México, es inequívoco: reduce a cascajo la obra insignia de Enrique Peña Nieto para reafirmar la autonomía del Estado y trazar los linderos entre el poder económico y el poder político.

Con una consulta con tantos fallos que es calificada hasta de “payasada”, López Obrador ratifica con esta decisión la renovación tajante prometida para acabar con la corrupción, que deberá serle recordada a diario: “Ya no se van a privilegiar intereses personales o de grupo. Ésta es una muestra: no se permitieron presiones de nadie”.

Y contrastando las críticas a su decisión, avalada por 1% del padrón electoral, desdeñó el “miedo”inducido: “Imagínense, el Estado mexicano, un Estado democrático de derecho -porque a esto aspiramos- supeditado a mercados financieros, ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ése es el cambio”. Para quienes no lo conocen, no le creyeron o ya lo habían olvidado, esta determinación les parece insólita y hasta temeraria. No lo es: es el estilo personal de ejercer el poder de López Obrador y que contrasta con las formas de la política tradicional, como el Pacto por México, que no consultó ni a partidos ni al Congreso, menos a los ciudadanos. Hace exactamente dos décadas, en agosto de 1998, López Obrador generó una colvulsión semejante a la actual: Como presidente del PRD, también en un contexto de polarización, organizó una consulta sobre el Fobaproa, cuya panza acumuló una multimillonaria deuda privada que el gobierno de Ernesto Zedillo quería cargarle a todos los mexicanos.

Aunque Zedillo se salió con la suya, gracias a que el PAN, presidido por Felipe Calderón, avaló el saqueo de empresarios, banqueros y políticos, la consulta de López Obrador tuvo el mismo objetivo que la convocada para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México: La participación de los ciudadanos en temas que le conciernen y, como ahora, convalidar una decisión tomada.

En la consulta sobre el Fobaproa votaron tres millones de personas, el triple de la que acudió a la del NAIM, pero, como ahora, se socializó el rescate bancario cuyo costo, a marzo de 1998, ascendía a 552 mil millones de pesos que incluía, entre sus pasivos, créditos otorgados sin garantía a los propios banqueros, empresarios, políticos y hasta el PRI. La élite política, económica y mediática de entonces reprochó a López Obrador consultar con la población asuntos tan complejos como los financieros, exactamente como ahora objetó preguntar sobre asuntos aeronáuticos, pero en ambos casos estaban -están- involucrados multimillonarios recursos públicos para beneficios de una minoría. Muchos lo han olvidado, pero el Fobaproa-IPAB administra pasivos de unos 900 mil millones de pesos que, cada año, cuestan a los mexicanos miles de millones. El aeropuerto en Texcoco iba en esa ruta por el costo del mantenimiento y para impedir un colapso ambiental.

Se acabó.

@ALVARO_DELGADO

@PROCESO.COM.MX @ALVARO_DELGADO

NAIM: jaque mate .- Luis Hernández Navarro

E

l sexenio de Enrique Pe­ña Nieto termina como se inició: marcado por la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras, de su territorio y del lago de Texcoco.

El 11 de mayo de 2012, el entonces candidato a la Presidencia del PRI visitó las instalaciones de la Universidad Iberoamericana (Uia) en Santa Fe, para sostener un encuentro con los estudiantes. Se topó con una desagradable sorpresa: centenares de jóvenes le reclamaron estruendosamente su papel en la represión a Atenco.

Peña se responsabilizó de los hechos. “Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz… fue una acción que asumo personalmente”, respondió. La indignación estudiantil estalló. El candidato abandonó atropelladamente las instalaciones de la Uia entre abucheos y gritos de ¡Fuera Peña!

Surgió entonces un masivo y vigoroso movimiento estudiantil que atravesó sorpresivamente la campaña electoral y marcó a una generación: #YoSoy132. Molestos por la decisión editorial de las televisoras y parte de la prensa de ocultar los hechos, utilizando con imaginación y eficacia las redes sociales, los jóvenes criticaron el papel de los medios de comunicación. Atenco fue la semilla de esta protesta.

A pesar de la inconformidad, el presidente Enrique Peña siguió con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La megaobra se convirtió en el gran negocio de su administración, en el que se fundieron, en un proyecto transexenal, intereses inmobiliarios y políticos.

Hoy, a menos de un mes de dejar el poder, el todavía inquilino de Los Pinos se encuentra con que el buque insignia de su administración se ha ido a pique. Amparado en una consulta popular en la que participaron poco más de un millón de personas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del NAIM y la ampliación del aeropuerto en Santa Lucía.

Curiosamente, algo similar a lo que pasó a Peña le ocurrió también a Vicente Fox durante su sexenio. El guanajuatense comenzó su pe­riodo emitiendo un decreto ex­propiatorio que afectaba tierras ejidales de Atenco para construir un gran aeropuerto. A mediados de 2002, ante la protesta de los cam­pesinos, dio marcha atrás y canceló el proyecto. Cuatro años más tarde, en mayo de 2006, de la mano del entonces gobernador del estado de México, se cobró venganza: reprimió salvajemente a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Policías asesinaron al estudiante Alexis Benhumea y al menor Javier Cortés, abusaron sexualmente de 26 mujeres, golpearon a mansalva a centenares de pobladores y encarcelaron durante años a los dirigentes. Su sexenio quedó marcado por Atenco.

López Obrador convirtió la con­sulta sobre la continuidad de la construcción del NAIM en un pulso para ver quién manda en el país: si la alianza de grandes empresarios y políticos que perdieron las elecciones en julio, o él y la coalición por la cuarta transformación. Sin embargo, el sondeo no salda de manera definitiva este combate. El pleito por ver quién está al frente del timón continúa.

En este pulso se metieron de lleno los pueblos y comunidades de Texcoco para hacer valer sus intereses. Los integrantes del FPDT, acosados y arrinconados, en­contraron en la coyuntura la forma de reinventarse, acumular fuerzas y reformular su lucha por la defensa de sus tierras. Los resultados de la consulta en Atenco fueron inobjetables: 2 mil 196 votaron en favor de Santa Lucía, mil 73 por Texcoco y 149 anularon. Los campesinos que luchan por sus tierras desde hace 17 años, re­plantearon su discurso. Junto al equipo Hackear el Aeropuerto –que firma el ejercicio de prácticas narrativas Carta del Lago de Texcoco– y viejos y nuevos aliados, cambiaron la vieja consigna de #NoalAeropuerto, al que no iban a sumarse todos los potenciales opositores, por la campaña #YoPrefieroelLago.

Su actividad en redes fue muy exitosa. Tiene rasgos muy similares a los desplegados en el movimiento #YoSoy132. Algunos de los jóvenes más visibles de aquella protesta se pronunciaron ahora en favor de la defensa del lago de Texcoco. El discurso facilitó la unidad de parte de las diversas izquierdas.

Al poner la defensa del lago en el centro, la campaña construyó un referente que iba más allá de las demandas de un grupo de pobladores. Mostró cómo al defender su territorio se defiende la vida. Desmontó la falacia de que la construcción del NAIM es por el bien de la nación. Generó empatía con las resistencias de comunidades de Texcoco, en contraste con la devastación provocada por el nuevo aeropuerto. Enmarcó la oposición al NAIM en un contexto más amplio que es la lucha por el paradigma del país. Fue clave en construir las fuerzas para dar jaque mate a los empresarios y su proyecto.

Las favoritas del Sr. Presidente: miles de millones en contratos sin licitación, para 10 empresas

Amigos cercanos del Presidente, herederos de centenarios negocios o personajes fantasmagóricos, algunos empresarios mexicanos se cubrieron con el gran manto de la Adjudicación Directa, uno de los signos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Una muestra de diez casos, localizada en la profundidad del mar de los millones de ventas del Gobierno, da fe de esa danza de contratos y dinero sin que medie la competencia.

Según la consulta en Compranet y el Portal de Obligaciones y Transparencia, este procedimiento –el menos transparente de los tres permitidos por la Ley para adquirir bienes y servicios– creció de 94 mil 154 contratos en 2012 a 125 mil 162 en 2016. Así, el 71 por ciento de los contratos –según el IMCO–, fue otorgado de esta manera que volvió a las dependencias federales y organismos autónomos clientes cautivos y seguros.

Por ejemplo, cuando el Papa Francisco pisó suelo mexicano, la empresa Actidea de Eduardo Gama Pizarro no diseñó ninguna estrategia para convencer que era la mejor para la organización de la visita y recibió 30 millones de pesos por ello. Tampoco lo hicieron Kimberly Clark de Claudio X. González Laporte o Pinsa de Eduvigildo Carranza para venderle papel higiénico y atún a Diconsa. Y cuando en 2014, la popularidad del Presidente se vino abajo, nadie compitió para hacer un centro cibernético en Los Pinos porque el contrato por 128 millones de pesos lo tuvo Productos de Consumo O’mega, una empresa cuya directiva no es pública.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Hubo un tiempo, en México, en que la designación del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República corría a cargo del propio Presidente de la República. Luego, el aspirante ganaba la elección de manera abrumadora. A esa práctica se le llamó “dedazo” porque bastaba que el Jefe del Ejecutivo federal señalara al elegido para sucederlo en el poder.

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto esa usanza continuó con mucho éxito. Y no fue precisamente en lo político –el candidato José Antonio Meade Kuribreña perdió en las elecciones del pasado 1 de julio y llevó al partido a la tercera posición como fuerza política–, pero sí en las ventas del Gobierno. La administración que expira otorgó el 71 por ciento de los contratos mediante Adjudicación Directa, el procedimiento menos transparente de los tres que permite la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y que implica una asignación del Gobierno en automático, según el estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

¿Cómo eran esos empresarios beneficiados? Amigos cercanos, herederos en segunda o tercera generación o personajes misteriosos a quienes jamás se les vio la cara en los eventos protocolarios del Presidente, ni en ningún otro lugar. La Unidad de Datos de SinEmbargo tomó una muestra de diez casos que ejemplifican el beneficio de la Adjudicación Directa en el sexenio que está por concluir. Son historias de cómo, el Gobierno firmó contratos con compradores únicos por servicios necesarios como la organización de eventos como El Grito de Independencia o la visita del Papa, los abarrotes para Diconsa o los seguros de vida de los funcionarios.

Pequeños, medianos o grandes, incluso con malas notas de las calificadoras o serias crisis, el Gobierno les dio los contratos sin obligarlos a la menor competencia. En lo político, un signo de Enrique Peña Nieto fue la lealtad con viejos amigos a los que designó en puestos clave de la Administración, en lo empresarial también. Una consulta en el portal Compranet da cuenta que el número de contratos otorgados mediante Adjudicación Directa crecía conforme transcurría el Gobierno. Mientras que en 2012 -el año en que EPN se puso la banda presidencial- se otorgaron 94 mil 154 contratos, en 2014 esa cifra fue de 108 mil 503. En 2016, fue de 125 mil 162. En cuanto a los montos, de 101 millones de pesos en 2012 se pasó a 151 mil 346 millones en 2014, y a 138 mil 120 millones en 2016.

Con ello, el panorama cambió y los rostros de los ganadores fueron otros. Una de las conclusiones del estudio del IMCO fue que durante la Administración de Felipe Calderón, había cien empresas con el 43 por ciento adjudicado de manera directa y para 2016 –el tercer año de EPN–, sólo tenían 20 por ciento. En cambio, las empresas con más contratos de 2016 pasaron de tener el 16 por ciento del monto total en 2012 al 51 por ciento. Un incremento de 218 por ciento. Además, 73 entidades que no figuraban al concluir en 2012, tenían el 32 por ciento a la mitad del sexenio.

El panorama anterior no coincide con las tendencias internacionales que marcan que la Adjudicación Directa debe ser excepcional y no predominante. Para el índice del IMCO, el porcentaje que completó el Gobierno que concluirá el próximo 30 de noviembre es tan grande que entraña el terrible riesgo de la corrupción y abre las puertas para un nuevo marco jurídico en las ventas del Gobierno.

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LAS EMPRESAS

1.- Pescados Industrializados (Pinsa)

Giro: Atún.

Empresario: Eduvigildo Carranza.Contratos: 1,693.

Monto: 455 millones 522 mil 400 pesos con 42 centavos.

Relación con EPN: En tres ocasiones, el Presidente pasó sus vacaciones en el complejo turístico Estrella del Mar, propiedad del empresario. Ambos declararon ahí que son amigos y permitieron que se les retratara juntos. El resort se encuentra en la Isla de la Piedra en Mazatlán, Sinaloa; cuenta con un campo de golf profesional de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones Jr. arquitecto reconocido en el mundo, 5.6 kilómetros de playa virgen, un spa, cancha de tenis y 68 habitaciones. Para jugar golf se les unió el Gobernador del estado, Quirino Ordaz.

En 2017, Eduvigildo Carranza recibió el Premio Nacional Agroalimentario. Se lo entregó el propio Presidente en la 33 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario. Pinsa, con sus marcas Atún Dolores, Mazatún y El Dorado, genera más de cuatro mil empleos. Casi todo el atún que compró Diconsa, lo vendió esta empresa sinaloense que hace unas década era pequeña.

En la imagen, Eduvigildo Carranza recibe el Premio Nacional Agroalimentario de manos de Enrique Peña Nieto. El Jefe del Ejecutivo federal ha pasado vacaciones en el complejo turístico Estrella del Mar, situado en la Isla de la Piedra en Mazatlán y que es propiedad del empresario sinaloense. Foto: Presidencia de la República

2.- Actidea

Giro:  Eventos.

Empresario: Eduardo Gama Pizarro.

Contratos: 150.

Monto: 500 millones de pesos.

Relación con EPN: Jamás apareció en público ni hizo alarde del crecimiento exponencial de su empresa. No se tomó fotos al lado del Presidente, ni aceptó entrevistas en las que contara sobre su estrategia empresarial. ¿Alguna foto? No hay ninguna que ilustre su historia de éxito. Mientras mantenía este bajo perfil, su empresa se convirtió en la reina de los festejos y actos públicos del Gobierno federal. De hecho, en la dominante. Fue la que, por 30 millones de pesos, organizó la recepción del Papa Francisco a México en febrero de 2016. También estuvo a cargo de El Grito de Independencia de 2013 a 2015 en el Zócalo capitalino. Ese evento le dejó por tres años 55 millones 556 mil pesos.

No sólo recibió contratos del Gobierno para organizar eventos. También un perdón. Dejó de pagar 167 mil 958 pesos por una multa al Sistema de Administración Tributaria (SAT), entidad a la que también le organizó eventos a los que asistió el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

3.- Grupo Herdez

Giro: Alimentos enlatados.

Empresarios: Enrique Hernández Pons y Héctor Hernández Pons.

Contratos: 2,090.

Monto: 208.4 millones de pesos.

Relación con EPN: En el preámbulo de las votaciones del pasado 1 de julio, Héctor Hernández Pons Torres le envió una carta a sus empleados en la que les pedía tomar las medidas necesarias para “amortiguar un posible deterioro a su patrimonio” ante el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Les dijo: “En estos 104 años que tiene Grupo Herdez de existir, hemos pasado por muchas situaciones adversas y de alguna u otra forma hemos salido adelante, aunque no sin sufrir daño económico que nos limitara la posibilidad de crecer y generar más bienestar”.

Herdez es la líder en México del sector de alimentos procesados y tiene un siglo de operaciones. Empresa familiar, su dirección y gestión ha pasado de generación en generación. La de Héctor Hernández Pons Torres es la tercera. Ha promovido de manera pública su respaldo a los Gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, pero no se llevó mal con los dos que surgieron del Partido Acción Nacional.

4.- Grupo Televisa

Giro: Contenidos televisivos y editoriales.

Empresario: Emilio Azcárraga Jean.

Contratos: 260.

Monto: 6,036 millones de pesos.

Relación con EPN: Un signo del Gobierno que concluirá el próximo noviembre fue el gasto en publicidad oficial que ascendió a 40 mil millones de pesos. Televisa fue la más beneficiada. Sólo en 2016, el presupuesto de anuncios oficiales fue de 10 mil 699 millones de pesos y Televisa recibió dos mil 600 millones de pesos.

Desde que fue Gobernador del Estado de México, Peña Nieto conformó un binomio con Televisa. En 2010, se casó con Angélica Rivera Hurtado, actriz de esta casa productora. La unión fue televisada con la misma producción de un final feliz de telenovela. Pero los años trajeron más drama que felicidad. En su segundo año en la Presidencia de la República, a Peña Nieto le fue descubierta la posesión de una mansión en Las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México concedida por Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Fue Rivera Hurtado quien apareció para explicar que ella era la dueña. En su alocución, en un video publicado en su página oficial, indicó que se hizo de la propiedad con el sueldo que percibió por más de veinte años en Televisa. Pero su discurso resultó increíble y la popularidad del Gobierno se fue en declive.

A la par, la empresa también vio el precipicio. 2016 cerró como el año menos rentable de la compañía en una década, según el reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores. A partir de entonces, se cancelaron contratos lucrativos, se desecharon programas emblemáticos y se le retiraron los contratos de exclusividad a actores. Todo ello, los especialistas lo explicaron por la competencia que impuso Netflix y YouTube y el fracaso en el gusto del público del género de la telenovela. El 26 de octubre de 2017, Emilio Azcárraga Jean –el heredero en tercera generación– renunció a la Dirección General y se quedó como presidente del Consejo de Administración del consorcio. Una de sus últimas declaraciones [septiembre] fue que el recorte a la publicidad oficial, anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no afectará a Televisa.

5.- Expectras y Propiedades inmobiliarias de México (Grupo Homex)

Giro: Construcción.

Empresario: Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez.

Contratos: 17.

Monto: 272.18 millones de pesos.

Relación con EPN: El empresario compartió casa con Enrique Peña Nieto cuando los dos estudiaban en la Universidad Panamericana. En 1989, constituyó en Culiacán, Sinaloa, a Homex, un consorcio con varias divisiones en la construcción y comercialización de viviendas. Desde 2005, De Nicolás es miembro del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores y fue presidente y vicepresidente regional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

La firma empezó a arrastrar deudas desde 2010. Se enfrascó en litigios, expropiaciones de predios y reclamos millonarios de adeudos. Una de sus medidas fue reducir al mínimo su personal, lo que le ocasionó demandas laborales. En 2013, la empresa adquirió más problemas por una emisión de bonos por 11 mil 869 millones de pesos y enfrentó demandas de grupos bancarios como Barclays y Credit Suisse, tras incumplir con los pagos de garantías.

En 2016, la Comisión de Valores de Estados Unidos le abrió una investigación en su contra por presunto fraude. Durante el peñanietismo y pese a la crisis de la empresa, el grupo recibió 272 millones de pesos por Adjudicación Directa.

6.- Sixsigma Networks

Giro: Tecnología.

Empresaria: María Asunción Aramburuzabala.

Contratos: 53.

Monto: 6,933 millones de pesos.

Relación con EPN: Heredera del empresario español Félix Aramburuzabala, quien en conjunto con Pablo Díez, fundara en 1925 la cervecería Modelo, esta mujer –nacida el 2 de mayo de 1963 en la Ciudad de México y Licencia en Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico autónomo de México (ITAM)– se convirtió en la más adinerada de México, según la revista Expansión. Pese a que su empresa de tecnología no obtuvo buenas calificaciones en los años peñanietistas, el Gobierno federal se mantuvo como su principal cliente de software. Incluso, tuvo el contrato para expedir la Clave Única de Identidad, compromiso que el Presidente hizo bajo el Pacto por México y que repitió cuando se generó la crisis de Ayotzinapa en el decálogo en el que reasumió el Estado de Derecho en 2014. Pero no lo cumplió. La clave no estuvo lista y el proyecto fue abandonado.

La empresa es dueña de la marca KIO que brinda servicios de tecnología en México, Panamá, Guatemala, República Dominicana y España. En 2015, la calificadora Standard and Poor’s (S&P) evaluó sus bonos como “basura”, lo que no impidió que el Gobierno mexicano continuara como su cliente.

7.- Grupo Nacional Provincial y Grupo Profuturo GNP

Giro: Seguros.

Empresario: Alberto Bailléres.

Contratos: 77.

Monto: 580.61 millones de pesos.

Relación con EPN: Según la lista de Forbes es el tercer hombre más rico del país. Es hijo de Raúl Bailléres, quien fundó el Instituto Tecnológico Autónomo de México de donde egresaron hombres que fueron piezas clave en el Gobierno peñanietista como José Antonio Meade, Luis Videgaray Caso y Virgilio Andrade Martínez. Emblema de los negocios en México, ha mantenido relaciones cordiales con los Gobiernos en turno. El de EPN no fue la excepción. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la fortuna de la familia Baillères pasó de 2.8 mil millones a 16.5 mil millones de dólares, según el cálculo de Forbes. La clave de este crecimiento: las acciones de Peñoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que se apreciaron 450 por ciento. Pero este relumbrón se disipó debido a la estrepitosa caída del oro y la plata en el mundo. Durante el peñanietismo, Alberto Bailléres se concentró en la diversificación de su consorcio, Grupo BAL del que se desprende la aseguradora GNP que le vendió 580 millones de pesos 511 mil pesos por Adjudicación Directa al Gobierno mexicano para los seguros de vida de los funcionarios públicos.

8.- Estudios Azteca

Giro: Televisión.

Empresario: Ricardo Salinas Pliego.

Contratos: 290.

Monto: 4,164 millones de pesos.

Relación con EPN: La televisora fue una de las beneficiarias de la publicidad oficial en la que este Gobierno gastó de manera indiscriminada. Como Televisa, la casa de Salinas Pliego también le sirvió de escaparate para su principal característica: la empatía con el público televidente. En 2017, en la celebración de 15 años del Banco Azteca, realizado en Campo Marte, le hizo un reconocimiento al dueño de Azteca, muy en su estilo. Peña Nieto dijo: “Lo digo con respeto a Ricardo Salinas. Hablando de que el progreso se construye a través de los inconformes, yo tendría que inconformarme con tal afirmación, porque debería decir que el progreso efectivamente es de aquellos que están en la actitud de ser innovadores, de tener proyecto, de tener visión, no sólo de ser inconformes”.

En 2013, el Gobierno de Peña Nieto lanzó el programa “Ponte al Corriente” que otorgó facilidades a deudores de impuestos. Pero más que aumentar la recaudación, sirvió para otorgar perdones a empresarios acaudalados. A Salinas Pliego le fueron condonados 13 millones 280 mil pesos a su filial Azteca Novelas por los impuestos de 2015.

9.- Productos de Consumo O’mega

Giro: Tecnología.

Empresario: No es público. La dirige Juan Carlos Ordóñez Rojas.

Contratos: Cuatro.

Monto: más de 200 millones de pesos.

Relación con EPN: No se trata de una empresa fantasma, pero su directiva no es pública. Aun con esa falta de transparencia, el Presidente le otorgó un contrato por 128 millones de pesos sin mediar licitación para que construyera un centro de datos en la casa oficial de Los Pinos, en 2014, el año en que la aceptación de su gestión se derrumbó. El dinero para dicho proyecto cibernético equivale al monto destinado por el Gobierno Federal y el de Puebla a los Bancos de Alimentos de ese estado, un programa que fue parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre que ese mismo año se puso en marcha en ciertos municipios del país para amainar la pobreza extrema.

Pero la parte técnica del contrato fue puesto bajo reserva hasta 2026. Ese año, Enrique Peña Nieto tendrá ocho años de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos, su edad será de 60 años y la tragedia de Ayotzinapa que descarriló su Gobierno tendrá 12 años de haber ocurrido. La revelación de que poseía una mansión en las Lomas de Chapultepec, el affair conocido como “casa blanca, cumplirá 12 años. Y habrá pasado un año de que Andrés Manuel López Obrador haya dejado la Presidencia.

10.- Kimberly Clark

Giro: Papel.

Empresario: Claudio X. González Laporte.

Contratos: 2,360.

Monto: 296.11 millones de pesos.

Relación con EPN: La familia de Claudio X González Laporte ha mantenido de manera pública inclinación hacia los Gobiernos tanto del PRI como del PAN. El consorcio que formó tiene 93 años de operaciones con productos de consumo personal como toallas femeninas, pañales, servilletas, papel higiénico, jabón y toallitas húmedas.

En este sexenio, los abarrotes no comestibles de la compañía no faltaron en las tiendas de la Distribuidora Conasupo (Diconsa), parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Las más de dos mil adjudicaciones a Kimberly-Clark se dieron cuando Héctor Eduardo Velasco Monroy, hoy Diputado federal por el PRI por Atlacomulco, Estado de México, fue Director de Diconsa. Lo que más le vendió Kimberly Clark fue papel higiénico, servilletas, toallas y pañales.

En octubre de este año, el Presidente de la República le entregó el galardón al Mérito Centenario CONCAMIN a González Laporte.