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miércoles, 31 de octubre de 2018

Irregularidades en Cuenta Pública 2016 se sancionarán administrativa y penalmente: Ramírez Cuéllar

El legislador de Morena dijo que las comisión de Presupuesto y de Vigilancia en San Lázaro darán seguimiento a las irregularidades por más de 100 mil millones de pesos encontradas en la Cuenta Pública del cuarto año de gobierno de Peña Nieto.
Tras rechazar la Cuenta Pública 2016 del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados informó que se integrará una mesa de trabajo conjunta con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para garantizar que se apliquen todas las sanciones administrativas y penales ante las irregularidades detectadas.
Las irregularidades encontradas en el cuarto año de gobierno de Peña Nieto ascienden a los casi 100 mil millones de pesos de los cuales 84 mil 675 corresponden al gasto ejercido por estados, y el resto a la administración federal, detalló en entrevista para #AristeguiEnVivo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Tan sólo en doce meses tuvimos un crecimiento de la deuda pública de casi un billón de pesos y además se movieron sin ton ni son con sobreejercicios muy poco claros donde destacan muchos gastos de entidades federativas, un uso discrecional de ese famoso Ramo 23“, agregó.
El legislador de Morena consideró que tampoco se cumplieron los objetivos de la política de gasto, ni de los programas nacionales que benefician a la sociedad.
“Teníamos remanentes de operación del Banco de México y el grave problema es que no se cumplieron con las metas de crecimiento económico. Tampoco se mejoraron los niveles debienestar de la población y tampoco hubo un incremento en los montos de la inversión productiva“, detalló.
Es por ello que la Comisión de Presupuesto concluyó que no existen elementos para aprobar la Cuenta Pública 2016 y, además, apuntó que dos comisiones legislativas se coordinarán para dar seguimiento a las irregularidades encontradas.
“Hay un resolutivo explícito donde la Comisión de Presupuesto integrará un equipo con la Comisión de Vigilancia para garantizar que estas revisiones tendrán consecuencias en el ámbito administrativo y también en el penal”, dijo.
“La presencia de nuevas fuerzas políticas en la Cámara y una decisión de actuar contra la discrecionalidad y los desfalcos de que esto no se vuelva a repetir en ningún gobierno, va a garantizar que entremos a un camino donde se cuide lo que los mexicanos pagamos como impuestos y se cuide también el gasto que los distintos órdenes de gobierno ejercen”, finalizó.
Aquí la entrevista completa:


martes, 25 de febrero de 2014

La UAEM y el FONDICT son una cueva de rateros

Envió a la ASF documentación que prueba el cumplimiento de seis servicios
Rechaza la UAEM haber provocado un desfalco en finanzas de Conaculta
Firmó la dependencia federal en 2012 contratos para implementar tecnologías en bibliotecas
Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 25 de febrero de 2014, p. 38
Toluca, Mex., 24 de febrero.
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) rechazó haber provocado un desfalco en las finanzas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) por los contratos que firmó en 2012 esta dependencia federal con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict) de la UAEM, para la prestación de varios servicios que implicaban la implementación de tecnologías en el acervo de varias bibliotecas federales.
A raíz de que se hizo público un informe de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) de la Cuenta Pública de 2012, en el cual se presume un presunto desfalco a Conaculta por 350 millones de pesos, por servicios contratados con el Fondic que presuntamente no se realizaron, el secretario de Administración de la UAEM, Javier González Martínez, aclaró que todos los puntos del convenio Conaculta-Fondict se cumplieron y que existe la documentación comprobatoria para soportarlo.
Señaló que de los siete convenios que se firmaron para la prestación de servicios, seis ya fueron concluidos y hay cartas de la dependencia federal que así lo confirman.
A la fecha, dijo González Martínez, sólo un servicio –que implica la introducción de cableado en la Biblioteca México, José Vasconcelos– no se ha cumplido, pero por cuestiones no imputables a la Fondict o a la UAEM, ya que Conaculta no ha terminado la remodelación de ese espacio por lo cual no han existido condiciones para trabajar en ello.
Los servicios que ya se cumplieron, los cuales justifican el pago hecho por el Conaculta al Fondict en 2012 son: 1) servicios de digitalización orientados a fortalecer la preservación del patrimonio cultural mediante el uso de tecnologías especializadas; 2) servicios para la generación de producción, edición, posproducción, digitalización, ingesta, administración, operación y publicación de contenidos televisivos; 3) adquisición de acervo digital y bibliográfico, recursos digitales para bibliotecas públicas; 4) digitalización de 15 mil cintas de materiales audiovisuales, ingesta de hasta 3 mil horas digitalizadas en la plataforma de administración de contenidos audiovisuales; 5) digitalización del libros de la biblioteca México y obras literarias, y 6) aplicaciones interactivas para el área infantil de la Biblioteca México.
Todo el material comprobatorio de que estos servicios fueron entregados al Conaculta se envió a la ASF para dejar claro que no existe ninguna responsabilidad de nuestra parte, apuntó González Martínez.
Rechazó que las empresas subcontratadas por el Fondict para prestar los servicios al Conaculta hayan incurrido en sobreprecios, toda vez quepara la adjudicación se hizo un estudio de mercado y se comprobó que se otorgaron las mejores condiciones de calidad y precio.
Subrayó, por último, que un día después de que se hizo público el informe de la ASF, el cual dejó al descubierto estas presuntas irregularidades, el rector de la UAEM, Jorge Olvera García, ordenó una investigación para comprobar si existe responsabilidad de algún servidor público universitario involucrado en esos contratos.

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