Las autoridades "no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal"
El gobierno de China reclama a México el pago de 600 millones de dólares por la cancelación del tren México-Querétaro, pues las autoridades “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”, dice el aviso de intención de iniciar el arbitraje.
La indemnización corresponde a 11 mil 294 millones 520 mil pesos, al tipo de cambio vigente el 21 de noviembre.
El Tren México-Querétaro fue una de las promesas que presentó Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, al asumir la Presidencia de México.
El fallo de la licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014, dando como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.
Las tres compañías asiáticas que participaron en la licitación son propiedad del Estado chino.
Según un documento obtenido vía transparencia, China reclama la cancelación de la firma del contrato y de la segunda licitación que se lanzó en 2015.
El proceso de reclamo inició el 13 de octubre de 2015, cuando dos empresas chinas presentaron el aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México.
El proceso se desarrolla al amparo del acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-China), firmado por ambos países el 11 de julio de 2008.
Según las empresas asiáticas, los actos de la SCT “constituyeron una expropiación a sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación. Asimismo, consideraron que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”.
El documento cierra indicando que el reclamo es por 600 millones de dólares.
DAMNIFICADOS POR CORRUPCIÓN
La firma del contrato se canceló horas antes de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, que documentó que el presidente Enrique Peña Nieto y su familia vivían en una casa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Hinojosa Cantú es dueño de Constructora Teya, una firma del Estado de México que obtuvo contratos con Peña Nieto cuando fue gobernador de esa entidad y que logró sumarse al consorcio ganador del Tren México-Querétaro, presupuestado en 8 mil 951 millones de pesos.
Mediante los Panama Papers, este medio documentó que Hinojosa Cantú movió 100 millones de dólares a paraísos fiscales justo cuando el gobierno mexicano investigaba el conflicto de interés entre el Presidente y este empresario.
La investigación oficial, encabezada por Virgilio Andrade, concluyó que Enrique Peña Nieto no tuvo conflicto de interés porque él no entregó ningún contrato y adquirió la Casa Blanca antes de ser Presidente.
Según el acuerdo bilateral, el aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México es el primer paso para entablar la demanda.
Si las partes no alcanzan un acuerdo previo, se convoca a un panel de tres árbitros, quienes deciden el fondo del asunto.
En febrero de 2017, la Secretaría de Economía incluyó este asunto en una licitación para obtener los servicios de asesoría legal en materia de comercio exterior, por lo que se mantenía como foco rojo para la administración federal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario