China reclama a México 11 mil millones por cancelación del Tren México-Querétaro

Las autoridades "no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal"

El gobierno de China reclama a México el pago de 600 millones de dólares por la cancelación del tren México-Querétaro, pues las autoridades “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”, dice el aviso de intención de iniciar el arbitraje.

La indemnización corresponde a 11 mil  294 millones 520 mil pesos, al tipo de cambio vigente el 21 de noviembre.

El Tren México-Querétaro fue una de las promesas que presentó Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, al asumir la Presidencia de México.

El fallo de la licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014, dando como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.

Las tres compañías asiáticas que participaron en la licitación son propiedad del Estado chino.

Según un documento obtenido vía transparencia, China reclama la cancelación de la firma del contrato y de la segunda licitación que se lanzó en 2015.

El proceso de reclamo inició el 13 de octubre de 2015, cuando dos empresas chinas presentaron el aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México.

El proceso se desarrolla al amparo del acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-China), firmado por ambos países el 11 de julio de 2008.

Según las empresas asiáticas, los actos de la SCT  “constituyeron una expropiación a sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación. Asimismo, consideraron que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”.

El documento cierra indicando que el reclamo es por 600 millones de dólares.

DAMNIFICADOS POR CORRUPCIÓN

La firma del contrato se canceló horas antes de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, que documentó que el presidente Enrique Peña Nieto y su familia vivían en una casa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.

Hinojosa Cantú es dueño de Constructora Teya, una firma del Estado de México que obtuvo contratos con Peña Nieto cuando fue gobernador de esa entidad y que logró sumarse al consorcio ganador del Tren México-Querétaro, presupuestado en 8 mil 951 millones de pesos.

Mediante los Panama Papers, este medio documentó que Hinojosa Cantú movió 100 millones de dólares a paraísos fiscales justo cuando el gobierno mexicano investigaba el conflicto de interés entre el Presidente y este empresario.

La investigación oficial, encabezada por Virgilio Andrade, concluyó que Enrique Peña Nieto no tuvo conflicto de interés porque él no entregó ningún contrato y adquirió la Casa Blanca antes de ser Presidente.

Según el acuerdo bilateral, el aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México es el primer paso para entablar la demanda.

Si las partes no alcanzan un acuerdo previo, se convoca a un panel de tres árbitros, quienes deciden el fondo del asunto.

En febrero de 2017, la Secretaría de Economía incluyó este asunto en una licitación para obtener los servicios de asesoría legal en materia de comercio exterior, por lo que se mantenía como foco rojo para la administración federal.

El Fiscal responde a madres de víctimas en Veracruz: “¿Y cuál es la prisa si están desaparecidos?”

Por Redacción / Sin Embargo

SinEmbargo

mayo 31, 2017

12:00 pm

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Colectivos de personas desaparecidas en Veracruz solicitaron a la Fiscalía estatal la destitución de Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien les ha contestado cuando preguntan sobre avances en las investigaciones de sus familiares: “¿Y cuál es la prisa si están desaparecidos?”. Dijeron que el Fiscal Especial genera desconfianza por sus malos resultados en cargos anteriores y por ser un ex empleado del gobierno de Javier Duarte. Liderados por Sara González Rodríguez, agregaron que en caso de incumplimiento, el colectivo tomará acciones legales en su contra y de la institución.

Ciudad de México/Veracruz, 31 de mayo (SinEmbargo/BlogExpediente).– Integrantes del Colectivo por la Paz en Xalapa solicitaron formalmente a la Fiscalía General del Estado (EFG) de Veracruz la destitución del Fiscal especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidos, Luis Eduardo Coronel Gamboa, a quien acusan de ser grosero e indiferente.

Además, pidieron que el visitador general de la FGE, Marcos Evén Torres Zamudio, no se involucre con los casos, señalándolo de manipular investigaciones, oficios y quejas al interior del organismo autónomo.

Al leer un oficio con esa y otras peticiones, los familiares dieron 15 días para que el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, de una respuesta. Adelantaron que en caso de incumplimiento, el colectivo tomará acciones legales en su contra y de la institución.

Señalaron que existe un rezago en las labores del actual fiscal regional de Xalapa, José Alfredo Gómez Reyes, así como maltrato y mal servicio de su parte.

“Solicitamos que sea destituido de su cargo y quede sin contacto alguno con familiares de desaparecidos Luis Eduardo Coronel Gamboa, debido a su ineficiencia, maltratos, humillaciones, indolencia y actitud prepotente.

“Esta actitud acompañada de frases como ‘¿Y cuál es la prisa si están desaparecidos?’, así como no haber presentado desde su ingreso un plan de trabajo, un plan de búsqueda con sus alcances, informe de resultados y avances realizados en las carpetas de investigación”, acusaron las integrantes del colectivo.

 

El colectivo acusó al Fiscal Especial de ser indiferente en los casos. Foto: Blog Expediente.

El Colectivo por la Paz también acusó a Coronel Gamboa de no presentarse en las citas individuales, por lo que no atendió a los familiares de desaparecidos y se quejaron de que en las citas individuales no destina el tiempo necesario para atender al solicitante para que éste pueda exponer su situación.

“No cumple con igualdad de Derechos, dando preferencia a gente de su agrado o impuestos por su familiar, (la diputada local del PAN) María Josefina Gamboa Torales”, plantearon.

Añadieron que el Fiscal Especial genera desconfianza por sus malos resultados en cargos anteriores y ser un ex empleado del Gobierno de Javier Duarte.

Exigieron sensibilización a todo el personal que atiende los casos de desparecidos, para ser tratados con dignidad y respeto o conforme a Derecho, así como el regreso de María Isabel Hernández como fiscal regional de la zona Xalapa.

El Colectivo por la Paz Xalapa también requirió a Wínckler Ortiz que el Visitador General del organismo autónomo, Marcos Even Torres Zamudio, sea removido y no tenga trato o acercamiento con los familiares de desaparecidos.

“Se muestra como una persona irrespetuosa, agresiva e inadecuada para este tema, siendo deshonesto y aprovechándose de su puesto para manipular investigaciones, oficios, quejas, denuncias y todo proceso que involucre a la Fiscalía”, acusaron.

Los familiares de desaparecidos durante la reunión con la Fiscalía. Foto: BlogExpediente.

El Colectivo recordó que Torres Zamudio fue acusado de haber cometido corrupción como director jurídico para los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, por lo que temen que las partidas económicas ligadas a los familiares de desaparecidos sean malversadas.

Asimismo, solicitaron reuniones cada 45 días con fecha fija sin derecho a modificaciones, quedando con un calendario confirmado desde el mes de julio a diciembre de 2017.

Los familiares no han sido tímidos en señalar el mal trabajo que viene realizando la Fiscalía con respecto a las investigaciones de los diferentes casos de sus desaparecidos.

Incluso, el pasado 23 de mayo la mayoría se plantó fuera de las entradas de este organismo para manifestarse, con lo que lograron agendar la reunión con Wínckler Ortiz para el martes 30 de mayo.

Ya desde entonces colgaron lonas impresas con las fotografías de sus familiares y otras donde pedían la destitución del fiscal especializado y separar al visitador general de la FGE de los casos de desaparecidos.

El reclamo este día fue el mismo, ya que al leer un oficio con esa y más peticiones, los familiares de desaparecidos lanzaron una advertencia al titular de la FGE, Jorge Wínckler Ortiz, para que en 15 días dé una respuesta.

Liderados por Sara González Rodríguez, agregaron que en caso de incumplimiento, el colectivo tomará acciones legales en su contra y de la institución.

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Subprocurador de Guerrero pasea en Los Cabos mientras sigue la violencia en el estado

Imagen publicada en Instagram por Geraldina Torreblanca, tomada en Isla del Espíritu Santo. El subprocurador de Guerrero, al centro

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En medio del clima de violencia e impunidad que existe en la entidad, el subprocurador de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Antonio Bonilla Uribe, se dio un espacio de descanso para pasear en el Mar de Cortés, Baja California.

El pasado lunes, el funcionario navegó en un yate privado en las inmediaciones de la isla del Espíritu Santo, en el Mar de Cortés, frente a Los Cabos de La Paz, Baja California.

De acuerdo con fotografías difundidas en redes sociales, el subprocurador viajó el pasado fin de semana junto a su esposa y un grupo de amigos a Los Cabos. Fuentes oficiales confirmaron el viaje que se prolongó hasta el pasado lunes 24.

Otra de las imágenes publicadas en Instagram.

Ese día, su esposa, Geraldina Torreblanca, hija de Alberto Torreblanca Galindo, hermano del exgobernador  Zeferino Torreblanca, subió una foto en su cuenta personal de Facebook posando junto a José Antonio Bonilla Uribe y un grupo de amigos a bordo de un yate privado en la isla del Espíritu Santo.

Otro amigo de Bonilla Uribe, hijo del notario público 3 de Acapulco, Jorge Ochoa Jiménez, también exhibió en su cuenta personal de Instagram una imagen en la que mostraba unos moluscos de concha. Dijo que se encontraban en la misma zona de Los Cabos.

Ese mismo lunes, en Guerrero, miembros de dos grupos de guardias comunitarios chocaron en las inmediaciones del poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, con un saldo oficial de siete muertos y dos heridos.

Dos días antes, el sábado 22 por la noche, sujetos armados ejecutaron a la estudiante universitaria Adriana Ramos García junto a otro joven al interior de una pastelería ubicada en la zona urbana del puerto de Acapulco, donde ambas víctimas trabajaban para sostener sus estudios.

Hasta el momento, la FGE no tiene indicios de los responsables de la masacre de Tlayolapa, aseguró ayer el titular de la dependencia, Xavier Olea Peláez. En el caso de la universitaria asesinada en Acapulco, no se ha informado nada de manera oficial.

La acción del funcionario de la FGE se suma a la que en junio pasado hizo el gobernador Héctor Astudillo Flores, cuando viajó con su familia y parte de su gabinete en aeronaves y vehículos oficiales a la capital de Oaxaca, para asistir a la boda de uno de sus colaboradores, como lo mostró él mismo en redes sociales.

Tragedia en carrera de carcachas: cuatro muertos y seis heridos

LA REDACCIÓN
2 DE AGOSTO DE 2014
DESTACADO

Una de las unidades accidentadas. Foto: @HUAMANTLA

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La tradicional Carrera de Carcachas que organiza el ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala tuvo un saldo rojo este sábado: cuatro muertos y seis lesionados.

Tres accidentes se registraron en el circuito Alfonso Soler cuando el mismo número de corredores perdió el control de las unidades modificadas y uno de ellos se impactó contra el público, reportó el diario Reforma.

Además, Protección Civil dio a conocer que hubo una riña entre personas alcoholizadas, lo que la postre terminó en la suspensión de la Carrera de Carcachas.

Esta es la edición número 44 del evento que se realiza en el marco de la feria y fiesta patronal en honor a la Virgen de la Caridad.

El primer accidente ocurrió después de las 11:00 horas cuando dos vehículos se encontraron dentro del circuito a la altura de la comunidad de Benito Juárez, resultando heridos los conductores.

Luego, los autos con los números 214 y 7 se volcaron. Uno de ellos se fue contra los espectadores en la curva de La Hacienda, donde resultaron dos lesionados.

En el tercer percance, la carcacha con el número 7 quedó completamente destrozada y el conductor, identificado como El Concho, del equipo Romofer, perdió la vida.

Según Reforma, los heridos fueron trasladados al Hospital General de Huamantla por socorristas de La Cruz Roja para su atención médica.

Este año la carrera contó con la participación de 110 autos divididos en siete categorías, y se esperaba una asistencia de poco más de 30 mil aficionados.

En cada competencia de esta carrera que se realiza cada año, participarían desde 20 vehículos hasta seis, que recorren en promedio ocho kilómetros y cuatro vueltas a la pista.

Para la carrera de carcachas se contó con el apoyo de servicios de emergencia como BRIASA, Protección Civil, Cruz Roja, Policías estatal y municipal.

El presidente del club de automovilismo de Huamantla y organizador del evento, Jorge Montiel Alonso, había recomendado a los asistentes tomar las medidas preventivas por ser un evento de peligro.

Asciende a 5.2 billones de pesos la deuda interna del gobierno federal; 29% del PIB

Según datos del Banco de México llegó a una cifra sin precedente en el primer trimestre

Por primera vez en 5 años residentes en el país adquirieron más bonos gubernamentales que extranjeros

Juan Antonio Zúñiga M.

 

Periódico La Jornada
Jueves 17 de abril de 2014, p. 26

La deuda interna del gobierno federal ascendió a casi 5.2 billones de pesos al término del primer trimestre de 2014, monto equivalente a 29 por ciento del producto interno bruto, nivel sin precendente, indican cifras de seguimiento del Banco de México.

Hasta el pasado 4 de abril, el gobierno federal elevó en alrededor de 226 mil 945 millones de pesos más su endeudamiento a través de la colocación de bonos emitidos en moneda nacional durante este año y, por primera vez en un lustro, el incremento se debió a una mayor compra de bonos gubernamentales por residentes en el país que por el aumento en valores adquiridos por inversionistas del exterior.

Según el más reciente reporte sobre la evolución del endeudamiento interno gubernamental, los residentes en México, principalmente sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (siefore), personas morales y físicas, adquirieron 190 mil 168 millones de pesos en valores del gobierno federal, una cantidad que representó 84 por ciento del aumento total de la deuda interna en el primer trimestre de 2014 y la cual fue equivalente a 5.1 veces el monto de títulos adquiridos por inversionistas extranjeros en el mismo periodo.

La compra de valores gubernamentales como Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos, Bonos de Desarrollo (Bondes) y Udibonos por inversionistas extranjeros fue de unos 36 mil 777 millones de pesos durante este año, hasta el 4 de abril pasado, cantidad que significó 16.4 por ciento de la elevación total de la deuda interna del gobierno federal en ese lapso.

Atraídos por mayores rendimientos y mejores condiciones que las ofrecidas por otros mercados del mundo, por lo menos desde 2010 el arribo al país de los llamados capitales golondrinos para adquirir bonos emitidos en pesos por el gobierno federal, había sido preponderante sobre la inversión de residentes en México en los mismos valores. Pero esta situación ha cambiado durante 2014.

De acuerdo con las cifras del banco central al término de diciembre de 2009, la deuda interna del gobierno mexicano representado en bonos era de 2 billones 691 mil 800 millones de pesos, equivalentes a 25 por ciento del PIB. Los inversionistas extranjeros participaban con títulos por un valor de 313 mil 200 millones de pesos, que representaban 11 por ciento de ese total.

La llegada de capitales del exterior, para invertirse en la compra de bonos del gobierno mexicano fue dominante durante los siguientes cinco años. De tal manera que, al 4 de abril de 2014, el saldo del endeudamiento interno se ubicó en 5 billones 191 mil 567 millones de pesos, representó 29 por ciento del producto interno bruto de este año y tuvo un incremento de 92.8 por ciento desde diciembre de 2009.

Por su parte, los capitales del exterior invertidos en valores del gobierno federal alcanzaron un monto de un billón 867 mil 303 millones de pesos al inicio de este mes. Esa cantidad, que representó 36 por ciento del monto total de la deuda interna gubernamental, registra un aumento de 496 por ciento en cinco años. Pero en los tres primeros meses de 2014 ha dejado de crecer a los ritmos desatados desde 2010.

Huracanes: el costo de la negligencia oficial

JUAN CARLOS ORTEGA PRADO
27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ANÁLISIS

Estragos de la tormenta "Manuel" en Acapulco, Guerrero. Foto: Xinhua / Pedro Mera

MÉXICO, D.F. (apro).- Los huracanes Ingrid y Manuel no sólo trajeron la muerte, también un duro golpe a la economía nacional, que buena parte nos podríamos haber ahorrado.

El quebranto para el país fue de 75 mil millones de pesos, según dijo ayer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIA). Esta cantidad implica desde carreteras dañadas, puertos, edificios y automóviles hasta casas de lámina y micronegocios.

¿Quién pagará por ello? Sólo 20% de las propiedades afectadas tenía seguro. Sin embargo, el 80% restante corre a cargo del gobierno o de los afectados.

El caso más triste, por supuesto, será aquel en el que a los propios damnificados les toque pagar. Tres veces serán víctimas de su pobreza: por sólo poder vivir en zonas peligrosas, por perder sus propiedades y por tener que poner dinero para recuperarlas (dinero, claro, que nunca han tenido). Esto significará una debacle para regiones enteras, que retrocederán años en su nivel de bienestar. No es una proyección. Ya pasó con los huracanes Paulina (1997) y Wilma (2005): aún hay destrozos y comunidades enteras que migraron.

Todo parece indicar que éste será el caso de la Costa y, sobre todo, de la Sierra de Guerrero. Como se sabe, ese estado es el más pobre del país en muchos aspectos. Ahí están los municipios más depauperados de Latinoamérica, por ejemplo, que ya desde antes tenían un nivel de desarrollo similar al del África subsahariana, según la ONU.

Para paliar esta situación se requieren, entonces, recursos del gobierno federal. Provendrán tanto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Fondo de Pavimentación y del flamante Plan de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, el modo en que está proyectado este gasto implica tantas repercusiones negativas que el saldo final difícilmente será positivo, tanto en términos personales y locales como nacionales.

El Fonden, explicó la Secretaría de Hacienda, está conformado por 12 mil 507.9 millones de pesos. Siete mil millones de pesos vienen del propio fondo y otros 5 mil millones del Seguro de Riesgos Catastróficos.

El problema es que, amén de ser pocos recursos (comparados con el total de 75 mil millones), buena parte se destinará a solventar daños en infraestructura y no a las necesidades inmediatas y familiares de los afectados:

Ocurre que el gobierno federal no tenía aseguradas sus carreteras. “La parte de infraestructura carretera que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la que no está asegurada, porque la SCT no ha contratado desde la administración pasada este seguro”, dijo la AMIS. Hace años se aseguraban, pero “buscaron una racionalización presupuestal que nosotros consideramos que es una racionalización mal entendida, porque al transferirse esos riesgos a una aseguradora pues no pasa lo de ahora, que se lleva una parte muy importante de los recursos del Fonden”.

Así que la Federación deberá correr con la carísima reconstrucción de 57 carreteras libres: 40% del total que hay en el país, que es 141.

Hagamos sumas y restas: las aseguradoras valuaron en 75 mil millones de pesos los daños. Ellas pagarán 15 mil millones (20%) y el Fonden pondrá 12 mil 500. Así que aún faltan 47 mil 500 millones de pesos. No hay que perder de vista que en caso de llegar a esta cantidad sólo se habría alcanzado el estado previo al de las lluvias, sin ninguna mejora.

Para cubrir este faltante, el presidente Enrique Peña Nieto propuso el jueves su Plan de Reconstrucción Nacional. Incluye al Fonden y al Fondo de Pavimentación (5 mil millones). Además, pedirá recursos al Congreso.

El Plan tiene cuatro grandes problemas. El primero es que se distraerán partidas presupuestales por el “bomberazo”.
Esto es grave porque significa que fue totalmente rebasado el Fonden y porque otras áreas serán descobijadas (aún no se sabe cuáles).

El segundo, como consecuencia, es que se ignora con cuánto dinero se contará y eso atranca cualquier planeación.
El tercero es que, de nuevo, una parte va a infraestructura. ¿O sea que ni todo el Fonden alcanzará para reconstruir? En efecto, para hacernos una idea basta recordar que, en 2010, el gobierno federal invirtió en vías de comunicación terrestres —en todo el país— 50 mil millones de pesos.

El último es el de la instrumentación. El gobierno federal quiere pasar “casa por casa” y evitar intermediarios. Nunca lo ha logrado; ni siquiera fue capaz de difundir efectivamente la alerta. ¿Cuánto tardará en hacerlo, cómo? El plan suena a populismo y a improvisación.

Este es un asunto central: lo que el gobierno no sabe pero debe hacer. De hecho, el periodista Andrés Juárez, en emeequis (m-x.com.mx/2013-09-19/10-razones-por-las-que-el-desastre-no-es-natural-por-andres-juarez/), documentó diez razones por las que el desastre no puede considerarse natural: la evacuación defectuosa, la deforestación (permitida de facto), el nulo desazolve de vías fluviales, la descoordinación entre autoridades, la urbanización a la buena de dios, la marginación (del deslave en La Pintada, con 68 muertos y desaparecidos, el país tardó en enterarse tres días), la vulnerabilidad al cambio climático, la corrupción y la nula prevención. Se pueden agregar los subejercicios (proceso.com.mx/?p=351766) y el olvido de las lecciones dejadas por otros huracanes.

Si se trata de un plan de reconstrucción estaría bien comenzar arreglando la base podrida. En la propuesta de Peña Nieto no están las propuestas contra esos problemas estructurales. Pagarán los afectados, pagarán todos los mexicanos.