En el Deportivo Alfredo del Mazo “entregaron los sobres con 3 mil pesos el viernes 26 de mayo. “Fue dinero en efectivo. Y también repartieron la Tarjeta Rosa, una tarjeta de cartón que no sirve para nada. Nos dijeron que ‘cuando ganara Del Mazo’ ahí nos iban a depositar otros recursos”. Es el testimonio de una exoperadora del PRI expuesto a Proceso, semanario que también recoge el del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el cual sólo irradia desesperanza.
ECATEPEC, Edomex.- En la colonia Jardines de Santa Clara –ubicada en Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México– una maquinaria perfecta e intimidante de coacción y compra del voto se ha perfeccionado desde las elecciones presidenciales de 2012 hasta llegar a este 2017, en vísperas de los comicios para elegir gobernador.
Juanita N, vecina de este lugar, denunció la última semana de mayo ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que en esta colonia, donde nació el actual gobernador (Eruviel Ávila) y donde viven sus familiares, el PRI ofrece 3 mil pesos a cada “movilizadora” del voto, que debe juntar un mínimo de 10 o 12 mujeres para votar por el candidato priista.
“En el deportivo Alfredo del Mazo, específicamente en el salón Arcoíris, ahí entregaron los sobres con 3 mil pesos el pasado viernes (26 de mayo). Fue dinero en efectivo. Y también repartieron la Tarjeta Rosa, que es una tarjeta de cartón que no sirve para nada. Nos dijeron que ‘cuando ganara Del Mazo’ ahí nos iban a depositar otros recursos”, afirma en entrevista con Proceso.
Juanita N también revela que en estos comicios estatales ya no les pidieron su credencial de elector. Fueron directamente a los hogares de las mismas personas que participaron en el operativo de las elecciones de 2012 y les dijeron: “Ya tenemos tus datos. Aquí está tu dirección y tu foto. Son listas muy similares a las del padrón. Recibes o recibes el dinero”.
Las amenazas ahora son directas, a domicilio, y condicionan otro tipo de ayudas como el acceso a programas sociales o a servicios de salud. Juanita N denunció a una señora de nombre Aracelly, que en esta colonia funge como “coordinadora” de las movilizadoras que reciben el dinero en efectivo, junto con una Tarjeta Rosa.
En la campaña de 2012 el dinero en efectivo se les repartió en la casa de campaña de Pablo Bedolla, el candidato priista a alcalde de Ecatepec. Se les entregó en sobres amarillos. En ese entonces fueron 2 mil pesos por persona, “pero en la esquina de esta oficina, en la vía Morelos, ahí fueron asaltadas muchas mujeres que recibieron su dinero”, rememoró Juanita N.
La otra tarjeta, conocida como La Efectiva, fue repartida por el gobierno de Eruviel Ávila antes del proceso electoral y supuestamente sirvió para financiar a toda la estructura electoral del PRI en los municipios, incluyendo Ecatepec. La FEPADE aún está investigando el caso junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
–¿Por qué denuncia usted ahora? –se le pregunta a Juanita N.
–Porque ya es mucha la burla. Porque están enfermos de poder. Ahora te amenazan: ‘Toma el dinero y cállate’.
–¿A usted le dieron también la tarjeta La Efectiva?
–No. Esa la repartió el gobierno del estado antes de las campañas. Ahora sólo te dan una tarjeta rosa de cartón y las pobres creen que ahí les van a depositar más dinero.
En esta misma zona, el pasado jueves 1, en plena etapa de veda electoral, en las oficinas del PRI les pagaron 300 pesos a cada “movilizador” de la colonia Jardines de Santa Clara para que repartieran propaganda de la candidata de Morena, Delfina Gómez, comentó a Proceso la misma denunciante. Se trataba de hacer creer que Morena violaba la ley electoral que prohíbe hacer proselitismo tres días antes de la elección.
Tarjetas en todos lados
En las dos últimas semanas de mayo, la FEPADE recibió denuncias –interpuestas por el PAN y Morena– sobre el reparto de las tarjetas Salario Rosa. En ambos casos se documentó que en las tarjetas “puede apreciarse que se encuentran visiblemente el nombre del candidato a la gubernatura del Estado de México, así como el logotipo del Partido Revolucionario Institucional”.
La denuncia del PAN, firmada por Eduardo Ismael Aguilar Sierra y Sergio Alfredo Sigüenza Escamilla, afirma que esta tarjeta viola el numeral 5 del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe “la entrega de cualquier tipo, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona”.
La denuncia de Morena, firmada por Horacio Duarte, representante de este partido ante el INE, subraya que se trata de coacción del voto porque implica “la presión o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad”.
En el caso de la tarjeta La Efectiva, el fiscal Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, afirmó que se trata de un programa social. Sin embargo, “lo que no se puede hacer es comprar estructuras partidistas a partir de las entregas de los programas sociales, y eso es lo que está sujeto en este momento a investigación”.
Durante su comparecencia ante los senadores integrantes de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales, Nieto subrayó que el tema del reparto de tarjetas es “transversal” porque hay denuncias tanto en el Estado de México (con La Efectiva y la Tarjeta Rosa) como en Coahuila y Nayarit.
Detalló el caso del Programa para la Seguridad Alimentaria (Prosa), realizado en Nayarit, que tiene las iniciales del actual gobernador priista, Roberto Sandoval. En este caso, los funcionarios estatales se ampararon para no presentar información.
“El recurso con el cual se genera ese programa proviene de la retención de salarios de los trabajadores del gobierno del estado; entre 5% y 10% del salario a determinados funcionarios, se les retira para efecto de que se haga un fondo, y ese fondo es con el que se utiliza este programa Prosa.
“Aquí vemos dos conductas delictivas: la coacción a los subordinados y, por otro lado, el financiamiento ilícito, no de procedencia ilícita, pero sí ilegal, en la medida que se trata de recursos provenientes de los propios trabajadores y esto está prohibido, que el estado o la federación o los municipios aporten recursos a los partidos políticos”, explicó el titular de la FEPADE.
En su informe presentado ante el Senado, la FEPADE informó que ha abierto 14 denuncias en el Estado de México sobre este mecanismo de condicionamiento de programas públicos, y 28 que se consideran “peculado electoral”, porque consisten en destinar bienes o servicios al apoyo de un candidato o partido político, así como 13 denuncias por actos que provocaron temor o intimidación en el electorado.
En el caso de Coahuila, son 12 denuncias por destinar bienes o servicios en apoyo a un candidato o partido político, nueve por compra de votos o amenazas con la suspensión de programas sociales, cuatro por condicionamiento de programas públicos y dos por solicitar aportaciones de dinero o especie a subordinados.
En las elecciones de Nayarit son 4 denuncias por el desvío de programas y bienes públicos de apoyo a un candidato, 3 por condicionar programas públicos y 4 por compra de votos y amenazas de suspensión de programas sociales.
En Veracruz, la FEPADE tiene 528 órdenes de aprehensión vigentes, la mayoría provenientes del proceso electoral del 2016, pero ahora han recibido 13 denuncias por condicionar programas públicos, 11 por compra de votos y amenazas de suspender programas sociales y 8 por realizar, destinar, utilizar o recibir aportaciones de dinero en especie.
Un nuevo ciclo de corrupción electoral
En entrevista, Santiago Nieto asumió que la FEPADE es débil para frenar la multitud de delitos electorales que se presentan, sobre todo porque las investigaciones de corrupción de los funcionarios públicos y las de delitos electorales se realizan por separado cuando deben estar juntas.
“Por lo menos tres delitos deben ser considerados graves y vinculados con la corrupción: el condicionamiento a programas públicos, el peculado electoral y el financiamiento ilícito. Ninguno de estos tres es considerado ahora como delito grave.
“En el caso del peculado electoral hay que graduarlo: no es lo mismo que utilices una camioneta para llevar mamparas a un acto electoral, que todo un sistema orquestado de desvío de fondos públicos o de recursos ilícitos para una campaña electoral”, explica.
–¿Qué es lo que ha cambiado entonces? ¿Por qué se ha incrementado la corrupción en los procesos electorales? –se le pregunta.
–En el modelo anterior eran empresarios que daban recursos para una campaña electoral. Básicamente podrían ser fraccionadores, carreteros o constructores.
–¿Los famosos “pases de charola”?
–Exactamente. Ahí el dinero se entregaba y se gestaba una relación entre gobierno-empresas para tener dinero para las campañas más allá del financiamiento público.
–¿Qué sucede ahora?
–Hay un segundo modelo que se desarrolló cuando los políticos comenzaron a hacer sus propias empresas fantasma, y a desviar el dinero público para tener competitividad electoral. Encarecieron los procesos electorales y el resultado es que se generó un nuevo ciclo de corrupción, donde ya no era el diezmo de los empresarios sino una cuestión de desvío de recursos.
“Entonces, necesitamos que todo el financiamiento ilícito sea un delito grave para que tenga sanciones más fuertes y, por otro lado, vincular el proceso. Seguramente los empresarios que están en el padrón de proveedores en el Instituto Nacional Electoral (INE) deben tener contratos.”
–¿Eso lo debe investigar la FEPADE?
–Sí, o debe ser un trabajo conjunto entre el fiscal anticorrupción y la fiscalía electoral. El fiscal electoral no tiene atribuciones, pero el anticorrupción sí.
–¿Este segundo ciclo se está observando en estas campañas?
–Sí estamos recibiendo denuncias de financiamiento ilícito para las campañas de empresas y desvío de las administraciones en todos los niveles. Ahora es un proceso de comprobación más complejo. Implica tener datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del INE para poder determinar las carpetas de investigación. Necesitamos un modelo de auditoría forense para que cuando se bajen los recursos podamos darles seguimiento.
–¿Se necesita una nueva reforma electoral?
–Esto podría implicar una reforma electoral para mezclar el tema de anticorrupción con lo electoral. Sin embargo, con lo que tenemos es posible seguir desarrollando las investigaciones.
–Sin embargo, fiscal, los partidos se mueren de risa de las investigaciones. No hay nada que obligue a las autoridades electorales a expulsar a uno de los partidos de la contienda, como lo haría un árbitro en un partido de futbol que expulsa de la cancha al jugador que comete varias faltas.
–Es un problema de diseño institucional. Los delitos electorales no son graves. Entonces metemos a la cárcel a un funcionario de Javier Duarte o a la presidenta municipal de Suchiate y a los consejeros de Chiapas, y salen en unas cuantas horas. Es así. El delito electoral no es delito grave. Así lo establecen la Constitución y la ley electoral. Así lo diseñaron los partidos políticos.
“Le pueden conmutar la pena con una multa. Y en el nuevo sistema penal acusatorio no hay prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí nos libran las órdenes de aprehensión, sí se detienen, sí se ingresa a los penales, pero a las horas o al día salen.”
Las debilidades institucionales se reflejan en el contraste de las cifras. Por ejemplo, señala el titular de la FEPADE, mientras la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México cuenta con 380 empleados, la fiscalía tiene sólo 300 empleados para todo el país. Para todo el país, la FEPADE tiene sólo 100 ministerios públicos y 26 policías.
La FEPADE fue creada en 1994, en pleno proceso de sucesión presidencial, y en aquel proceso tuvo 85 denuncias solamente. En 2015 recibió en un solo día más de 2 mil denuncias y actualmente tiene mil 600 órdenes de aprehensión pendientes, con sólo seis personas con auto de formal prisión, incluyendo a cinco consejeros electorales de Chiapas, una presidenta municipal de esta entidad que legalizaba a ciudadanos centroamericanos para expedirles falsas actas de nacimiento y credenciales electorales, y otro funcionario de Morelos que trasladó a 400 personas que ejercían turismo electoral.
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