XALAPA, Ver. (apro).- La Comisión de Vigilancia del Congreso local entregó el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al quinto año de gobierno del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, donde se confirma un presunto daño patrimonial de 14 mil 220 millones 441 mil 220 pesos.
En sesión ordinaria, este procedimiento de consolidación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo detectó observaciones, irregularidades e inconsistencias por esa cantidad, que sobrepasa las cuatro cuentas públicas (juntas) de la primera mitad del sexenio de Duarte, actualmente prófugo de la justicia.
Dentro del documento de 52 hojas y cuya copia tiene este reportero, el Órgano de Fiscalización (Orfis) encontró un daño patrimonial por 180 millones de pesos, según el pliego de observaciones FP-033-2015/006-DAÑ, dentro del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En esa misma observación se encontró un impago al transferir a la reserva técnica del IPE más de dos mil 709 millones 60 mil 306 pesos.
En el caso de los ayuntamientos, en 42 municipios se hallaron inconsistencias de un presunto daño patrimonial de 134 millones 252 mil 497 pesos.
En el Informe de Resultados (documento en poder de Proceso), el Orfis advierte que en la observación número FP-014/2015/004 ADM, realizada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el gobierno recibió 44 millones 530 mil 765 pesos como parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), sin embargo, la dependencia no entregó reporte de la aplicación de los recursos y, en su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación, ni tampoco la constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica abierta en el ejercicio fiscal. El destino de los 44 millones de pesos el Orfis los ignora.
En el caso del Fondo Metropolitano –recursos federales para fortalecer las obras públicas en los ayuntamientos–, la administración de Duarte también cometió un presunto daño patrimonial de 215 millones 617 mil 945 pesos.
En el área de prensa existe la observación número FP-027/2015/011ADM, donde se advierte que de 428 comprobantes fiscales para la “Difusión de Mensajes sobre Programas y Mensajes Gubernamentales”, 410 facturas carecían de soporte, orden de inserción y testigos presentados, como prueba documental, “por lo que no acreditan de manera fehaciente el ejercicio del gasto por un monto de 138 millones 610 mil 744 pesos”.
Por si fuera poco, en un diagnóstico financiero del gobierno, el Orfis ataja que el gasto corriente se incrementó en 6.4% respecto del ejercido en 2014, pues de 56 mil 540 millones 900 millones etiquetados, finalmente se devengaron 67 mil 952 millones 500 mil pesos.
En contraparte, para la amortización de la deuda pública se devengaron 3 mil 328 millones 100 mil pesos, lo que significó una reducción de 7.3% respecto al ejercicio 2014. Así, aunque Duarte presumía que había “austeridad” y que “se apretó el cinturón”, la realidad de los números dice otra cosa.
Los diputados de oposición (PAN y PRD) llegaron a la conclusión de que hay un desvío global sexenal de 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos, es decir que el gobierno de Duarte cometió daño patrimonial equivalente al presupuesto total de dos de los seis años que gobernó.
En números coloquiales, el Órgano de Fiscalización, la Auditoria Superior de la Federación y las comisiones de Vigilancia y de Hacienda del Congreso local “desconocen” dónde están y en qué se gastaron 3.5 pesos de cada diez pesos del erario.
En días pasados, los diputados locales panistas Ana Cristina Ledezma y Julen Rementería detallaron que la deuda pública bancaria ascendía a 48 mil 183 millones de pesos, que se suman a los 12 mil 877 millones de pasivo circulante por deudas con contratistas, proveedores, terceros institucionales y medios de comunicación, y 12 mil 775 millones de ministraciones pendientes de transferir a otros.
De igual manera, más de mil 363 millones de juicios pendientes de resolución del gobierno central, alrededor de 38 mil 300 millones de cuentas pendientes por regularizar, 3 mil 568 millones de resolución de Fideicomisos, 5 mil 549 millones de un juicio perdido con Finamed, seis millones 395 mil de pasivo con la empresa Airbus Helicopters, dos mil 338 millones 700 mil pesos de adeudos con la Universidad Veracruzana, 5 mil 309 millones de adeudo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), más de 940 millones de pesos por las “empresas fantasma” que detectó la Procuraduría General de la República (PGR), así como 645 millones de pesos que, según el portal Animal Político, el gobierno de Duarte facturó sin que le prestaran servicios.
Y, como colofón, en las denuncias por reintegro de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hay acumulados 35 mil millones de pesos.
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