¿Simulación de la PGJDF en el caso Rubén Espinosa? .- ERNESTO VILLANUEVA

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El martes pasado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio a conocer a la opinión pública un video de una cámara de vigilancia del llamado C4, según el cual se pudo identificar a los probables responsables de la muerte del foto reportero de Proceso y de otras personas. Se trata de una verdad a medias o de una mentira completa. Veamos.

Primero. A principios de esta semana distintos medios de comunicación publicaron el video del C4 acompañado de las declaraciones de la PGJDF que confirmaban la autenticidad del citado video. Al verlo, solamente se puede distinguir, por la pésima calidad de la resolución, que se trata de tres personas, aparentemente hombres y en principio morenos. No se pueden distinguir sus rasgos físicos, que pudieran de esta forma conducir a la identificación con mayor precisión de quiénes se puede tratar. Este hecho, de entrada, se convierte en una cortina de humo para simular que se avanza en las investigaciones, pero sin ningún paso firme en esa dirección. Y no es para menos. Con los datos que aparecen en el video lo único que se puede asegurar es que los presumibles responsables son seres humanos. Y digo presumibles no sólo por el derecho a la presunción de inocencia, sino porque el video no muestra, así sea de lejos, que dichas personas estaban in fraganti, cometiendo los delitos de homicidio de las víctimas. Aun si se hubieran identificado a las personas que aparecen el video se trataría de un indicio, no de prueba plena. Pero ni eso aporta la PGJDF con su video.

Segundo. Con la “evidencia” del video del C4 se tiene, en principio, un universo de 128 millones aproximadamente de personas mayores de 15 años que viven en América Latina. Si esa cifra se amplía a hindúes y árabes la cifra alcanzaría casi el doble. ¿Quién en su sano juicio podría creer que esos datos constituyen un avance en la investigación aunque sea mínimo? ¿Por qué la PGJDF ventila en público una averiguación previa y sus detalles cuando es sabido que el secreto inicial es requisito sine qua non para asegurar que los eventuales responsables no se enteren antes de los pasos del ministerio público? La única explicación que me llega a la mente es que dada la explosividad mediática del caso, el GDF quiere presentar a cualquier costo “muestras” de que está avanzando, de que las cosas se hacen “de cara a la sociedad” aunque ello mismo viole la ley. En este caso lo más importante es que se capturen a los responsables de los delitos de Rubén y de las otras 4 personas, no hacer política. Eso no se va a lograr si se politiza la investigación como está pasando en estos momentos de manera irresponsable por la autoridad. Entiendo claramente que los medios no son juristas y que cualquier información que se les brinde la harán pública, sobre todo en este caso de gran interés público, pero la autoridad sólo debe ceñirse a la Constitución y a la ley.

Tercero. Las formas y modos en que fue muerto Rubén y las otras 4 personas no dejan lugar a dudas para el azar, la mala suerte o el robo que salió mal. Fue un multihomicidio planeado y con autores intelectuales revelados por el propio Rubén y confirmado su miedo razonable por gente cercana a él como el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda y el Director de la Agencia fotográfica Cuarto Oscuro, Pedro Valtierra. Estas declaraciones y la reacción inusitada de varios periodistas y medios de distinto color y tendencia hicieron un frente común que, de entrada, impidieron que funcionara la clásica estrategia de culpar a las víctimas de su propia muerte y de descartar, a priori, que hubiese sido un caso de atentado a la libertad de expresión, como se apresuró a decir el recién designado Fiscal para delitos contra la libertad de expresión de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, que inicia su labor con el pie izquierdo y es más de lo mismo.

Por otro lado, este lamentabilísimo suceso pone en evidencia que no hay lugar seguro en México para ejercer la libertad de expresión crítica. Antes de ello se pensaba, como un reflejo sicológico de seguridad, que el Distrito Federal era un santuario, un oasis o un lugar para estar a salvo. Más todavía si se trata de una clásica zona de clase media como la colonia Narvarte que dificulta que fructifique la tesis gubernamental de mala zona en mal momento. Cada día que pasa es un paso hacia la impunidad que a nadie conviene. Por el contrario, enrarece la convivencia social y da un tiro de gracia a la libertad de expresión tan necesaria para que las prácticas democráticas puedan existir. Con la muerte de Rubén y la impunidad que parece ceñirse sobre este caso perdemos todos. No hay que dejar de exigir que la autoridad cumpla su deber constitucional de investigar y detener a los culpables.

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