MÉXICO, D.F. (Proceso).- La incipiente democracia mexicana enfrenta una creciente degradación política provocada por un sistema de partidos corrupto y disfuncional, un gobierno que intenta restaurar su hegemonía, unas autoridades electorales cuya imparcialidad e independencia están en duda y un duopolio televisivo promotor de la inmune franquicia verde. Los comicios de este 7 de junio son una oportunidad para castigar a los responsables de esa regresión.
Una forma de hacerlo es mediante el voto nulo, expresión racional del rechazo a la ubicua descomposición de la casta gobernante que urge frenar y revertir. A diferencia de la abstención, un voto nulo es la manifestación de una ciudadanía democrática y participativa que exige un cambio de fondo en la manera de concebir y practicar el arte de gobernar. Es una protesta frontal contra una partidocracia voraz y ayuna de ideas, coludida entre sí para proteger sus prebendas, así como la corrupción a gran escala de sus respectivos gobernadores, legisladores y líderes.
Un voto nulo es un voto crítico a favor de una democracia representativa y responsable, merecedora de ese nombre: respetuosa de la ley, de la rendición de cuentas, del combate y castigo a la corrupción, del fin de la impunidad selectiva, de una verdadera libertad de expresión que no censure a voces críticas como la de Carmen Aristegui. Es un llamado firme, legal y pacífico a terminar con la onerosa e ineficaz simulación democrática.
Hace seis años, el movimiento anulista obtuvo 6% de los votos emitidos en la elección intermedia de 2009 y logró que se incluyeran la reelección legislativa, las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana en la reforma electoral de 2012. Si este año se mantuviera o aumentara el porcentaje del voto nulo se podrían conseguir cambios indispensables para el avance democrático que la partidocracia nunca promovería porque son contrarios a sus jugosas canonjías: reducción del financiamiento a los partidos políticos, eliminación del fuero, dejar sólo diputados de mayoría, eliminar la cláusula de sobrerrepresentación, elevar a 5% el mínimo para que un partido mantenga su registro, revocación de mandato, dar valor jurídico al voto nulo, despojar a los partidos del nombramiento de los consejeros del INE y del Tribunal Electoral (J. A. Crespo, “¿Que se vayan todos?”, El Universal, 18/05/ 2015, y D. Dresser, “Yo, anulista”, Reforma, 18/05/2015). Sólo una sólida presión ciudadana sustentada en la fortaleza del voto nulo sería capaz de sacudir la autocomplacencia de los partidos políticos para obtener esos y otros importantes cambios en favor de la consolidación democrática.
El 7 de junio habrá elecciones federales y locales en 17 de las 32 entidades. Se renovarán los 500 diputados federales y se elegirán nueve gobernadores (Nuevo León, Michoacán, Campeche, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Sonora y Baja California Sur), así como 993 presidentes municipales, 16 delegados políticos en el Distrito Federal, 640 diputaciones locales y 20 juntas municipales.
La diversidad y complejidad de los procesos locales, aunadas a la importancia de la renovación de la Cámara de Diputados federal, implica que cada entidad y municipio enfrentará coyunturas específicas que acaso orientarán la decisión de los electores a emitir un voto diferenciado, entre los que pueda incluirse el voto nulo. En los casos de elección de gobernador será difícil optar por el voto nulo y se recurrirá a premiar, o más probablemente a castigar, al PRI en los seis primeros estados mencionados, así como al PRD en Guerrero y al PAN en Sonora y Baja California Sur.
Mención especial merece la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a la gubernatura de Nuevo León, que de acuerdo con una encuesta del diario Reforma tiene muchas posibilidades de hacer historia si se convierte en el primer gobernador sin partido político en la historia del país en el caso de vencer a los candidatos del PRI y del PAN. El apoyo que le ha brindado Fernando Elizondo Barragán, excandidato de Movimiento Ciudadano, así como el escándalo de la mega corrupción en que está involucrado el actual gobernador, Rodrigo Medina, del PRI, refuerza la probable victoria de El Bronco, quien tendrá que enfrentar los embates del tricolor y Televisa para evitar que obtenga la gubernatura.
El triunfo de El Bronco en las urnas representaría un golpe letal contra el bipartidismo nuevoleonés, así como un serio revés para la partidocracia. Ante el desprestigio de los partidos políticos y la ausencia de personajes con la capacidad, liderazgo y prestigio necesarios para aspirar a la Presidencia dentro de las provincianas camarillas partidarias, el fortalecimiento de las candidaturas independientes introduciría frescura y esperanza al proceso electoral de 2018.
La renovación de los 500 diputados federales (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) también amerita una reflexión específica. De acuerdo con la encuesta de Consulta Mitoksky, el PRI tiene una preferencia electoral de 31.1, seguido por el PAN, con 23.6, el PRD con 17.6 y Morena con 10.7; en tanto que el Partido Verde tiene 6.3 y Nueva Alianza 3.2.
La posible composición de la Cámara baja, en número de diputados, quedaría así: El PRI, como primera minoría, con un mínimo de 193 y un máximo de 206 asientos; el Verde, entre 37 y 44; y Nueva Alianza, entre 10 y 15. Sumando las cifras más elevadas del PRI y el Verde, el tricolor tendría 250 escaños, por lo que sólo le faltaría uno para tener la mayoría absoluta.
Es conveniente tratar de evitar que el gobierno y su partido recuperen la hegemonía perdida en 1997, lo cual afectaría gravemente la división de poderes: el Congreso se reduciría a comparsa del Ejecutivo. Para ello quizá fuera mejor votar por alguno de los partidos que pudieran representar un contrapeso frente al poder presidencial en la Cámara baja y, en lugar de anular la boleta para diputados federales, recurrir al voto útil para contrarrestar la alianza del PRI con el Verde, Nueva Alianza y los que puedan sumárseles. Cada elector debe tomar esa decisión para emitir un sufragio informado y razonado.
Existe una relación directa entre la mala calidad de nuestra democracia y los grandes problemas de la nación: pobreza, desigualdad, deficiente educación, corrupción impune, inseguridad, violencia y magro crecimiento económico. Mala democracia y mal gobierno van de la mano. Por todo ello, la partidocracia y el sistema que la protege merecen un voto de repudio.
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