En lo que constituye un hecho inusitado, este mes el Papa Francisco ordenó la creación de un tribunal especial en el Vaticano para juzgar a quienes hayan protegido a curas pederastas. En México, uno de los hombres que más ha luchado contra el flagelo de los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes es Alberto Athié. En entrevista, dice ya tener la lista de los jerarcas católicos del país que caen en ese supuesto: la encabeza el arzobispo primado Norberto Rivera Carrera, defensor de Marcial Maciel.
Ante la inminente apertura en El Vaticano de un tribunal para juzgar a los obispos encubridores de sacerdotes pederastas –hecho inédito en la Iglesia–, en México ya se tienen la lista y los expedientes de los jerarcas católicos mexicanos enjuiciables por ese delito y que muy probablemente serán denunciados en la nueva instancia.
Encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, dicha lista también incluye a Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de San Luis Potosí; José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca; Jonás Guerrero, obispo de Culiacán; Marcelino Hernández, obispo de Colima; y Raúl Vera, obispo de Saltillo, entre otros.
Uno de los más combativos luchadores contra la pederastia sacerdotal en México, Alberto Athié Gallo, comenta a Proceso: “Ahora el Papa Francisco le subió de nivel al reconocer que no solamente existen sacerdotes pederastas, sino también obispos que los protegen. Reconoce la necesidad de procesar a estos obispos encubridores a través de un tribunal exclusivo para ellos. Es algo novedoso, nunca antes visto”.
–¿Cuál es aquí la estrategia? ¿Ya se detectó a los jerarcas mexicanos que encubren pederastas y podrán ser denunciados en ese tribunal?
–Sí, claro. Nosotros aquí ya tenemos los casos. Tenemos bien identificados a esos obispos. Incluso toda la información y todas las pruebas de sus encubrimientos. Yo llevo años de mantener contacto con las víctimas de abuso sexual, así como con sus abogados y con las organizaciones sociales que llevan cada caso. En ese aspecto no hay ningún problema.
“Nuestra estrategia es formar parte de una red de redes internacionales al momento de interponer nuestras denuncias. Es decir; vamos a denunciar a nuestros obispos, pero lo haremos acompañados con gente de otros países que harán lo mismo con los suyos. Ya estamos trabajando en ello”.
Athié señala que sólo están esperando que Francisco defina “cuáles serán las reglas del juego del tribunal, pues hasta el momento sólo fue anunciada su creación”.
La lista mexicana
El miércoles 10, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, anunció que durante una reunión con el consejo de nueve cardenales que lo asesoran en el gobierno de la Iglesia universal –conocido como el C-9–, el Papa decidió crear el tribunal, a raíz de una propuesta “de avanzada” hecha por la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores y presentada en ese encuentro cupular por el purpurado estadunidense Sean O’Malley.
El tribunal –dijo Lombardi– dependerá de la Congregación para la Doctrina de la Fe y tentativamente juzgará a los obispos por dos delitos: “abuso de cargo” y “negligencia”. Fue toda la información que adelantó.
Athié externa sus dudas: “¿Los obispos encubridores podrán ser denunciados sólo por las víctimas o también por terceras personas? ¿Las denuncias se interpondrán solamente en El Vaticano? ¿Podrán las víctimas participar en el proceso? ¿Cuáles serán los delitos y los castigos? ¿Será considerado delito el hecho de que un obispo no denuncie a un pederasta ante la justicia civil? En fin, faltan muchos puntos por definir”.
Por lo pronto, dice, ya tiene reuniones con algunas víctimas y sus abogados para preparar una estrategia conjunta y no “pecar de ingenuos”, pues el tribunal puede ser una maniobra vaticana de simulación que no combatirá a fondo el problema del encubrimiento episcopal.
–¿Quiénes son en México los obispos protectores de sacerdotes pederastas?
–pregunta el reportero.
–Para empezar está el cardenal Norberto Rivera. Sin duda es el prelado mexicano más implicado en dar protección a sacerdotes pederastas. Ni más ni menos fue el encargado de defender públicamente a Marcial Maciel, señalando que sus víctimas no eran más que partícipes de un complot contra la Iglesia. Maciel era un hombre muy poderoso e influyente en el pontificado de Juan Pablo II. Y la defensa del cardenal Rivera fue la defensa de un estratega.
“En cambio, la protección que dio Rivera a sus sacerdotes pederastas Nicolás Aguilar y Carlos López Valdés ya fue el típico encubrimiento de un jerarca a sus subalternos. Estos dos casos son muy conocidos y están ampliamente documentados. Ambos pederastas continúan libres y quizá abusando de menores”.
Por encubrir a Aguilar, Rivera fue demandado ante la Corte de Los Ángeles, California. El proceso sigue abierto en Estados Unidos. Por el caso de López Valdés, el mismo Papa Francisco reconoció su culpabilidad al grado de que le envió una carta a una de sus víctimas, Jesús Romero Colín, para pedirle perdón.
En su momento, el caso López Valdés fue tratado directamente por dos obispos auxiliares de Rivera: Jonás Guerrero y Marcelino Hernández. Ambos acordaron sólo darle tratamiento psicológico al abusador; jamás lo denunciaron ante las autoridades civiles ni tomaron en cuenta a las víctimas. Guerrero es actualmente obispo de Culiacán; Hernández lo es de Colima (Proceso 2004).
Pederasta en fuga
Athié señala que otro caso evidente de encubrimiento es el del arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, quien protegió a Eduardo Córdova Bautista, cura de su arquidiócesis y actualmente prófugo.
Cuenta: “Pese a las denuncias en su contra, incluso de adineradas familias católicas con mucho peso, la arquidiócesis de San Luis Potosí siempre estuvo encubriendo al padre Córdova y ascendiéndolo de cargo. El pederasta llegó a ser apoderado legal y encargado de las relaciones Iglesia-Estado de la arquidiócesis. Incluso tenía posibilidades de ser arzobispo. Era un hombre muy poderoso.
“Pero a raíz de que el padre Córdova abusó sexualmente de un menor de edad cuando lo llevó a pasear a la Ciudad de México, y de que este chico dio a conocer el abuso, la presión social orilló al arzobispo Cabrero a denunciar finalmente a su protegido ante la justicia civil. No le quedaba de otra. Hasta el experimentado cardenal Norberto Rivera tuvo que enviar a San Luis Potosí a su abogado, Armando Martínez, para que asesorara a Cabrero en este espinosísimo caso”.
Athié asegura que Córdova “durante 30 años” abusó de menores en San Luis Potosí mientras ejercía su ministerio sacerdotal. “Se calcula que abusó de más de cien niños”. Agrega que no sólo lo encubrió el actual arzobispo Cabrero, sino también sus dos antecesores en el cargo: Arturo Szymanski y Luis Morales Reyes, expresidente del episcopado mexicano.
“Cuando supo que la policía ya buscaba al padre Córdova, Luis Morales giró instrucciones para que sacaran al sacerdote del país. Morales es el más implicado en el caso”, afirma Athié.
Otro prelado a quien debería sentarse en el banquillo de los acusados, agrega Athié, es José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca.
Y relata su caso: “El padre Gerardo Silvestre Hernández, muy querido por el arzobispo, llevaba tiempo abusando impunemente de menores, hasta que un grupo de sacerdotes recabó pruebas y se las entregó al arzobispo Chávez Botello. Pero éste inmediatamente descalificó a los sacerdotes, diciéndoles que pertenecían a la corriente de la teología de la liberación y de la teología india, que tenían celo del padre Gerardo y sólo querían desestabilizar a la arquidiócesis.
“Así, Chávez Botello ideologizó la denuncia y protegió a su sacerdote incluso ante El Vaticano, a donde llegó el asunto. Allá le dieron la razón al arzobispo. Pero no en Oaxaca, donde las autoridades judiciales hallaron culpable al pederasta de un solo caso, entre varias denuncias presentadas. Y el padre Gerardo está actualmente preso por ‘corrupción de menor’, un delito menos grave que el que en realidad cometió. En cualquier momento pueden dejarlo libre debido a las gestiones del arzobispado”.
De igual modo, sigue Athié, debe ser juzgado en el tribunal vaticano Raúl Vera López, obispo de Saltillo y a quien se acusa en su diócesis de proteger a curas pederastas, al grado de que la procuraduría estatal ya lo citó a comparecer.
El 22 de enero de 2014, el sacerdote Pedro Pantoja –reconocido por su labor con migrantes– advirtió que en la diócesis había cuatro curas pederastas que debían ser denunciados ante las autoridades judiciales. Se reservó sus nombres.
Dos meses después, el 24 de marzo, la subprocuradora ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, Guadalupe Toca Zavala, informó a la prensa local que se investigaba a dos sacerdotes. Uno de ellos, dijo, ya había sido identificado, aunque se negó a dar su nombre para no entorpecer la investigación. “No podemos dar nada que esté dentro de la averiguación”, comentó en aquella ocasión.
Reveló que la procuraduría se vio obligada a “actuar de oficio”, pues a los sacerdotes jamás se les denunció de “manera formal”. Raúl Vera y otros directivos de la diócesis, dijo Toca, tuvieron que acudir a rendir testimonio.
Athié comenta: “El obispo Vera argumenta que los padres de una víctima le pidieron no denunciar ante las autoridades civiles. Yo personalmente le dije: ‘Tienes la obligación de denunciar, al margen de lo que te digan las familias de la víctimas’. Y así es, son delitos muy graves. El Código Penal y la Ley de Asociaciones Religiosas obligan a denunciar”.
El jueves 25 se dio a conocer la renuncia –“por causas graves”– del obispo de Autlán, Gonzalo Galván Castillo; se especula que la dimisión obedece a su encubrimiento del sacerdote Horacio López, denunciado en 2009 por abuso sexual y a quien sólo cambiaron de parroquia.
Por ese motivo la familia de la víctima acusaría después al obispo de negligencia.
Guía vaticana para encubridores
La posibilidad de llevar al tribunal vaticano a los prelados encubridores, aclara Athié, es estudiada por varias organizaciones no gubernamentales que han llevado algunos casos anteriores, como el Foro Oaxaqueño de la Niñez, la Iniciativa Ciudadana de San Luis Potosí, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes o el grupo de víctimas de Marcial Maciel.
Por su experiencia y conocimiento del tema, Athié se ha convertido en uno de sus principales asesores. Fue un sacerdote que dejó el ministerio para pasarse del lado de las víctimas. Gestionó denuncias contra Maciel en El Vaticano y actualmente, entre otras acciones, se dedica a documentar y presentar casos de abusos en Ginebra ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Entrevistado en la sala de su casa de Tepepan, el exsacerdote sopesa muy bien los alcances que puede tener el nuevo tribunal.
Y comenta receloso: “Con este tribunal, el Papa Francisco pasa del primer nivel, que es el de los sacerdotes pederastas, y salta a un segundo nivel, el de los obispos encubridores. Está bien. Sin embargo no toca para nada el tercer nivel, el de la curia romana y el propio Papa. ¡Es la alta cúpula vaticana! Aquí es donde se encuentran los principales encubridores, porque son ellos quienes dictan las directrices a seguir a los dos niveles de abajo”.
–¿Y cuál es la directriz para tapar los casos de pederastia?
–Es el documento “Solicitud de cómplice”, elaborado en 1962 por Juan XXIII y después perfeccionado por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Dicho ordenamiento exige a los obispos llevar los casos con reserva absoluta, sancionar a quien los divulgue hacia fuera de la institución, proteger la imagen de la Iglesia, evitar el escándalo y curar al pederasta mediante tratamiento psicológico o ejercicios espirituales. No toma en cuenta a las víctimas.
“Con el puro tribunal no se cambia para nada todo este mecanismo de encubrimiento institucional, que ya fue denunciado por la ONU en una recomendación que le hizo a la Santa Sede el año pasado. Y así es. Los obispos encubridores no surgen espontáneamente y sin razón alguna. ¡No! Ya tienen un background que los orienta en cómo encubrir a los sacerdotes y manipular a las familias de las víctimas cuando van a quejarse con ellos.
“Cuando se llevó a juicio al asesino nazi Adolf Eichmann, él se defendió diciendo que sólo cumplía instrucciones superiores al transportar a los judíos a los campos de exterminio. Igual, el cardenal Norberto Rivera, en caso de que se le llevé a juicio, podrá decir que él protegía pederastas por órdenes de arriba y porque es fiel a la Iglesia. Incluso podrá invitar a sus acusadores a que pasen a sentarse con él al banquillo de los acusados. Así de simple”.
Hasta el mismo Papa Francisco, dice Athié, ha sido encubridor de peligrosos pederastas. Y cita el reciente escándalo del exnuncio en la República Dominicana, Josef Wesolowski, quien abusaba de menores en ese país y se le descubrieron 87 mil fotografías y decenas de videos de pornografía infantil, los cuales al parecer compartía con miembros del ‘lobby gay’ de la curia romana. Cuando la policía dominicana estaba a punto de arrestarlo, el Papa ordenó que lo sustrajeran de la isla y se lo llevaran a Roma (Proceso 1930, 1945 y 1982).
“El caso Wesolowski es gravísimo para el derecho internacional, porque el Papa Francisco, como jefe de Estado, utilizó todo el mecanismo de Estado para sustraer a su diplomático del país donde delinquía y traerlo a su jurisdicción”, comenta Athié.
Son estos los motivos, dice, los que lo hacen ver con escepticismo el surgimiento del tribunal. ¿Se sentirán los juzgadores tan libres de pecado como para lanzar la primera piedra contra los obispos encubridores? Ese es el dilema de fondo.
“Por lo pronto”, reitera, “en México ya tenemos la lista de nuestros obispos enjuiciables. Sólo falta que nos digan las reglas del juego”. l
