JOSÉ GIL OLMOS
El PRI teme perder la mayoría absoluta que construyó en la Cámara de Diputados y buena parte de las gubernaturas que se disputarán el 7 de junio, según revelan documentos internos de ese partido. La culpa la tiene la pésima imagen de Enrique Peña Nieto; la alianza con el Partido Verde, cuyo dispendio mediático no reditúa lo proyectado, y las luchas intestinas. Ante ese panorama, el priismo ya no apuesta a sumar votos, sino a dividirlos entre sus oponentes. En Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal, por ejemplo, ordenó apoyar al PRD para debilitar a Morena.
El PRI está preocupado: calcula que en las elecciones del próximo 7 de junio perderá en 170 de 300 distritos electorales. De acuerdo con documentos internos de la dirigencia priista revisados por Proceso, ese partido admite que Enrique Peña Nieto es parte del problema, pues tiene una mala imagen entre los ciudadanos. Además, la alianza con el PVEM resulta menos efectiva de lo deseado: apenas le alcanzaría para mantener la mayoría relativa en la Cámara de Diputados.
Paralelamente, el PRI sospecha que perderá la gubernatura en Michoacán, donde nombró como candidato a Ascención Orihuela, y en Guerrero, con Héctor Astudillo, a quien el día de su lanzamiento en Chilpancingo le gritaron: “¡Ése ni en su casa gana!”. En Nuevo León se admite que la candidata Ivonne Álvarez tiene un contendiente muy fuerte: el panista Felipe de Jesús Cantú.
La más reciente encuesta de Parametría, publicada el lunes 23, muestra que las actuales intenciones de voto hacia San Lázaro son: PRI, 30%; PAN, 27%; PRD, 12%; Morena, 11%; PVEM, 10%; Movimiento Ciudadano, 3%; PT, 2%; Panal, 2%; Encuentro Social, 2%, y Partido Humanista, 1%.
De acuerdo con el ejercicio demoscópico de Jorge Buendía y Loredo, publicado en El Universal el 23 de febrero, el PRI sufrió una caída de 12 puntos porcentuales y tiene una ventaja de apenas cuatro sobre el PAN, que reporta el crecimiento más importante junto con Morena, el cual sumaría un total de 9% de las preferencias en sus primeros comicios.
Según el análisis de la cúpula del PRI, la alianza con el PVEM también es preocupante. No existe seguridad de que los integrantes de esa organización repitan los 11 puntos obtenidos en 2012, pese a la reciente campaña mediática en la que gastaron más de 500 millones de pesos. Se cree que pueden regresar a su nivel histórico de entre cuatro y cinco puntos.
Las multas por 166 millones de pesos impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la orden de detener la campaña en radio, cine y televisión que desplegó desde el año pasado frenaron el crecimiento del Verde. De hecho, el coordinador del PVEM en el Senado, Carlos Puente, anunció que su agrupación solicitará un crédito bancario por 150 millones de pesos para cubrir las multas, que alcanzan 80% de las prerrogativas anuales que le corresponden.
Un presidente que no reditúa
Desde hace meses, las encuestas nacionales evidencia un derrumbe en la percepción de la figura presidencial. El diario Reforma publicó el jueves 26 de marzo que la ciudadanía evaluó el desempeño de Peña Nieto con un promedio de cinco de calificación. Es la peor cifra desde que inició su sexenio. El mandatario tuvo su mejor nota en abril de 2013, cuando consiguió 6.3.
La encuesta cuatrimestral de dicho periódico indica que sólo 39% de la población aprueba el desempeño del titular del Ejecutivo y 57% lo reprueba.
Según el plan de evaluación electoral del PRI, el electorado percibe negativamente la gestión presidencial en lo concerniente a seguridad, transparencia, corrupción, violencia, derechos humanos y economía –que no crecerá ni 2% este año.
La desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, perpetrada entre el 26 y el 27 de septiembre pasado, y el escándalo de las propiedades de Angélica Rivera y Luis Videgaray, que presumiblemente implican conflicto de interés al haber sido financiadas por el contratista consentido de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, dañaron fuertemente la imagen del mandatario.
Otro golpe provino del pésimo estado que guardan los derechos humanos en el país. La administración federal fue criticada por la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos que le reprochan la gran cantidad de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura.
Esta situación, admite el PRI, ocasiona una “crisis discursiva” de esta organización ante el electorado.
Problemas internos
El PRI padece, además, problemas internos. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional asientan que hay malestar entre los altos mandos priistas, pues en el proceso de selección de candidatos sólo se beneficiaron los grupos de unos pocos –como los del presidente y la secretaria general, César Camacho e Ivonne Ortega–, mientras que todos los que organizaron el proceso electoral desde el 7 de octubre de 2014 fueron marginados.
Como ejemplo del desacuerdo se reporta lo ocurrido en Querétaro, donde casi 7 mil 500 personas renunciaron al PRI desde el miércoles 4 de marzo, cuando los candidatos rindieron protesta.
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, exdirigente tricolor en el Distrito Federal, también resquebrajó al PRI. Una investigación periodística realizada por el equipo de Carmen Aristegui reveló que el político fomentaba la prostitución desde su cargo empleando los recursos de su partido.
Sin embargo, el viernes 20 de marzo la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) determinó mantener a Gutiérrez en el PRI y sólo suspendió de manera indefinida sus derechos políticos. Poco antes de que se difundiera la decisión, renunció al partido la presidenta de la CNJP, Italy Ciani Sotomayor, y poco después Reyna Araceli Tirado Gálvez, quien sustituyó a Sotomayor sólo unas horas.
Armando Barajas Ruiz, consejero político nacional del PRI, impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución de la CNJP.
Otro problema interno fue la salida de Samuel Aguilar de la Secretaría de Elecciones por diferencias con César Camacho en la selección de los abanderados y en la política de alianzas.
Según algunos líderes del PRI (que pidieron el anonimato), la lista final de candidatos fue palomeada por Peña Nieto, previa criba de Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien propuso lanzar como aspirante a una diputación federal a David López, excoordinador de Comunicación Social de Los Pinos, con el objetivo de quitarlo de en medio para que fuese designado Eduardo Sánchez.
La primera semana de diciembre de 2014, Nuño afirmó que la caída de la imagen reformista del mandatario se debía a fallas del área de comunicación. “Han bastado más de dos meses de tragedia (en alusión a los normalistas de Ayotzinapa), sospechas de corrupción y errores de comunicación del gobierno para que las expectativas generadas hace dos años por el plan de reformas lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto al día siguiente de su toma de posesión, aquello que la prensa internacional llamó ‘el momento México’, se hayan desvanecido”, dijo en una entrevista con el diario español El País.
Ante este adverso panorama, algunos priistas apuestan al llamado “voto duro” para salir avante en las elecciones intermedias. Históricamente, en los comicios de mitad de sexenio ha participado alrededor de 47% del padrón nacional; sin embargo, ahora se prevé una concurrencia de 40% a 42%. A lo largo de los años, fomentar el abstencionismo le ha convenido al PRI, que tiene más voto clientelar y corporativista que otros partidos.
Mapaches y perredismo
A partir de la primera semana de abril, el PRI desplegará un ejército de 700 “delegados de activismo” u “operadores electorales” bajo el mando del secretario de Organización, José Alfaro, y del subsecretario, Gerardo García. Se encargarán de conseguir sufragios para el priismo y “movilizar la estructura” el 7 de junio, cuando en total se disputarán mil 705 puestos de elección popular en 17 estados.
A cada uno de los 300 distritos electorales se mandarán dos “delegados de activismo y movilización”. Los 100 restantes fungirán como coordinadores.
La orden presidencial es que en Guerrero, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal los operadores priistas apoyen al PRD. El primer objetivo es que la agrupación que declara ser de izquierda siga apoyando al peñanietismo. El segundo, que el perredismo funja de contrapeso ante el acelerado crecimiento de Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
“Morena ha mostrado un crecimiento sistemático desde finales de 2014, y en algunas zonas del país, como la Ciudad de México, con registros de preferencia cercanos a 20% o más. En esta medición es notable que Morena esté por arriba del Partido Verde por primera vez en la serie El Financiero-Parametría. La preferencia de Morena de 11% es la más alta que se ha registrado en la serie”, señaló la casa encuestadora en su última entrega.
La cúpula priista teme que el avance del Verde resulte insuficiente para dominar la Cámara de Diputados. La dirigencia calcula que el PRI conseguirá 130 diputaciones directas y 50 de representación proporcional. Es decir, obtendrá 180 curules frente a las 237 que tiene actualmente. El PVEM alcanzaría 25, siete más de las que hoy posee. La suma de ambos da 205, es decir, 46 menos de las que conforman la mayoría absoluta.
Las alarmas
Los documentos del PRI revelan otro temor de ese partido: el riesgo de que en algunas entidades el crimen organizado presione a los candidatos priistas a presidencias municipales, y de que diversos movimientos sociales traten de impedir la instalación de casillas.
Las entidades donde se presagia violencia son Guerrero, Oaxaca y Michoacán, mientras que en Baja California Sur, Sonora, Estado de México, Jalisco, Colima, Querétaro, Nuevo León y Morelos la amenaza proviene de los grupos criminales.
“De la presencia del crimen organizado no se quiere hablar nada”, dice un dirigente del PRI consultado al respecto. No obstante, indica que para las entidades donde los maestros y organizaciones sociales están anunciando un boicot “se militarizará la elección”: Se enviarán tropas para garantizar que se instale la cantidad de casillas necesaria para declarar válida la jornada electoral.
Según el entrevistado, que pide el anonimato, el PRI tiene escasas posibilidades de ganar las diputaciones locales y las delegaciones del Distrito Federal; de ahí que la estrategia sea restarle apoyo a Morena y apoyar al PRD, que hizo alianzas de última hora con el Panal y el Partido del Trabajo.
Por esta coalición en 14 delegaciones el comisionado nacional del PT en el Distrito Federal, Adolfo Orive, presentó su renuncia al cargo. En respuesta, la dirigencia petista lo expulsó del partido el jueves 26.
En la elección para gobernador de Baja California Sur, Nuevo León y Sonora, el priismo espera derrotas ante el PAN. En Guerrero perdería ante el PRD.
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