Anabel Hernández
Kerry y Peña Nieto. Los Pinos sin las columnas calderonistas. Foto: Especial |
Dos años lleva la Presidencia de la República negando que se haya reconvertido la casa Miguel Alemán –habilitada por Vicente Fox como oficinas– en un palacete para Enrique Peña Nieto y su familia. Sin embargo, en una entrevista sobre la polémica propiedad de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, el vocero Eduardo Sánchez admitió que el mandatario vivió en ésta mientras se remodelaba la residencia Miguel Alemán en Los Pinos. Así evidenció que las respuestas oficiales dadas a Proceso, donde se niega la existencia de las obras, son simples mentiras. Con ellas, Peña Nieto viola la Ley Federal de Transparencia y el Código Penal Federal.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El vocero del presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez Hernández, reconoció públicamente el 19 de noviembre pasado que se remodeló la residencia Miguel Alemán, en Los Pinos, para transformarla de oficinas a casa habitación de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, después de que la Presidencia ha negado esa transformación durante dos años.
En un intento de disminuir la crisis generada por la revelación del presunto conflicto de interés por la Casa Blanca –de la que Rivera se dice propietaria pero que está a nombre de una filial de Grupo Higa, uno de los principales contratistas de los gobiernos de Peña Nieto, el mexiquense y el federal–, Sánchez abrió un nuevo frente sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas del jefe del Ejecutivo federal.
En septiembre último este semanario reveló que a inicios del presente sexenio la residencia Miguel Alemán, que abarca más de 5 mil metros cuadrados y se usaba como complejo de oficinas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, fue radicalmente remodelada y adaptada con nuevo mobiliario, al estilo de un lujoso palacete para el presidente y su familia (Proceso 1976).
Al admitir que se remodeló la residencia Miguel Alemán, el vocero presidencial tácitamente reconoció que la administración de Peña Nieto ocultó a la opinión pública la obra y los recursos del erario que se gastaron en ella.
El miércoles 19, la periodista Carmen Aristegui entrevistó al vocero en su noticiero radiofónico transmitido por MVS. Sobre la Casa Blanca, que Rivera dice estar pagando con recursos personales pero en el Registro Público de la Propiedad aparece a nombre del contratista, sin hipoteca alguna, la periodista preguntó: “¿Asiste el presidente Peña Nieto a la casa de Sierra Gorda?”.
Sánchez respondió: “El presidente Peña Nieto, recordarás, Carmen, que al principio de la administración, cuando la casa Miguel Alemán, en la residencia oficial de Los Pinos, que está destinada a albergar a la familia presidencial, había sido ocupada para oficinas y en tanto se estaba haciendo esa modificación, el presidente de la República tuvo su domicilio ahí (en la casa de Sierra Gorda)”.
Persistente negación
Desde antes de la transición gubernamental entre las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto, fuentes vinculadas al primer círculo de este último comentaron sobre la remodelación de la residencia Miguel Alemán.
Al inicio de la administración de Vicente Fox, con el supuesto fin de acabar con la imagen de una “presidencia imperial”, la construcción donde vivían los presidentes desde la década de los cincuenta fue transformada en oficinas del mandatario y de su equipo, con salas de espera y de juntas, así como comedores para visitas oficiales.
En la transformación de la residencia Miguel Alemán y de dos cabañas que fueron acondicionadas para que las habitaran Vicente Fox y su familia, se gastaron más de 61 millones de pesos. La administración calderonista mantuvo el uso burocrático de esos espacios.
Ya que tiene autoridad administrativa y la responsabilidad del uso del inmueble, la Presidencia autorizó la mencionada remodelación para reconvertir nuevamente las oficinas en residencia al gusto de la familia Peña-Rivera. Pero lo hizo sin explicación, en la opacidad absoluta.
Una investigación realizada por Proceso durante dos años documentó, incluso con fotografías de la propia Presidencia, los notorios cambios al inmueble.
Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014 se hicieron cinco solicitudes de información, a través de la Ley Federal de Transparencia, acerca de la remodelación y redecoración de la casa Miguel Alemán (solicitudes números 021000134112, 0210000064213, 0210000076514, 02100000 94114 y 0210000094014).
El segundo de estos requerimientos especifica:
“En diciembre de 2012 presenté la solicitud de información 021000134112, en la que pedí los contratos, convenios o cualquiera que fuera la modalidad para la realización de remodelaciones en Los Pinos, incluyendo la residencia Miguel Alemán y las cabañas que han servido de casa habitación para el presidente y su familia desde el sexenio de Vicente Fox.
“La Presidencia no informó sobre los trabajos de remodelación que actualmente se llevan a cabo para adecuar las instalaciones a las necesidades del presidente Enrique Peña Nieto y su familia, así como las actuales remodelaciones a oficinas que se están llevando a cabo en Los Pinos.
“La propia esposa del presidente, la primera dama Angélica Rivera, en la entrevista concedida recientemente a la revista Hola, afirmó que se estaban llevando a cabo remodelaciones en Los Pinos.
“Con base en la Ley de Transparencia solicito que la Presidencia de la República me informe desde qué día comenzaron las remodelaciones que se están realizando en Los Pinos con motivo de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, así como de su familia. Solicito el desglose detallado de qué trabajos específicos se están realizando, en qué edificios y áreas de Los Pinos se están haciendo dichos trabajos y cuándo serán concluidos cada uno de ellos.
“Solicito copia del documento, minuta o cualquiera que sea la modalidad en la que se autorizaron dichos trabajos y bajo qué criterio. Así como el plan de obras, si es que éste existe.”
Como respuesta a esta y las otras solicitudes, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependientes de la Coordinación General de Administración de la Presidencia, afirmaron que no existía tal remodelación en la residencia Miguel Alemán.
Aseguraron, también oficialmente, que no existía ningún registro documental, ni de ningún tipo, del contrato de servicios y presupuesto destinado a la “remodelación, adecuación o construcción de dicho inmueble”.
No obstante, las fotografías de antes y después de los trabajos muestran el dramático cambio: se demolieron cuatro columnas de cantera monumentales que enmarcaban el recibidor de la residencia; se quitaron los plafones falsos y la instalación eléctrica propia de oficinas, y se construyeron nuevos baños, recámaras, clósets, vestidores y estancias para la familia Peña-Rivera.
El nuevo menaje
Para atender los gustos de los nuevos inquilinos se le quitó a la residencia el estilo mexicano contemporáneo que se le impuso en la costosa remodelación realizada en el inicio del sexenio de Fox, y se le dio el aspecto de palacete.
Se decoró con nuevo mobiliario de estilos Luis XV y provenzal. Se amueblaron las salas con sofás y sillones de tapices capitonados, de terciopelo y telas con brocados. Se eligieron mesas doradas y plateadas. Se cubrieron paredes con tapices de brocados y rayas, y se colgaron en los grandes ventanales, algunos de doble altura, cortinas con cenefas drapeadas tipo imperial en forma de cascada. Se colocaron cuadros y tapetes de tipo persa.
En dos de las solicitudes de información interpuestas por Proceso con base en la Ley de Transparencia se pidió a Los Pinos el monto erogado, las facturas y los correspondientes registros –en el inventario que por ley se lleva en todos los inmuebles públicos– de las cortinas, muebles, floreros y demás adornos que se ven en las fotografías de la residencia Miguel Alemán publicadas en internet por la Presidencia.
A través de la Secretaría Particular de Peña Nieto, el Estado Mayor Presidencial y la Dirección de Finanzas y Presupuesto, la Presidencia respondió que no tenía información sobre esos bienes.
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales contestó que los muebles, adornos y cortinas “son propiedad particular perteneciente a la familia que ocupa el inmueble”, pero no entregó documentos de prueba; además, se negó a proporcionar las bitácoras de registro de cuando fueron ingresados a Los Pinos los muebles y objetos decorativos supuestamente propiedad de la familia Peña-Rivera.
Según la declaración patrimonial que Peña Nieto hizo pública la semana pasada, entre propiedades, obras de arte y joyas, es dueño de un menaje con valor de 1 millón de pesos. Pero los muebles y cortinas que se encuentran en la residencia Miguel Alemán, y que a decir de la Presidencia son propiedad de su familia, superan con mucho esa cantidad.
El engaño en que incurre la Presidencia al ocultar la remodelación de los edificios mencionados y su costo viola la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo mismo que el Código Penal Federal.
De acuerdo con la primera, se hacen acreedores a una sanción administrativa los funcionarios que sustraigan, destruyan u oculten total o parcialmente “información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión”.
También incurren en responsabilidad al “actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley”, y al “entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso”.
A su vez, el artículo 214 del Código Penal Federal señala que el delito “de ejercicio indebido de servicio público” lo comete aquel funcionario que “por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”.
Lo mismo ocurre con el servidor público que “por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifiesten hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos”.
Desde septiembre pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) procesa diferentes recursos de revisión interpuestos por este semanario contra la Presidencia por las respuestas mencionadas.
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