12 DE NOVIEMBRE DE 2014
ANÁLISIS
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| Normalistas queman vehículos en el Congreso de Guerrero. Foto: José Luis de la Cruz |
MÉXICO, D.F. (apro).- El 7 de julio de 2015 habrá elecciones en 16 estados. En nueve de ellos se elegirá gobernador, diputados locales y presidentes municipales, y los dos últimos puestos en las otras siete entidades, además de que a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados.
Pero visto desde las circunstancias actuales, el proceso electoral tendrá serios problemas por la crisis de gobernabilidad que hoy padecemos.
Desde ahora se ha comenzado a detectar que la frágil democracia mexicana está en riesgo por la ausencia de justicia, los altos niveles de violencia y los indicios de una clara fusión de políticos y miembros del crimen organizado, ávidos de instalarse en las posiciones de gobierno.
Los escandalosos casos de simbiosis entre narcotraficantes y políticos –como ocurrió en Guerrero con el presidente de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quienes protegían al grupo Guerrero Unidos, o en Michoacán con los exgobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna, que recibieron dinero de los Caballeros Templarios– son los ejemplos más claros y recientes del poder del narcotráfico en las elecciones.
La incipiente democracia mexicana también está en peligro porque las instituciones que la soportan no responden a los intereses ciudadanos, sino a grupos políticos, a emporios económicos –como las grandes empresas de medios– y al propio gobierno federal emanado del PRI, que pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar.
Con el fracaso de la transición a la democracia con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón devino un proceso de debilitamiento en todas las estructuras e instituciones de gobierno, judiciales y legislativas, y con ello la oportunidad para que el crimen organizado se posicionara erigiéndose en cogobierno o en narco- Estado en algunas regiones del país, donde los grupos criminales son los que controlan el territorio y establecen su ley de terror y violencia.
No hay nada que garantice que las próximas elecciones estén blindadas del poder del crimen organizado, cuando recientemente hemos visto a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados locales y federales involucrados con algunas bandas criminales.
La falta de justicia, esto es, el reino de la impunidad, permite que los criminales y sus socios políticos establezcan nuevos pactos o alianzas en algunas de las entidades donde habrá elecciones, como Sonora, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, donde hoy se ven con mayor poder.
En su ambición por alcanzar más espacios, los partidos políticos no han establecido los filtros y diques necesarios para impedir que lleguen miembros de grupos del crimen organizado interesados en cotos de poder como no los tenían antes en el gobierno.
La corrupción entre la clase política es el terreno más fértil para que el narco-Estado expanda sus redes y tentáculos por otras regiones del país que son propicias para el negocio del tráfico de drogas o las nuevas vertientes económicas del crimen organizado: extorsión, secuestro, cobro de impuestos y control del mercado informal.
Pero también lo es la impunidad. El caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde ha habido una clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y colusión entre crimen organizado y grupos políticos, ha prendido la mecha de una llamarada que ya alcanzó las puertas del Palacio Nacional y las sedes del gobierno y del Congreso local.
Esta rabia contenida también se ha reflejado en las agresiones a los perredistas Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Jesús Zambrano, que bien podrían replicarse hacia miembros de otros partidos políticos, pues la gente, el ciudadano de a pie, ha comenzado a manifestar su hartazgo en agresiones. La ministra Olga Sánchez Cordero fue interpelada en un foro en Veracruz bajo el grito de “asquerosa ladrona”, por un joven que le reclamó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de impedir la consulta a la reforma energética.
La inconformidad social traducida en violencia crece conforme salen más escándalos, como la casa de 7 millones de dólares que construye la esposa de Enrique Peña Nieto con sus “ahorros” como actriz, según argumentó el vocero del gobierno federal. Y no se descarta que llegue hasta las elecciones del año que viene, pues lo más probable es que sigan saliendo nuevos escándalos de corrupción, impunidad, injusticia y colusión de narcos y políticos.
Twitter: @GilOlmos
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