Destapa Riva Palacio las indecisiones de Peña Nieto que permitieron desaparición de #43 normalistas
ESTRICTAMENTE PERSONAL
Raymundo Riva Palacio
¿Quién le dijo al presidente Enrique Peña Nieto que la desaparición de43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre no era un tema de competencia federal? ¿Quién le sugirió deslindar a su gobierno de un delito que puede constituirse en un crimen de lesa humanidad? La respuesta se encuentra dentro de su despacho en Los Pinos, donde durante días recibió información de su gabinete de seguridad que era un delito del fuero común. Lo reiteró hace dos semanas el secretario de Gobernación y lo ratificó el procurador general el viernes, en una desafortunada conferencia de prensa. La realidad es que timaron al presidente y alguien en su equipo lo expuso.
Lo que sus funcionarios le informaron sobre los hechos en Iguala provocó que el 9 de octubre declarara a la prensa que el gobierno de Guerrero debía asumir su responsabilidad sobre los hechos en Iguala. Que asuma “las responsabilidades que corresponden a los gobiernos locales”, precisó. La Secretaría de Gobernación estuvo informada desde el primer momento de lo que sucedía en Iguala. Una hora después de ser informado –a las 22 horas– de lo que pasaba la noche del 26 de septiembre, el gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre le informó por teléfono al subsecretario Luis Enrique Miranda. Aun así, cuando la Fiscalía de Guerrero pidió respaldo a la Policía Federal y al 27 Batallón de Infantería horas más tarde para controlar a los policías municipales, se lo negaron.
Esto fue lo último de una omisión prolongada, porque la realidad es que desde meses atrás, lo que sucedía en Iguala era de competencia federal. En mayo pasado la Fiscalía General de Guerrero entregó un expediente y una declaración ministerial a la PGR donde acusaba al entonces alcalde José Luis Abarca de homicidio, y describía el modus operandi con que actuaban las policías de Iguala y Cocula como parte de Guerreros Unidos. La PGR simplemente lo ignoró.
La acusación contra Abarca se centraba en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, en 2013, un episodio ampliamente socializado hoy, que el procurador Jesús Murillo Karam negó públicamente tener conocimiento oficial de él. El procurador mintió. Tras el asesinato de Hernández Cardona y otros siete perredistas, el militante de ese partido René Bejarano intervino en el caso y lo federalizó. Meses después, el fiscal de Guerrero Iñaki Blanco acusó a Abarca del homicidio y entregó el expediente a la PGR para su consignación.
La PGR había pedido la investigación de Hernández Cardona al mes de su asesinato, pero no hizo nada. En junio de este año, el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, preguntó al titular de la Unidad de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Alberto Ramírez, cuándo consignarían a Abarca por el homicidio. Antes que termine el mes, respondieron, porque estaban esperando la ampliación de declaraciones de un testigo para consolidar el caso. Ese testigo parece ser José María Chávez Magaña, El Pony, jefe de La Familia Michoacana en el Estado de México y capturado en junio.
El Pony estableció la relación de Abarca con Joaquín El ChapoGuzmán, y declaró en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada que estaban confrontados por un préstamo que le hizo Guzmán que nunca le pagó. Como consecuencia, después de que Guzmán fue detenido, dijo El Pony, su sobrino se vengó y secuestró a su suegra, la madre de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, a quien videograbó y distribuyó la entrevista clandestina por YouTube. La suegra de Abarca admitió la participación de sus hijos en el crimen organizado y lo acusó a él y al exgobernador de recibir dinero de delincuentes.
La PGR no hizo nada contra Abarca. Después de casi cuatro meses de inacción en la SEIDO, Blanco le insistió el 24 de septiembre a Ramírez, de la PGR, cuándo iban a consignar al alcalde de Iguala. La respuesta fue similar a la que dio en junio: en breve. Dos días después de ese intercambio, sucedieron los hechos en Iguala. Abarca y su esposa se fugaron el 30 de septiembre, pese a estar vigilados por la Policía Estatal, y hasta la fecha aún no se sabe quién los ayudó a evadir a la justicia.
Pero la paralización de la PGR durante todos esos meses permitió queGuerreros Unidos continuara sus operaciones en colusión con las autoridades municipales en Iguala, en un entorno de impunidad que alimentó la actitud de Murillo Karam y de los responsables de la SEIDO –su titular Rodrigo Archundia fue removido en octubre y remplazado por Hugo Ruiz, muy cercano a la subprocuradora Mariana Benítez, mano derecha del procurador–. No fue la única negligencia de Murillo Karam y su equipo.
En mayo de 2014, la PGR recibió de la Fiscalía de Guerrero una declaración ministerial donde se describía con detalle el modus operandi de las autoridades de Iguala y Cocula en combinación con Guerreros Unidos. Era una premonición de lo que sucedería en septiembre. De esto se hablará en este espacio mañana, como parte de toda la documentación que prueba que lo que pasaba en Iguala desde hace tiempo era de competencia federal, no del orden común, como hicieron creer el presidente de la República.
Parte II
En mayo de 2014, la Fiscalía de Guerrero remitió a la PGR la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, como parte de la documentación que aportó al procurador Jesús Murillo Karam, sobre la presunta participación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en homicidios y vínculos con la delincuencia organizada. Pineda Vega, quien está preso en Acapulco acusado de secuestro, describió con detalle el modus operandi de las autoridades municipales de Iguala y Guerreros Unidos, en un relato premonitorio de lo que sucedería en septiembre, cuando en asesinaron a seis personas y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.
La declaración de Pineda Vega, que trabajó con el líder de izquierda Arturo Hernández Cardona asesinado en 2013, nunca fue tomada en cuenta por la PGR. De haberle puesto atención en aquél momento, las posibilidades de impedir la desaparición forzada de los normalistas que ha puesto de rodillas al gobierno de Enrique Peña Nieto, probablemente serían muy altas. Se puede alegar que de haberse actuado en su momento, lo sucedido la noche del 26 de septiembre habría disparado en automático la participación federal y haberlo salvado de esta crisis.
En su declaración de tres páginas, Pineda Vega afirmó que fue detenido porque dio entrevistas a los medios tras el asesinato de Hernández Cardona donde denunciaba a la banda Guerreros Unidos. “Este grupo de gentes han secuestrado a innumerable número de personas y desaparecido a otras tantas”, dijo al ministerio público.
“Uno de los que recuerdo (es) Luis Pacheco y su esposa… a quienes secuestraron en… marzo de este año. El motivo fue porque secuestraron a su hijo que era policía… y le fueron a reclamar al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, y al presidente municipal… Abarca que les entregaran a su hijo”.
Pineda Vega –sin parentesco con la esposa del alcalde y los fundadores de Guerreros Unidos-, describió en su declaración a la organización criminal. Dijo que Abarca y Flores Velázquez –prófugo tras los hechos en Iguala-, instruyeron a Mario Casarrubias -”El M”, a quien se identifica como fundador de la banda-, y a su hermano Rafael, de secuestrar a los esposos Pacheco. Pineda Villa identificó a los Casarrubias como “el brazo armado del presidente municipal y del director de Seguridad Pública, (que) también forman parte de la organización de los Guerreros Unidos”. E
En la declaración mencionó a varios de los actores criminales que han surgido en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre ellos se encuentran los hermanos conocidos como “Los Peques”, a quienes se denunció como participantes en la represión a los estudiantes, y a quien Pineda Vega identificó por sus nombres –Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador Pedraza Salgado- y dio sus direcciones.
Pero sobretodo, mencionó a criminales que jugaron un papel central en la violencia contra los jóvenes. Los principales son los identificados por los testigos de los hechos de septiembre, Gildardo López Astudillo, el “Gil”, conocido también como “El May”, señalado como la persona que recibió a los normalistas de manos de los policías, y “El Chucky”, a quien señaló Pineda Vega como el jefe de sicarios de la banda, y mencionado como la persona que dio la orden de matar a los normalistas y llevarlos a las fosas de Pueblo Viejo, donde encontraron hace unos días seis osamentas que el procurador Murillo Karam dice que muy probablemente pertenezcan a algunos de los estudiantes desaparecidos.
No fueron los únicos en la estructura criminal que señaló Pineda Vega. En la declaración ignorada por la PGR, Pineda Vega incluyó los nombres de funcionarios municipales y autoridades ejidales y describió, desde entonces, cómo trabajaban las policías de Iguala y Cocula para Guerreros Unidos, bajo las órdenes, aseguró, de Abarca.
Bajo esa estructura jerárquica, la organización criminal operaba, de acuerdo con la declaración ministerial de Pineda Vega, en un tándem para acciones de secuestro y extorsión. “La policía municipal levanta a las víctimas y ellos entregan a Guerreros Unidos y después estos se encargan de negocias su rescate”, declaró.Dijo que la cuota de extorsión a los comerciantes era de 10 a 20 mil pesos mensuales, y los únicos establecimientos exentos de esos pagos eran el Centro Joyero, el centro comercial y la farmacia “Guadalajara”, propiedad de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a quien llamó una “mujer poderosa” y “comadre” de narcotraficantes.
¿Por qué la PGR no hizo nada con esa declaración? Tampoco abrió una investigación, pese a que Pineda Vega incluyó acusaciones directas contra Abarca por los asesinatos síndico Justino Carbajal, sobrino del ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y del líder comunitario Rafael Ochoa. La respuesta a la omisión de la PGR puede encontrarse en la misma racional del porqué si sabía la operación criminal de políticos, policías y Guerreros Unidos en Iguala y Cocula incurrió en tan flagrante negligencia.
Pero no sólo falló ese aparato de procuración de justicia. Los servicios de inteligencia civiles y militares del Estado Mexicano sabían desde hace meses lo que sucedía en Iguala y de la responsabilidad de su alcalde, pero tampoco hicieron nada. Ni siquiera, en ambos casos, le informaron al presidente Peña Nieto lo que sabían. La responsabilidad de la barbarie, como se verá en próximos textos, es más amplia de lo que parece.
Parte III
La recomendación al presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa legítima podían comenzar una rebelión.
El mes que discutieron en Los Pinos si convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia, les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.
Actuar como Poncio Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno.
El punto de inflexión para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder del magisterio, allanaría al camino de la Reforma Educativa. Desde el interior del gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente, descalificaron las opiniones.
Cuando fue detenida, le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario. Desde la Secretaría de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda -compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial.
De cinco entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron plazas, contra lo que establece la Reforma Educativa, y más de 12 mil millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los Pinos y Bucareli. El alegato ante el Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En Michoacán llevaron la racional al extremo.
Por sugerencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-, se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión, que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los movimientos armados.
¿Sabrá el Presidente que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son las que están causando la violencia en aquél estado? Dentro del gobierno sabían que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero, compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en el CISEN.
Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz, participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el gobierno de Guerrero. Uno de los documentos -de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman “subversión”, podía generar en el estado.
“No hay vínculos orgánicos entre el magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan entre los riesgos: 1.- Pueden desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político (que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios). 2.- La confluencia del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar escenarios de confrontación. 3.- Proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por actores CETEG-subversión. La información les había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro meses, no se reúne el grupo.
El equipo que hacía seguimiento de los movimientos armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al gobierno. Lo sabían en el gobierno pero no hicieron nada entonces, ni parece, ahora.
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