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| El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Foto: Octavio Gómez |
CANCÚN, Q. Roo (apro).- El Juzgado Séptimo de Distrito radicado en esta ciudad ordenó al gobernador Roberto Borge Angulo y otros dos funcionarios del gobierno, frenar los actos de infamia contra la diputada federal panista Alicia Ricalde Magaña.
Dentro del mismo proceso se exigió a dos funcionarios más, uno de ellos del Poder Judicial del Estado, que dejen de enviar mensajes vía Twitter contra la legisladora.
Con esta última suman tres las órdenes emitidas al gobernador para cesar los actos de infamia contra ciudadanos quintanarroenses. Anteriormente el juez otorgó suspensiones a los periodistas Noma Madero y Agustín Ambriz, presidenta y director del semanario Luces del Siglo, respectivamente.
El juez Séptimo de Distrito de Quintana Roo, Darío Alejandro Villa Arnaiz, otorgó “por oficio y de plano” la suspensión de actos de infamia contra Alicia Ricalde, como parte de la demanda de amparo indirecto presentada por la diputada panista contra el gobernador Roberto Borge y otros cuatro funcionarios.
“Al tomar en cuenta que la promovente (Alicia Ricalde) señala como acto reclamado la pena de infamia, de la que afirma es objeto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se decreta de oficio de plano la suspensión para que ésta cese de inmediato”, determinó el juez en la demanda de amparo 1186/2014-V.
De acuerdo con el fallo, debe cesar “cualquier acto de intimidación o molestia a la quejosa en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia”.
La legisladora, hermana del expresidente municipal perredista de Benito Juárez, Julián Ricalde, refirió que por órdenes del gobernador y con el uso de los convenios de publicidad, ha sido atacada en la mayoría de los impresos editados en la entidad.
En relación con las agresiones en los medios impresos, el juez ordenó finalizar esos actos de infamia a Borge Angulo; al secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, y al director de la Unidad del Vocero, Rangel Rosado.
Asimismo, ordenó al director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del estado, Lino Magos, y al diputado local y presidente estatal del PRI, Pedro Flota, que cesen “la emisión de mensajes e imágenes infamantes a través de medios electrónicos”.
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