La pérdida de la renta petrolera derivada de la reforma energética requiere que obtengan recursos de otro lado, y en consecuencia, la sociedad es la que acaba pagando los negocios petroleros de Peña Nieto con más impuestos y menos crecimiento.
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Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México no sólo no han generado crecimiento económico ni han creado los empleos que tanto se prometían en la propaganda del régimen sino que, han desatado polarización social, encono e irritación, mandado a la informalidad a miles de comerciantes y pequeños empresarios y multiplicado la delincuencia en casi todo el territorio nacional.
De igual manera han generado un brutal endeudamiento en el país. El endeudamiento del Ejecutivo federal aprobado en la Ley de Ingresos 2015 es por 595 mil millones de pesos y 6 mil millones de dólares (a 13.40 pesos por dólar son 80,400 millones de pesos), es decir, entre el financiamiento interno y externo: el endeudamiento total es de 675,400 millones de pesos, esto equivale a 1,850 millones de pesos diarios.
El manejo económico ha sido desastroso, cada trimestre se ha tenido que ajustar a la baja los pronósticos de crecimiento y se ha desatado la turbulencia cambiaria en detrimento del peso. Llevan dos años equivocándose y todo apunta a que se volverán a equivocar, porque las causas del estancamiento permanecen intactas. Hasta el 2013 la deuda representó el 35.5% del PIB, se espera que a finales de este año esto se incremente a 40.28 por ciento. Las cifras expuestas evidencian que se produjo un aumento de 5 puntos porcentuales en tan sólo 19 meses, lo cual, de seguir la tendencia, superará el 50% a final del sexenio.[1]
¿Cómo se podrá hacer frente a una deuda tan grande, cuando la capacidad recaudatoria del país es deficiente?
¿Qué mecanismos se tienen previstos para evitar que lo preliminar comprometa la estabilidad macroeconómica de la nación?
¿De dónde provendrán los recursos para pagar los empréstitos contraídos?
Han entregado el petróleo y los hidrocarburos a los extranjeros apostándole a que este acto privatizador y corrupto motivará una catarata de inversiones sin valorar el boquete fiscal y la nula integración a las economías regionales y la nacional de estas supuestas “inversiones”, porque no hay ningún elemento que obligue en los hechos a los piratas petroleros extranjeros a utilizar proveedores del país.
En su voracidad recaudatoria el gobierno aumentó los impuestos cuando la economía está débil.
Peña Nieto y su equipo siguen aplicando una política económica procíclica en lugar de contracíclica, persisten en el error del terrorismo fiscal, apretando a los mismos contribuyentes cautivos y manteniendo los mismos privilegios fiscales para un puñado de grupos monopólicos y oligopólicos nacionales y extranjeros.
La pérdida de la renta petrolera derivada de la reforma energética requiere que obtengan recursos de otro lado, y en consecuencia, la sociedad es la que acaba pagando los negocios petroleros de Peña Nieto con más impuestos y menos crecimiento.
La “nueva estrategia” es: aumentar el gasto para activar la economía - ¡pero con deuda! - y la economía sigue sin reaccionar. Las tiendas departamentales como Wal-Mart y Soriana han bajado en sus ventas. En el gasto público sigue prevaleciendo la corrupción y el derroche, como con el avión presidencial de 7,500 millones de pesos. ¡El modelo no funciona! genera debilidad estructural al concentrar el ingreso y castigar a los consumidores.
En ese contexto, en un México estancado y endeudado, no se ha logrado frenar la delincuencia ni las graves violaciones a los derechos humanos, que son cosa de todos los días, con un Ombudsman omiso y entregado al poder presidencial. No es sólo Guerrero un estado con una aguda problemática social y delincuencial, son contados los estados y regiones que no son azotados por la delincuencia. El Estado de México, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas son otras de las entidades con altos niveles de violencia. Es Iguala, pero también están Tlatlaya, Estado de México; San Fernando, Tamaulipas; Chalchihuapan, Puebla; etc, etc.
México es, utilizando una expresión que se ha vuelto ya una definición popular, una fosa clandestina. Tan sólo en Durango capital en 2011, en plena zona urbana, se encontraron más de 300 cuerpos en fosas.
Si a este escenario de economía estancada, delincuencia desatada y complicidades políticas se le suman los agravios de las reformas de Peña Nieto y el Pacto por México, bien puede entenderse el enojo social y las movilizaciones crecientes en las calles y en las redes sociales. La reforma educativa y las medidas que la rodean han propiciado que maestros y estudiantes tomen las calles y muestren su insatisfacción con el régimen. Han radicalizado sus posturas a raíz de la violencia criminal de Iguala, pero ya antes habían encabezado fuertes movilizaciones de protesta e indignación. Antes de Ayotzinapa, estuvo el Instituto Politécnico Nacional con movilizaciones estudiantiles masivas.
Los hechos de Iguala por la brutalidad incalificable que les rodea y el involucramiento de policías municipales, por el asesinato de jóvenes normalistas, menores deportistas y civiles y la desaparición forzada de 43 jóvenes ha merecido la condena nacional e internacional y la solidaridad de todos los sectores sociales que demandan la localización de los jóvenes, pero este evento criminal e inhumano ha sido un catalizador del clima social de agravio y de rechazo a instituciones que impera en un sector cada vez mayor de la población.
Además de la fuerte protesta contra autoridades locales, lo de Iguala ha motivado una insurgencia nacional que no se puede soslayar. Resulta de una gran hipocresía y una posición muy cómoda voltear la mirada frente a la devastación que ha motivado el gobierno federal. No hay enmienda peñanietista que no haya agraviado a algún sector, por eso en este mismo espacio hemos hablado de una República de agravios, por eso en las redes sociales hay voces que no sólo hablan de la salida del cargo de un Gobernador sino que directamente piden la renuncia del Presidente de la República.
Con sus reformas del Pacto por México, las violaciones recurrentes a los derechos humanos y la fallida estrategia de combate al crimen organizado y la delincuencia que viene desde Felipe Calderón, Peña Nieto y sus aliados han despertado al México bronco.
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