| Daños producto de la contaminación de Grupo México |
(26 de agosto, 2014).- Ahora sí, la oligarquía desenvainó la espada para colocársela en el pecho a Enrique Peña Nieto. Con el cinismo y la soberbia que caracteriza a sus más prominentes miembros, le exigieron impunidad plena para Germán Larrea. No obstante el terrible daño ambiental que provocó en el estado de Sonora el derrame de químicos altamente tóxicos, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani; y el de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, salieron en defensa del magnate.
Los argumentos de ambos dirigentes son de antología, demostrativos del gran desprecio que le tienen a la sociedad mexicana. Para ellos no cuenta en absoluto el futuro del país, sino la posibilidad concreta de acrecentar sus fortunas y privilegios, aunque con ello causen dramáticos daños, muchos de ellos irreversibles, como los que ha estado ocasionando Grupo México por la voracidad enfermiza de su principal accionista, cuya mentalidad es propia de un señor feudal.
Gutiérrez Candiani afirmó: “Grupo México es una empresa muy seria, que invierte mucho en México, es muy comprometida y se necesita porque genera miles y miles de empleos. Yo creo que hay que componer lo que se tenga que componer, y si se determina que pague la multa que sea necesaria y así evitar que vuelvan a suceder este tipo de situaciones”. Por su parte, Castañón dijo: “Antes de tomar medidas precipitadas se debe hacer un estudio verdadero y profundo sobre las causas del derrame. Desde nuestro punto de vista, Grupo México es una empresa sumamente seria, con un historial importante y no puede estar sujeta a un criterio rápido y fácil”.
Ambos consideran que la justa protesta ciudadana, en particular la de los afectados, “es una medida política” que “evidentemente mandaría un mal mensaje a los inversionistas”. El mensaje que ellos demandan es el de que aquí en México pueden hacer lo que se les pegue la gana, mientras a los oligarcas “mexicanos” les conviden del pastel que significa la entrega de nuestros recursos energéticos a las grandes empresas trasnacionales.
Hacer valer realmente el Estado de derecho, que sería lo mínimo en cualquier democracia del primer mundo, es para Castañón una “medida precipitada”. Para él lo recomendable es que las autoridades se coludan con los empresarios, los protejan y permitan una explotación de los asalariados como si estuviéramos en el siglo diecinueve. Tal es su noción de Estado de derecho, aunque para engañarse solos digan, como el dirigente del CCE: “Nosotros abogamos porque haya un Estado de derecho pleno y todos los mexicanos, empresas o agentes, cumplan con la ley”. Todos menos ellos, por supuesto.
Para ellos, Germán Larrea es víctima de una “medida política”, no el propietario de una organización que ha sabido ganarse el desprecio de la sociedad por sus abusos. Ser llamado a cuentas, por su criminal proceder “empresarial”, es una “medida precipitada”. Si nada pasó por el siniestro fatal que costó la vida de 67 mineros en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, no se explican cómo es que ahora, por un simple derrame de 40 mil toneladas de productos químicos sumamente tóxicos en dos ríos esenciales para la vida de siete municipios en Sonora, se pida que se ejerza la ley. ¡No se vale!
Ahora la solución de este nuevo crimen industrial está en manos de Peña Nieto. Es incuestionable que el modo como lo haga será determinante para el futuro rumbo del país. Dejar que sea el tiempo el que haga olvidar los agravios es una apuesta impensable, como lo demuestra la firmeza con la que las viudas de los mineros muertos en la mina de Coahuila siguen en la lucha en demanda de justicia. Si a la cúpula empresarial interesara que en México hubiera un Estado de derecho pleno, lo conducente sería que apoyaran a las víctimas de tan deleznable multihomicidio, que lo fue desde el momento en que Larrea jamás hizo nada por corregir las fallas de seguridad largamente denunciadas por los trabajadores.
Se puede apostar que Grupo México seguirá gozando de plena impunidad; para garantizar que así sea está en el poder la extrema derecha, que no tendrá empacho en reprimir al pueblo hasta donde haya que hacerlo, para eso se organizó la Gendarmería. Sería utópico pensar en que haya justicia en un Estado fascista.
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