La fortuna de Germán Larrea se fundamenta en algunos de los episodios más ominosos de la historia reciente mexicana. La fiebre privatizadora del salinismo lo bendijo, el oligopolio mediático lo enriqueció, el desastre de Pasta de Conchos lo hizo más poderoso, la corrupción del panismo lo apuntaló y la destrucción ambiental fue el precio por su emporio… Este es el perfil de uno de los hombres de negocios más esquivos del panorama nacional.
Durante los regímenes priistas del siglo XX, Jorge Larrea fue contratista, concesionario minero e influyente personaje del mundo de los negocios al amparo del poder público. Esa fortuna, grande hasta entonces, se multiplicaría después. Durante los gobiernos surgidos del PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón, el heredero del emporio, Germán Larrea Mota-Velasco, elevó a su máximo ese patrimonio, hasta figurar entre los 50 hombres más ricos del mundo.
En 2001, el primer año de la alternancia, Germán Larrea se ubicaba en el lugar 490 de la lista de billonarios de la revista Forbes, con un caudal estimado en mil millones de dólares.
Para 2011, Larrea había dejado atrás a 450 millonarios del mundo, al colocarse en el lugar 39 del catálogo, con una riqueza estimada en 16 mil millones de dólares. Posteriormente sus haberes decrecieron hasta colocarse en 15 mil 700 millones de dólares, lo que le valió el lugar 64 del ranking global.
Envuelto en el misterio, a Larrea se le han dedicado reportajes completos sobre su discreción. Aunque existen registros públicos de su participación en reuniones –por ejemplo, la sostenida con el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 16 de enero–, las fotografías que circulan de él no son del todo confiables y prácticamente nadie lo conoce fuera de su círculo de colaboradores y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Su auge se fundamentó en las privatizaciones de los años noventa, que permitieron el crecimiento de Grupo México.
La división minera del consorcio está integrada por Southern Cooper Corporation, Industrial Minera México (IMMSA), Southern Perú y Asarco en Estados Unidos. Esos corporativos se dedican a actividades extractivas en 13 minas y siderúrgicas.
Su división transporte agrupa a las empresas Ferrosur y Ferromex, así como México Intermodal, una compañía de logística que cubre más de 70% del territorio nacional.
En su división infraestructura, las subsidiarias son Perforaciones México (Pemsa, especializada en el sector petrolero con 13 proyectos actuales de perforación); México Compañía Constructora, dedicada a la realización de infraestructura, con una división industrial, y Consutec.
Miembro del Consejo de Administración de Televisa, Larrea incursionó en el negocio del entretenimiento al adquirir Cinemex y fusionar otras pequeñas cadenas de cine, hasta convertirse en el segundo operador más grande del país.
El favoritismo de los gobiernos panistas hacia Grupo México fue notorio: una consulta al portal de Obligaciones de Transparencia, realizada el viernes 19, muestra que sólo con las razones sociales conocidas públicamente, el gobierno federal le asignó 11 mil millones de pesos en obra pública, principalmente en Pemex Exploración y Producción, entre 2005 y 2012.
La cifra es significativa: en 2012 eran precisamente 11 mil millones de pesos los que esa trasnacional le debía al fisco.
Con Felipe Calderón obtuvo contratos de perforación petrolera, transportación de combustibles e hidrocarburos y, por si fuera poco, numerosas obras públicas realizadas en diferentes zonas del país sirvieron para favorecer la conectividad de sus propias operaciones.
No fue todo. Grupo México adquirió diversas concesiones mineras, entre las que destaca una con las mayores reservas probadas de cobre en el planeta.
Fueron los años en que incursionó en la transportación aérea hasta convertirse en accionista mayoritario de Grupo Aeroportuario del Pacífico, operador de aeropuertos como el de Los Cabos.
La impunidad
Más allá de los favoritismos gubernamentales que alimentaron el auge de Grupo México, los funcionarios panistas le garantizaron impunidad.
En 2002, los daños ambientales provocados en Monterrey por una fundición de IMMSA fueron desestimados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que jamás sancionó los daños al entorno de su siderúrgica en San Luis Potosí.
La muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos en 2006 no sólo quedó impune, sino que el Estado mexicano litigó contra los deudos de los trabajadores, viudas, hijos y ancianos, que jamás supieron qué ocurrió en ese lugar: el gobierno de Vicente Fox y especialmente el de Felipe Calderón lo impidieron por todos los medios.
Defensora de derechos humanos laborales, Cristina Auerbach Benavides, integrante de la organización Familia de Pasta de Conchos, recuerda la serie de impunidades que sufrieron en unos 45 procesos de diferentes materias jurídicas. A todos los casos se les dio carpetazo.
Entre muchos, dice Auerbach, tres hechos evidencian que el ocultamiento de lo ocurrido en esa mina se convirtió en una tarea de Estado:
Primero se cancelaron los trabajos de recuperación de cuerpos y, por ende, de peritajes que esclarecieran las causas del siniestro. Para conseguirlo, Grupo México contrató a un supuesto consultor estadunidense, cuyas conclusiones, por absurdas que resultaran, fueron repetidas una y otra vez por el entonces titular del Trabajo calderonista, Javier Lozano Alarcón. Se difundió que si seguían las excavaciones habría “una pandemia” en la región de salmonela, tuberculosis y sida.
Lo segundo es que no había cuerpos, pero el gobierno de Coahuila emitió actas de defunción que, sin satisfacer los requisitos legales, fueron aceptadas por la Procuraduría Federal para la Defensa de los Trabajadores (Profedet), a fin de tramitar las pensiones ridículas que se asignaron a los deudos. Los familiares de los fallecidos, además, fueron disminuidos como sujetos de derecho, cuando la Procuraduría General de la República decidió que no procedían sus denuncias por carecer de personalidad jurídica, lo cual fue avalado por tribunales.
La tercera razón es que, ante la cadena de violaciones a derechos no sólo laborales, sino fundamentales, la Familia de Pasta de Conchos, apoyada por sindicatos solidarios y organizaciones de la sociedad civil, acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde tras un largo proceso se concluyó que los deudos tenían la razón en 27 de 29 reclamaciones.
Sin embargo, Lozano Alarcón declaró una y otra vez que la OIT había cerrado el caso sin responsabilidad para el Estado mexicano y que las víctimas eran “viles”, “ruines”, que sólo pretendían “lucrar con la tragedia”. El caso se sigue desahogando en la OIT y el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha mantenido inamovible en el tema. (Proceso 1772)
Como ha ocurrido con la contaminación de ríos en Sonora, la concesión minera de Grupo México no se canceló en Pasta de Conchos, aunque eso sí ha ocurrido con minas en las que mueren dos trabajadores, como en el caso de la mina Lulú, cuya concesión fue cancelada en 2011.
La Secretaría de Economía no sólo evitó cancelar la autorización, sino que la renovó. El título de concesión minera número 240977 cambió el nombre del lote minero de Pasta de Conchos a “Unificación Fresnos” y lo refrendó el 16 de noviembre de 2012, a punto de concluir el gobierno de Felipe Calderón, por lo que ahora tendrá vigencia hasta 2031. (Proceso 1974)
Miembro del consejo de Vamos México, la fundación creada para satisfacer los delirios presidenciales de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox, Larrea consiguió también una persecución judicial contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia.
El gobierno no se inhibió cuando la pesquisa judicial y la imposición de un dirigente ilegítimo, Elías Morales, paralizó por semanas la minería nacional; ni se frenó para reprimir con operativos policiacos y militares a los trabajadores inconformes, como ocurrió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, con saldo de dos trabajadores muertos y más de 40 heridos.
Hechos similares, con decenas de trabajadores heridos, se reprodujeron en Sombrerete, Zacatecas; Monclova y Torreón, Coahuila; Cananea y Nacozari, Sonora, así como en otros centros mineros del país. O para encarcelar a colaboradores de Gómez Urrutia, o fundando un nuevo sindicato, como ocurrió con el de Carlos Pavón.
Un informe publicado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en 2012 concluyó que los gobiernos panistas representaron “una decena trágica para los trabajadores”, entre éstos los mineros, pues en 2010 en Cananea el gobierno posibilitó que una huelga declarada legal por las instancias laborales fuera liquidada mediante la figura de “terminación de relaciones laborales por causas de fuerza mayor”.
Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 9 de junio de 2010. Lozano Alarcón mintió de nuevo al declarar que la Policía Federal ingresó a la mina Mexicana de Cananea para cumplir el laudo que finiquitó las relaciones laborales. En realidad, fue por orden de un Ministerio Público para realizar una cuantificación de daños. Los policías, por su parte, llevaban órdenes de reestablecer el orden público en “las instalaciones del Estado”, cuando en realidad se trataba de un fundo privado. (Proceso 1778)
El abogado de Grupo México era Fernando Gómez Mont, quien durante el sexenio de Calderón fue secretario de Gobernación y que, junto con Lozano, sentó el precedente de la extinción del derecho de huelga. Ese derecho se ganó en Cananea, tras la lucha obrera de 1906, y en Cananea se perdió, para favorecer a Germán Larrea.
Interrupción
Hombres cercanos al gobierno de Enrique Peña Nieto, como Claudio X. González y Valentín Diez Morodo, figuran en el Consejo de Administración de Grupo México.
La continuidad del favoritismo gubernamental parecía clara. Además del mencionado litigio ante la OIT, el hoy exsubprocurador Ricardo García Cervantes y el procurador Jesús Murillo Karam incumplieron sus promesas de esclarecer el caso Pasta de Conchos.
García Cervantes dejó el cargo el pasado 14 de mayo, presuntamente por las presiones respecto del caso Pasta de Conchos. Una vez fuera, al caso se le dio un nuevo carpetazo.
Por esos días, Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA, y otros ejecutivos anunciaron que Grupo México se preparaba para ampliar sus operaciones en el sector energía, donde ya es proveedor de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
No obstante, siguió luego el desastre ambiental provocado en Sonora, la inusual sobreexposición mediática que confrontó al gobierno federal con el de Sonora, el envío de una comisión especial y la aplicación de sanciones que, si bien resultan irrisorias para los ingresos del consorcio, rompieron todos los registros de castigos a la empresa.
En medio del escándalo por daño ambiental, un tribunal exoneró a Gómez Urrutia de todos los cargos que pesaron sobre él durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
Hoy, los aliados de Grupo México empiezan a alejarse. Convertido en senador, Javier Lozano enfrenta una denuncia de juicio político que, interpuesta el 25 de noviembre de 2010 por Gómez Urrutia, está en vías de reactivarse.
En este contexto, el pasado 1 de septiembre Grupo México publicó un desplegado para argumentar, otra vez, que la responsabilidad del derrame en Sonora no fue de la empresa sino de un contratista, versión que, como la primera (cuando atribuyó el derrame a lluvias inusuales), fue descalificada el viernes 19 por la Unidad de Protección Civil en Sonora, que denunció que la contaminación era deliberada y, al menos hasta el viernes 19, continuaba.
El comunicado era casi una súplica que iniciaba felicitando a Peña Nieto por su segundo informe y las reformas impulsadas. Concluía así: “Señor presidente: No dude de nuestro compromiso de cumplir con México y con los objetivos de su gobierno, especialmente en este momento, en la atención de los efectos y consecuencias de este lamentable accidente”.
