URES, Son. (apro).- La organización Poder reveló que Rodolfo Lacy Tamayo, exsubsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, se beneficiaron con la compra y venta de tinacos tras del derrame minero más grande del país ocurrido en el río Sonora el 6 de agosto de 2014.
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) es una asociación regional no gubernamental sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia, la rendición de cuentas de las empresas en América latina, desde una perspectiva derechos humanos.
El 6 de agosto de 2014, unas 24 mil personas fueron afectadas en sus propiedades o en su salud. En ese entonces, fueron reportadas al menos cinco personas hospitalizadas debido al derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Arroyo Tinajas, municipio Cananea, en Sonora. Los tóxicos provenían de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México encabezado por Germán Larrea.
A cuatro años del ecocidio registrado en siete municipios ribereños de la sierra sonorense, Benjamín Cokelet, fundador de la organización Poder, informó que, en su calidad de funcionario federal y presidente del comité técnico del Fideicomiso Río Sonora (FRS), Lacy Tamayo se “autovendió” y “autocompró” 28.6 millones de pesos en tinacos a través de una asociación que él mismo creó y que lleva por nombre Colegio de Ingenieros Ambientales AC.
Desde de esa misma posición, avaló la compra y venta de 5.5 millones de pesos en tinacos a la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea.
Rojas Mota también es miembro del Consejo de Administración de Grupo México y se benefició del macroderrame luego que a su compañía le asignaron de manera directa la venta de 5.5 millones en tinacos que habrían de instalarse en ocho mil predios.
“Con estos hallazgos estamos hablando de niveles de cinismo más allá de lo que uno se puede imaginar”, sintetizó el codirector ejecutivo del grupo Poder.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora AC consiguió para su causa 150.8 millones de pesos. La asociación civil era presidida, en ese entonces, por el priista Héctor Miguel Ruiz Arvizu, actual subsecretario de Desarrollo Urbano en el gobierno de Claudia Pavlovich.
La conferencia de prensa fue organizada en las instalaciones de lo que debería ser la Unidad Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), pero como el año pasado fueron canceladas las acciones del fideicomiso, el inmueble se encuentra reducido a obra negra y, por tal motivo, los pobladores lo llaman el nuevo “elefante blanco”.
De acuerdo con las cifras publicadas por el fideicomiso, dadas a conocer por el grupo Poder, la cantidad otorgada directamente a las personas afectadas en su salud fue apenas de 7.8 millones de pesos, lo que equivale a 10% del total gastado por el fideicomiso en el rubro de salud, mientras que 90% restante, unos 71 millones de pesos, se gastaron en acciones de atención y seguimiento de la Uveas.
El total del gasto realizado por el fideicomiso fue de mil 231 millones de pesos en un inicio, poco más de la mitad de los dos mil millones anunciados en un principio.
De acuerdo con el reporte de Poder: 66% del FRS, unos 680.3 millones, se destinaron para el supuesto resarcimiento y el resto, un 34%, se utilizó en otros rubros, en donde se incluyen apoyos directos al gobierno federal, estatal y municipal; aunque no fueron desglosados, por lo que no se puede conocer a qué dependencias fueron destinados y con qué objetivo.
Otro ejemplo de la arbitrariedad, denunciado por el directivo de Poder, es que 32.4 millones del dinero del fideicomiso se utilizaron para una estrategia de comunicación social, cantidad cuatro veces superior a lo entregado directamente al total de los afectados en su salud.
No solo eso. Parte del dinero de esta estrategia se destinó a la proyección de espots sobre la supuesta remediación de los ríos en las pantallas de Cinemex, empresa controlada o subsidiaria de Germán Larrea Mota Velasco.
Cierre opaco
El Grupo Poder documentó que el fideicomiso cerró en febrero de 2017 con total opacidad, sin cumplir con su cometido y con el aval de la Semarnat, debido a que el subsecretario Lacy Tamayo presidió el comité técnico.
“Para las personas afectadas por el derrame está claro que el fideicomiso no cumplió con su objetivo por lo que sigue abierto un proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que dicho fideicomiso se reabra y realice las medidas de remediación, reparación y compensación de los daños ocasionados por el derrame”, explicó Benjamin Cokelet.
“En el análisis de los gastos del fideicomiso demuestra que los recursos no llegaron en su totalidad de los afectados directamente por el derrame; la distribución del dinero fue arbitraria y discrecional; así como empresas asociaciones civiles y gobiernos de todos los niveles se beneficiaron de estos recursos en detrimento de las personas afectadas y a costa de la impunidad de los responsables de este desastre ecológico”.
