7 DE JUNIO DE 2014
ANÁLISIS
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| Murillo y Peña. Indolencia. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- Mientras Enrique Peña Nieto se placea por el continente europeo y, de la mano del procurador de la República y el director de Pemex, ofrece ventajas por invertir en el sector energético, en México sus funcionarios de Hacienda no atinan a decir cómo y cuándo los mexicanos recibirán los beneficios por abrir la venta y extracción de los hidrocarburos a la iniciativa privada.
De la corrupción en Petróleos Mexicanos nada se ha dicho durante la gira. Sin embargo, previendo alguna pregunta incómoda sobre el escandaloso caso de Oceanografía, la comitiva de gobierno incluyó al “infalible” procurador Jesús Murillo Karam y, por supuesto, al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que ofrezcan con lujo de detalles “el portafolio” de oportunidades que tendrán quienes inviertan en el sector.
Para el gobierno es más importante que el director de Pemex detalle a extranjeros la panacea energética en que se convertirá México, que informar a legisladores federales cómo se operó el fraude de Oceanografía, Evya, Hewlett Packard y otras firmas; desde cuándo se detectó la connivencia de empleados de Pemex, cuántas denuncias se han interpuesto por el saqueo al erario federal vía la paraestatal y, por supuesto, cuántos casos más pudieran existir.
Lozoya Austin, por instrucción de Enrique Peña Nieto, canceló su comparecencia ante diputados federales. El viernes 5 de junio en lugar de dar explicaciones a legisladores se dedicó a detallar en el extranjero las bondades de la reforma.
Otro de los invitados al convite internacional fue “el implacable” procurador Murillo Karam, el mismo que nuevamente quedó exhibido por Banamex al exigir éste que la fianza de poco más de 80 millones de pesos fijada al dueño de Oceanografía, Amado Yáñez -para que desde su casa continúe su proceso judicial- le fijen una de cuando menos 5 mil 312 millones de pesos, pues fue el quebranto causado a la entidad financiera al aportar documentos apócrifos de Pemex.
Si algún preocupado inversionista extranjero cuestiona a Peña Nieto sobre la facilidad que existe en México para “comprar” funcionarios y hacer fraudes vía empresas de gobierno como Pemex, -poniendo como ejemplo el caso de Oceanografía-, el “audaz” presidente priista tendrá a la mano a dos de los protagonistas que lograron “detectar” el fraude, “aprehender y presentar ante la justicia” y “probar” el delito en que incurrió Amado Yáñez.
Lozoya y Murillo podrán vanagloriarse y afirmar que en México sí se aplica la ley y se castiga a los culpables.
Pero mientras ello ocurre en el viejo continente, en nuestro país se exige justicia por parte de Banamex y se reclama una fianza real, acorde con el daño. Además, una extraordinaria nota de Abel Barajas, reportero del sector justicia del diario Reforma, evidenció el absurdo de Murillo Karam al revelar que de 12 mil millones de pesos que Banamex le prestó a Amado Yáñez para cumplir los contratos de Pemex, los desvió para comprar algunos equipos de soccer, joyas, obras de arte, yates, autos y lujosos servicios aéreos.
Pero no sólo eso, Barajas develó que “el implacable” Murillo Karam “acusó penalmente a Yáñez sólo por desvíos en favor de AMRH International Soccer, exdueña de los Gallos Blancos de Querétaro, por un monto de 55 millones 222 mil 996 pesos”.
¿Y el resto señor Murillo Karam? ¿Acaso no leyó el infalible procurador el oficio 110/F/A/267/2014 elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que obtuvo el reportero del diario Reforma?
La extensa y bien documentada nota de Barajas, sin duda ridiculizó al procurador, al director de Pemex, a Peña Nieto, a todo su gobierno y le dio más elementos a la población para preguntarse, si con este tipo de funcionarios se asegurará la famosa “renta petrolera” para beneficio de los mexicanos; si con este tipo de funcionarios los mexicanos verán una disminución en su recibo de luz y en su pago por gasolina; y si al fin llegará el bienestar a los mexicanos que no estamos en la lista de Forbes.
¿Cómo podría el mexicano común confiar en que la apertura del sector energético al sector privado será en su beneficio? Cómo si tan sólo en la prestación de servicios de empresas como Oceanografía hay fraudes de ese calibre y el gobierno teniendo las pruebas los inculpa por delitos menores, dejándolos libres bajo fianza. Qué pasará, se podrá preguntar ahora un ciudadano, cuando ya no sean sólo servicios sino la “exploración y explotación” del petróleo.
Acaso esos mismos funcionarios que hoy exculpan “al pecesillo” de Amado Yáñez Osuna actuarán de manera impoluta ante “los tiburones” de las transnacionales que busquen un contrato para explotar un yacimiento de gas y petróleo.
¿Se puede confiar en los funcionarios de gobierno? Creo que por la pequeña muestra del caso Oceanografía la respuesta es un rotundo no.
Con gran alegoría los priistas de Peña Nieto y su corte ofrecen a Europa la apertura del sector energético, con gran tristeza y enojo muchos mexicanos ven la venta de la patria.
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