jueves, 8 de mayo de 2014

Mujeres en la lucha por la seguridad comunitaria en México


policia comunitaria
Por Inés Giménez y Lola Mora
Cada vez más mujeres le están entrando, afirma Sitlali Pérez Vásquez, líder nahua de la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Cualac, Guerrero, México.
«Gritamos a todas las luces, a todos los vientos, aquí la mujer vale, aquí la mujer participa, aquí la mujer cuestiona, aquí la mujer propone… pero, la verdad, luego muchos compañeros [de la policía comunitaria] ¿qué hacen en su casa?, ¿cómo tienen a sus esposas? Y luego ¿quiénes son realmente las que más destacan en el trabajo?»
En Cualac se encuentra uno de grupos de autodefensa comunitaria que se han organizado en los últimos años, en la montaña de Guerrero. Que una mujer indígena sea líder de un movimiento ciudadano quiebra muchos esquemas en estos municipios. A pesar de ello, Sitlali señala que, desde hace un año, los hombres han ido modificado su conducta y el trato hacia la mujer:
«Si antes veías que con morbosidad te hablaban, ahorita ya no lo hacen… Además, cuando las mujeres ven a una mujer que está hablando, pues también se animan, ahora sí se avientan a decir lo que piensan […] Cada vez más mujeres y chicas jóvenes le están entrando… por muchos años no se ha visto esto.»
Mientras las comunidades guerrerenses y michoacanas se organizan contra el crimen organizado y el saqueo de recursos naturales; algunas mujeres están buscando poner freno a otros tipos de violencia que han vivido por generaciones y a la que poca atención se ha prestado: la violación sexual e intrafamiliar, el tráfico y la venta de niñas y niños, la negación del derecho a decidir, la muerte materna, el abandono familiar,  la falta de derechos económicos, y un largo etcétera.
«Empezamos una lucha de ideologías entre hombres y mujeres, pero no para destruirnos, sino para practicar la soberanía popular… Empezamos a organizar talleres, pero no solo con las mujeres sino también con los hombres», indica Sitlali.
De Cherán a Zitlaltepec, a Olinalá
Las mujeres purépechas destacaron por su participación protagónica en la comunidad de Cherán, Michoacán. En 2011, la comunidad de casi 15 mil habitantes se levantaró contra el crimen organizado y los talamontes. Allí, se articularon procesos de reflexión profunda con el fin de renegociar el papel de las mujeres. Poco a poco, y venciendo múltiples obstáculos, también las mujeres me`phaa, na`savi, ñancue, y nahua participan en laCoordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entidad de vigilancia y justicia comunitaria formada en 1995, donde se organizan más de 70 comunidades de la montaña de Guerrero.
En 2010, como parte del primer encuentro de mujeres de la montaña en Zitlaltepec, se presentó la Carta de los derechos de las mujeres. Por aquel entonces, Cándida Vázquez Penafort, presidenta del comité de mujeres de Zitlaltepec dijo, en su testimonio, recogido por Desinformemos:
«Nosotras las mujeres nos organizamos para defender nuestros derechos, pero algunos hombres no están de acuerdo, porque creen que la carta es para que haya pelea entre marido y mujer. Les queremos decir que eso no es verdad, [esto es para que] nos respeten y reconozcan nuestros derechos. Queremos decirles a los otros comités de mujeres que no se sientan solos, porque ahora todas estamos juntas…»
A pesar de su fuerza, esta carta de derechos todavía no es muy conocida en la montaña guerrerense. Sin embargo, como Sitlali Pérez, cada vez son más las líderes comunitarias que están asumiendo protagonismo público. Así sucede también con el caso de Nestora Salgado, lideresa comunitaria que participó en el proceso constituyente de la policía del municipio de Olinalá –paralelo al de Cualac– y que se ha mediatizado por la criminalización que ha sufrido. Señalaba Nestora Salgado, en julio del año pasado:
«Estábamos cansados de que nuestras autoridades no hicieran nada, ellos no tenían ojos ni oídos, tuvimos que organizarnos por necesidad… A qué íbamos a esperar, ¿a que nos mataran? Pues no.  Nos han puesto muchas piedras en el camino pero no ha sido tanto la delincuencia. El problema más grande aquí ha sido el ayuntamiento (…) Yo no le tengo miedo a los sicarios, le tengo miedo a que el gobierno me desaparezca.»
Un mes después, el gobierno mexicano la acusó de secuestro agravado, en perjuicio de seis personas; por ejercer su labor de policía comunitaria y a pesar de que existía en el Estado de Guerrero una ley (107) que reconocía la entidad jurídica de la misma.
Poco después, Salgado era internada, de forma express, en una cárcel federal en Nayarit, a más de mil kilómetros de Olinalá. Su caso no es un asunto aislado. Como señala Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan: «entre agosto y diciembre de 2013, el gobierno del Estado de Guerrero ejercitó acciones penales contra 68 personas vinculadas a las policías comunitarias. Trece de ellas permanecen privadas de la libertad».
Dentro de los procesos comunitarios que acontecen en Guerrero, muchas mujeres participan, día con día, en diversas tareas y asumiendo el papel de luchadoras sociales. No todas son conocidas a nivel nacional o internacional, sin embargo, dentro de sus comunidades cumplen un papel fundamental para la transformación de la sociedad bajo un óptica más digna y justa.
Tratamiento informativo y acuerdos
En el tratamiento informativo que hacen medios mexicanos y extranjeros del tema, las voces de las mujeres están ausentes casi por completo. Hacen falta, también, análisis profundos sobre las diferencias de raiz, participación popular y financiamiento entre distintos grupos de policías comunitarias.
Cuando el pasado mes de enero, la noticia sobre la confrontación armada entre grupos de autodefensa comunitaria en Michoacán y el cártel de los Caballeros Templarios recorrió las portadas de periódicos y agencias, la cobertura mediática tomó tintes militaristas y se mezcló con la exotización de una única mujer armada en artículos que parecen responder a un universo masculino extraído de la industria del videojuego: «Bonita resguarda su localidad patrullando con su pistola y su rifle R-15 en la cintura, pero eso sí, con jeans entallados y las uñas pintadas».
“Ingobernabilidad”, “paramilitarismo” o “guerra civil”; fueron términos con los que se describía a un pueblo alzado en armas, con quien el gobierno federal se sentó a negociar. El resultado de esas dichas reuniones fue la integración de algunos grupos de autodefensa comunitaria a las estructuras del estado federal y estatal a través de los Cuerpos de Defensa Rurales o en las policías municipales.
Este acuerdo levantó toda clase de especulaciones y sospechas en el –ya de por sí– enrarecido ambiente de la región, en el que la delincuencia organizada ha corrompido o nace de los diferentes órganos de gobierno del estado de Michoacán.
Algunos analistas apuntan a la inconstitucionalidad de los acuerdos o a la creación de grupos paramilitares. Si, como muchos testimonios señalan: «ninguna autoridad pudo cumplir con su función [de proveer seguridad] porque todas ellas eran parte de estos carteles o estaban en la nómina de estos cárteles», ¿qué significado tiene un acuerdo de estas características? Y, sobre todo: ¿dónde quedan el papel y los derechos de las mujeres rurales? En ninguno de los artículos contemplados en los acuerdos aparecen mencionadas ni ellas ni sus reclamos específicos.
Más información en:
By en
Etiquetas: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo