Escrito por  el 25 mayo 2014 a las 9:10 am en Destacadas, Sociedad

Reportaje publicado en Proceso No. 1960
Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos; Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, y Enrique Ochoa Reza, nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad. Foto: CFE.
Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos; Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, y Enrique Ochoa Reza, nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad. Foto: CFE.
Un claro conflicto de interés del actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y su futuro papel como presidente del Consejo Coordinador del Sector Energético, máxima instancia que vigilará y ejecutará los programas de la materia, incluyendo los futuros contratos con compañías privadas, se destapó al darse a conocer los resultados de la auditoría realizada en Pemex que lo señalan como accionista de seis compañías dedicadas a la venta de gasolina y otros servicios relacionados con la refinación del petróleo.
En esta disputa, también el director general de Pemex, Emilio Lozoya, es observado por los recientes contratos que Pemex Refinación le adjudicó a la empresa Ecolaire España, filial de OHL, para la construcción de una planta de hidrógeno y la terminación de gasoducto en la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Lozoya participó hasta septiembre de 2012 como integrantes del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de la española OHL, ampliamente beneficiada con concesiones de autopistas de peaje en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, y Marcelo Ebrard, en el Distrito Federal.
El documento de la auditoría donde se señala a Joaquín Coldwell fue dado a conocer el 20 de mayo por la senadora Dolores Padierna, del PRD, quien impulsó en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitarle al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, que “de manera inmediata”, separe de su cargo al titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como a “a las y los servidores públicos de los órganos antes señalados que puedan encontrarse relacionados con operaciones similares a las de sus atribuciones, o en su defecto, informe las razones por las que se puede evitar el surgimiento del conflicto de interés en sus labores”.
El punto de acuerdo de Padierna también solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación “amplia y detallada” por los posibles conflictos de interés no sólo de Pedro Joaquín Coldwell sino de otros funcionarios de Pemex, de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, en el marco precisamente de las nuevas leyes secundarias en reforma energética.
“El secretario de Energía meterá mano en todo lo relacionado con los nuevos contratos. El es un contratista de Pemex, por eso resulta tan delicado que sea juez y parte”, sentenció Padierna, entrevistada por Proceso.
En especial, la senadora del PRD destacó el papel delicado que jugará el ex gobernador de Quintana Roo y ex dirigente nacional del PRI durante la campaña presidencial del 2012 en el proceso conocido como “Ronda Cero”, donde se prevé que Pemex se quede sólo con el 22 por ciento de los contratos más importantes de exploración y explotación  para beneficiar a los privados.
El punto de acuerdo y el escándalo del caso de Joaquín Coldwell fueron frenados, de inmediato, por el gobierno federal y por la coordinación del PRI en el Senado, a cargo de Emilio Gamboa Patrón, viejo conocido de Pedro Joaquín Coldwell.
De manera airada, Gamboa Patrón afirmó en rueda de prensa que el secretario de Energía “no viola ninguna ley; él mismo presentó esta información –que es pública- ante la Contraloría”.
“No está engañando a nadie, ni quiere sorprender a nadie. Su familia, su padre, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, es un hombre que tiene desde 1960 franquicias de gasolina, como cualquier otra, como la que puede haber en Mérida o en Tampico, o en cualquier estado de la República”, abundó Gamboa Patrón.
-¿Es correcto desde el punto de vista ético que sea accionista de gasolineras cuando puede incidir en una decisión que él pueda asumir? –se le preguntó en rueda de prensa al coordinador de los priistas.
-No es incompatible porque conozco a Pedro Joaquín. No está metido en esos negocios, es su familia la que desde 1960 está metida. No ocupa ni 10 minutos de su tiempo para ver estos negocios que están diciendo que tiene.
Sin embargo, Gamboa Patrón tuvo que admitir que si sus familiares tienen gasolineras antes, “tendrán que tener mucho cuidado, y espero que a partir de que él es secretario, como estoy seguro no habrá pasado, no le otorguen ninguna otra franquicia o gasolinera”.
“Ni modo, ahí sí la familia de él tendrá que absorber ese costo. El es el secretario y él tiene que responder”, sentenció el ex secretario privado del presidente Miguel de la Madrid.
La senadora Padierna insistió que no es un asunto menor el caso de Pedro Joaquín porque en las leyes secundarias del Ejecutivo se plantea que en el Consejo de Administración futuro de Pemex existan 5 funcionarios, encabezados por el secretario de Energía, y 5 consejeros independientes que pueden ser empresarios.
Además, abundó la vicecoordinadora de la bancada del PRD, la clave en los tres modelos de contratos con privados que plantean las iniciativas del Ejecutivo federal (licencias, contratos de utilidad compartida y contratos de utilidad compartida) será el concepto de “utilidad operativa”.
“La utilidad operativa implica la obligación del Estado de pagarle al contratista todos sus costos. Estos son los contratos que en la industria se conocen como contratos de recuperación de costos. Tal como está planteada en las iniciativas, es un desbalance contractual a favor de los privados. Les reponen todos sus costos, gastos inversiones. Si las utilidades son repartidas entre el Estado y el contratista, ¿por qué los costos los cubre todos el Estado?”, se preguntó la legisladora.
El actual secretario de Energía, de acuerdo a las iniciativas presentadas el pasado 30 de abril será el presidente del Consejo de Coordinación del Sector Energético. La Secretaría de Energía, de acuerdo al artículo décimo transitorio de la reforma constitucional, será la responsable de “la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos” a los que se refiere la modificación del artículo 27.
Con asesoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el titular de Energía también será el responsable del “diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural”.
El mismo Pedro Joaquín Coldwell, durante la presentación de estas iniciativas, el pasado 30 de abril, afirmó en su discurso que “los comisionados de los órganos reguladores coordinados estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan conflictos de interés, e incluso podrían ser removidos por esta causa”.