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| El extitular del PRI, Humberto Moreira. Foto: Octavio Gómez |
SALTILLO, Coah. (apro).- Jesús Torres Charles, fiscal general durante el gobierno de Humberto Moreira, supo de la masacre que en 2011 ocurría en los municipios de Nava y Allende, donde alrededor de 300 personas fueron asesinadas manos de Los Zetas, pero no hizo nada por evitarla, pues era un asunto de narcotráfico fuera de su competencia, justificó.
En conferencia, dijo que el gobierno de Coahuila entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) el resultado de sus investigaciones, pero hasta junio de ese año, un mes después de que terminó la matanza.
“Iniciamos averiguaciones previas muy serias. Entregamos un desglose a la Procuraduría General de la República a través de la SIEDO donde dimos los detalles de nuestras investigaciones”, precisó Torres Charles previo a su participación la conferencia “Reforma penal y derechos humanos”, realizada en Instituto de Cultura.
Sin embargo, dejó ver que las autoridades de entonces no actuaron para detener la masacre pues se trataba de asuntos del crimen organizado y, por lo tanto, no era de su competencia.
Luego, rechazó que policías estatales o elementos de la desaparecida Fiscalía General estuvieran relacionados con los grupos criminales autores de esos crímenes.
La masacre en los municipios de Allende y el Norte de Coahuila fueron a consecuencia de una venganza de Miguel Ángel Treviño, uno de los principales líderes de Los Zetas, contra dos de sus socios que denunciaron ante el gobierno de Estados Unidos el tráfico de narcóticos que se realizaba por la frontera de Piedras Negras.
Héctor Moreno Villanueva fue uno de los delatores, junto con José Luis Garza Gaytán. Ambos huyeron a Estados Unidos cuando fueron descubiertos.
El pasado 29 de abril, el ahora gobernador Rubén Moreira informó que la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila informó que ya citó a exfuncionarios públicos por la masacre de Allende.
“No puedo adelantar, pero ya fueron citados funcionarios públicos de ese tiempo para seguir con las indagatorias”, mencionó el mandatario sin ahondar al respecto.
Rubén Moreira comentó que la Procuraduría de Justicia estatal emprende una serie de indagatorias que arrojan que los hechos de Allende sucedieron entre abril y agosto del año 2011.
Se le cuestionó por qué las autoridades de esa época no informaron sobre la masacre, a los que respondió: “Todo eso se investigará”.
Todo comenzó la tarde del 18 de marzo de 2011 cuando llegaron al poblado de Allende alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados que viajaron desde Tamaulipas buscando a las familias los detractores.
La barbarie ocurrió entre marzo y mayo. Durante ese tiempo, los sicarios estuvieron “levantando” a decenas de personas que tuvieran alguno de esos apellidos. Se llevaron hasta a sus amigos y empleados y luego de asesinarlos, desaparecían los cuerpos en las llamadas “narco cocinas”.
Los agresores también destruyeron con maquinaria pesada 40 residencias y siete ranchos en busca del dinero robado por sus socios a Treviño y de un libro de contabilidad donde Héctor Moreno anotaba los negocios y el dinero que lavaba a nombre del que fuera su socio.
Según Luis Reynaldo Tapia, alcalde de Allende, las víctimas de la masacre fueron unas 300 personas. Sin embargo, se suman unas 100 víctimas, producto de la limpia de su organización en el norte del estado. La mayoría de los cadáveres fueron deshechos en una “narco cocina” que operaba en el interior del Cereso de Piedras Negras.
Un mes después de la masacre y la retirada de los sicarios de Los Zetas, los militares llegaron a Allende y la región norte de Coahuila para reforzar la seguridad en la zona.
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