por Irene Levy
El Pacto por México eliminó la ya de por sí tenue división entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La causa era justa y el objetivo loable: lograr cambios profundos en diferentes áreas de la política y economía mexicanas que tuvieran un alto grado de legitimidad y legitimación de cara a la sociedad y al entorno internacional. Así, los acuerdos partidistas sustituyeron -más de lo acostumbrado- los pesos y contrapesos entre dichos poderes. La oposición se ensambló en concierto con el coro priista y cantaron la misma canción: partidos y poderes en un solo planteamiento, sonaba bien. Pero la necesidad de acuerdos partidistas fue relevante solo durante el proceso de modificación a la Constitución, ya no en los cambios a las legislaciones secundarias respectivas. “Estamos esperando a que el Ejecutivo nos envíe su iniciativa de ley secundaria para poder legislar”, es una de las frases que se sigue escuchando y que hubiera estremecido a Montesquieu o a Locke, pero a nosotros nos parece ya normal. La alineación de intereses políticos ha desdibujado la frontera entre la tarea legislativa y la ejecutiva y ahora todo pertenece a una sola agenda: la de los partidos políticos.
La credulidad que invadió a algunos legisladores de oposición en la reforma constitucional de telecomunicaciones fue excesiva y ahora parece ser demasiado tarde para evitar que la iniciativa de ley secundaria se apruebe prácticamente igual que como fue presentada por el Ejecutivo. Se veía venir la contrarreforma, el texto de la Iniciativa es el corolario de varios acontecimientos que adelantaban que parte del objetivo de la reforma constitucional no solo no se cumpliría, sino que incluso habría marcha atrás:
1. El primer riesgo es la propia redacción de la reforma constitucional que deja lugar a variadas interpretaciones en diversos temas. Está mal redactada, vaya, es jabonosa.
2. El proceso de selección de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), incumplió su vocación de transparencia y máxima publicidad, entre otros desaciertos.
3. A finales de septiembre de 2013 cancelaron la licitación de decodificadores que permitiría avanzar al apagón analógico en algunas ciudades del país; a dicha cancelación se sumó la abdicación de las facultades respectivas por parte del recién constituido IFT.
4. El proceso de determinación del monto por pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico en la Ley Federal de Derechos 2014, fue todo un show y su diseño no incluyó siquiera la opinión técnica del Instituto.
5. El proceso de confección de la Iniciativa de ley secundaria -dentro del cual, por cierto, tampoco estuvo activo el IFT-, fue un proceso “VIP”.
6. La ley tenía que haber estado aprobada antes del 10 de diciembre de 2013, pero la Iniciativa se presentó apenas el 24 de marzo de 2014. Esperaron a que ocurrieran dos cosas: que se aprobaran todas las reformas constitucionales del Pacto para evitar confrontación entre los partidos de oposición, cuyo voto era necesario para reunir la mayoría calificada, y que el Instituto emitieran las resoluciones de preponderancia, así se podría modificar en la Iniciativa lo que no gustara de las decisiones del IFT. El orden de los factores sí alteró el producto.
Mejorar la Iniciativa.
No soy optimista, pero me siento comprometida a proponer. Insisto en que la Iniciativa diluye la reforma constitucional de dos formas: en su letra, pues contraviene expresamente algunos de sus preceptos, y en su espíritu, ya que no materializa todo lo que se pretende. Pero estos dos aspectos, en mi opinión, no deben ser confundidos y por ello debe realizarse un análisis de la Iniciativa a fin de detectar lo siguiente:
1. Preceptos y omisiones que violentan expresamente la letra de la Constitución. El retraso en el apagón analógico, la suspensión de facto para las multas y medidas de desincorporación que emita el Instituto, la intervención del Ejecutivo en las labores del IFT (como el derecho de establecer los asuntos a que deberá dar atención prioritaria o las observaciones a su programa de trabajo), entre otras, son burdamente inconstitucionales.
2. Medidas que no cumplen o que contrarían el espíritu constitucional. No veo ningún precepto constitucional que otorgue la facultad expresa al IFT de regular todos los contenidos, aunque del propio artículo 28 y del espíritu de la reforma, deberían desprenderse algunas atribuciones al Instituto en esa materia para ser incluidas en la Iniciativa. Sectorizar el organismo de radiodifusión pública a la SEGOB, contraviene los principios de libertad editorial e independencia que para los medios públicos establece la Constitución. Las medidas de preponderancia en radiodifusión no resultan eficaces para evitar el daño de la concentración y propiciar la competencia, la mayoría son obligaciones que todos los concesionarios, aún los no preponderantes, deben cumplir, y no tocan suficientemente uno de los puntos medulares: la publicidad.
3. Descuidos y errores jurídicos y de diseño que acarrearán ineficiencias y otros problemas en el sector. Por ejemplo el régimen habilitante, es decir, el de otorgamiento de autorizaciones y concesiones está desaseado, el capítulo de sanciones, entre otros.
4. Sobrerregulación, regulación innecesaria o nociva. Por ejemplo, en mi opinión debe eliminarse todo lo relativo a Internet.
5. Omisiones. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que la acción de inconstitucionalidad no es una acción de condena, sino de nulidad, así que ausencias legislativas tales como mecanismos de defensa de usuarios y audiencias, entre otras faltas, no podrían ser declaradas inconstitucionales, por eso es indispensable incluirlas.
Por desgracia, no hay voluntades numéricas suficientes en el Congreso para que la Iniciativa sufra las modificaciones de fondo que debería, pero quizás las haya para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Con una mala ley todos perderemos, inclusive los aparentes ganadores. La gula lleva a la indigestión, la voracidad legislativa llevará a litigios, y estaremos pronto frente un efecto búmeran. El futuro del sector está en juego. Los costos institucionales, personales y partidistas que tendrán aquellos que respalden una iniciativa tan alejada de lo prometido, quizás no se cobren tan rápido, pero no desaparecerán. La dignidad legislativa, y con ella la de los mexicanos, deberá ser recobrada, aunque sea en tribunales.
*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora. Twitter @soyirenelevy
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