MÉXICO, D.F. (apro).- Un operativo policial multitudinario, que literalmente cercó a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en Lerma, Estado de México, sirvió para resguardar el acarreo clientelar que consiguió imponerse en la asamblea comunitaria, donde se buscaba renovar la representación ejidal con el fin de apuntalar la oposición a un proyecto carretero.
De acuerdo con el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT), todo fue orquestado por el gobierno mexiquense, que encabeza el priista Eruviel Ávila, para evitar cerrar el paso a la oposición de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, que se asignó a la constructora española OHL.
Desde temprano, alrededor de 800 policías estatales tendieron un cerco a la comunidad e iniciaron la revisión de vehículos e identificaciones de quienes se aproximaban al sector, donde esta mañana se celebraría una asamblea para renovar a los representantes de bienes comunales de San Francisco Xochicuautla, una comunidad otomí localizada al poniente de la Ciudad de México.
El cerco se reforzó con policías trasladados en unos 50 vehículos; los uniformados, incluso, llegaron a la comunidad a bordo de taxis de Metepec.
Con vallas metálicas, los agentes cerraron accesos a la comunidad e instalaron puestos de revisión mientras franqueaban el paso a autobuses de turismo que transportaron a comuneros con lonche en mano y un distintivo verde en el pecho.
Al llegar a la asamblea, aun sin figurar en el padrón inscrito en el Registro Agrario, los nuevos votantes eligieron una representación a modo con la pretensión de construir la carretera.
De acuerdo con el FPIDMT, el proyecto implica la devastación de 23 kilómetros de bosque que forman parte del Parque Natural Otomí-Mexica, sujeto a protección desde 2009 con jerarquía de Santuario del Agua.
Para los habitantes de la comunidad, el proyecto traería aparejada la reserva Santa Fe, con clubes de golf, centros comerciales y fraccionamientos en detrimento de la zona.
El conflicto en el lugar surgió debido a que la anterior representación autorizó el despojo de tierras y la afectación del bosque sin someter su posición a consulta pública, razón por la que se pretendía generar hoy una nueva representación, pero ésta se vio frustrada con el acarreo y la alteración del padrón, según el FPIDMT.
“Dejamos claro que el gobierno y sus instituciones han secuestrado y reconfigurado el orden constitucional y las instituciones públicas a conveniencia. He aquí el modo impositivo y opaco que se ha caracterizado en la formulación, implementación de las políticas gubernamentales que son indiferentes a nuestras comunidades indígenas.
“También nos queda claro el uso de la fuerza pública y el recurso a la violencia en contra de quienes defendemos de manera pacífica la naturaleza, los territorios y las condiciones sociales y ambientales de nuestra comunidad; en este evento se ha mostrado la política represiva una vez más en contra nuestra, se ha usado la desviación de poder y el terrorismo de Estado para poder imponer sus proyectos”, acusó el FPIDMT a través de un comunicado emitido esta noche.
La planilla que resultó electa a través del fraude y corrupción, según el Frente, está conformada por Ángel Valdez Ramírez, José Manuel Domínguez Ballesteros, Antonio Guadalupe Saavedra, y por parte del consejo de vigilancia, Juan Juárez González (presidente), Crescencio López (primer secretario) y Mario Hernández (segundo secretario).
“Como estrategia, el gobierno creó una alianza con las personas antes mencionadas de las comunidades de San Francisco Xochicuautla y La Concepción Xochicuautla para continuar con el despojo de las tierras para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan”.
Al concluir la asamblea, poco después de la una de la tarde, los acarreados y el nuevo consejo salieron de la comunidad con la misma custodia policial que, momentos después, también se retiró.
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