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| Amado Yáñez, empresario. Foto: Especial |
MÉXICO, D.F. (apro).- La crisis económica y deportiva de los Gallos blancos del Querétaro no tiene fin: Ahora el equipo propiedad del empresario Amado Yáñez, prófugo de la justicia, podría enfrentar un nuevo problema legal.
La Contraloría del estado de Querétaro inicio una investigación para determinar cuánto dinero recibió el dueño de la empresa Oceanografía por parte de la anterior administración estatal.
El portal del periódico local a.m. refiere que en el 2006 el Estado de Querétaro, bajo la gestión de Francisco Garrido Patrón, oficializó una partida económica de 63 millones de pesos en apoyo del equipo queretano solo para pagar la fianza (5 millones de dólares) que exige la Federación Mexicana de Futbol a los nuevos equipos afiliados en la primera división.
En declaraciones que el referido portal atribuye el titular de la Contraloría de Querétaro, Juan Gorráez Enrile detalla que la investigación contra el equipo profesional de futbol comenzó en el momento que se identificó esta entrega de recursos del erario a los Gallos Blancos.
“Estamos investigando. Hay un inicio de un cuaderno de investigación. A ver qué puede salir sobre este caso”, dijo Gorráez, de acuerdo a la versión publicada por el diario.
No obstante, el contralor del estado de Querétaro admitió que de encontrarse irregularidades en esta entrega de recursos no habrá delito que perseguir contra los ex funcionarios de la administración estatal del periodo 2006-2009.
Gorráez dijo que las sanciones prescribirían, toda vez que la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado establece un término de cinco años para sancionar al servidor público que resulte responsable.
Apenas el pasado 18 de marzo, la PGR intervino las instalaciones del Centro Gallo de Alto Rendimiento (Cegar).
Fuentes ministeriales informaron que dicho operativo está relacionado con las tareas de intervención ordenadas por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de las investigaciones por lavado de dinero y fraude de la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez.
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