México
Elisa Ayón ya ni siquiera tuvo interés en defenderse y ayer no acudió a la sesión extraordinaria de pleno en el Congreso de Jalisco, en la que diputados aprobaron destituirla como regidora de Guadalajara e inhabilitarla por 10 años para ocupar cargos públicos.
Los diputados se erigieron en jurado de sentencia, pero las sillas que se colocaron para ella o su representante legal permanecieron vacías. Ahora solo le queda la posibilidad de acudir a tribunales. Además, el Congreso estatal turnará el expediente a la Fiscalía General para que investigue si además cometió algún delito.
La sanción contra la regidora con licencia por el Partido Revolucionario Institucional fue aprobada con 24 votos en favor, de los 35 diputados que asistieron a la sesión.
Los 11 que forman parte de la Comisión de Responsabilidades ya no podían votar.
La demanda de juicio político fue presentada por un comerciante del centro de Guadalajara, Gregorio López Lozano, quien acusó a la edil de pedirles dinero a cambio de retirar a los vendedores ambulantes. A partir de ahí, la comisión abrió una investigación e incluyó como pruebas las grabaciones proporcionadas por los comerciantes, pero también una en la que Elisa Ayón pide a trabajadores de la Dirección de Panteones, con palabras altisonantes, “que repartan”.
Además, se revisaron sus declaraciones patrimoniales y se compararon con los bienes que tiene registrados, donde hallaron inconsistencias.
Una de ellas fue la compra de una camioneta Cadillac Escalade, con un valor de 814 mil pesos, la cual mencionó que obtuvo con un préstamo que le dio su padre, pero su papá es su dependiente económico.
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