La empresa de Carlos Slim acusó que la iniciativa de legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusión elaborada por el Ejecutivo federal es inconstitucional, impone a esta empresa obligaciones excesivas, le exige invertir para dar gratis sus servicios, y protege a Televisa en el negocio de televisión abierta y restringida.
(Foto:Archivo Cuartoscuro).
La empresa de Carlos Slim fijó su postura contra las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que propuso al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto.
Establecer una tarifa cero para el servicio de interconexión como lo propone la iniciativa de ley secundaria del Ejecutivo, es una medida confiscatoria que premia la falta de inversión de la competencia y perjudica a los consumidores, aseguró América Móvil.
En un comunicado, la empresa enfatiza “sorprende que se pretenda por ley obligar a una empresa a invertir, para después obligarla a vender a sus competidores sus servicios a $00.00. Además, esa propuesta confiscatoria premia la falta de inversión crónica de nuestros competidores en perjuicio de los consumidores”.
En opinión de la firma propiedad del empresario Carlos Slim, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió el Ejecutivo a la Cámara de Senadores el pasado lunes, se aparta de los principios rectores de lareforma constitucional en la materia aprobada en el 2013.
Y es que, dice, la iniciativa sugiere una aplicación retroactiva de la ley para modificar resoluciones de carácter técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) e incluye disposiciones que exceden los requisitos establecidos en la Constitución para queTelmex pueda acceder a la concesión única de servicios convergentes.
Dichas disposiciones crean barreras de entrada a mercados altamente concentrados como el de la televisión abierta y restringida, con lo cual se protege al agente económico preponderante en radiodifusión y con poder de mercado en televisión restringida – Televisa- en detrimento de la competencia y de los consumidores.
“A pesar de la existencia de un Acuerdo de Convergencia desde el 2006, al día de hoy Telmex no ha sido autorizado a ofrecer servicios de televisión en el país”, destaca la empresa.
Subraya que al proponer un plazo de al menos 24 meses de “cumplimiento de diversas medidas establecidas por el Ifetel para solicitar la autorización para prestar servicios de televisión, se prolonga la falta de competencia en ese mercado.
Los aspectos mencionados, añade, afectan la certeza jurídica y económica requerida en una industria de capital intensivo como en la que operamos, y que afectarán el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, las inversiones en infraestructura, la innovación en servicios y la competitividad.
“Vemos con preocupación otras propuestas contenidas en la iniciativa que impedirán o retrasarán la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de libre competencia, calidad, cobertura universal y convergencia, entre otros, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto de la Constitución”.
En ese sentido, la telefónica considera fundamental el diálogo constructivo con el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y con la industria en general, para lograr una legislación y regulación que impulse la inversión, la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. (Con información de Notimex)
Establecer una tarifa cero para el servicio de interconexión como lo propone la iniciativa de ley secundaria del Ejecutivo, es una medida confiscatoria que premia la falta de inversión de la competencia y perjudica a los consumidores, aseguró América Móvil.
En un comunicado, la empresa enfatiza “sorprende que se pretenda por ley obligar a una empresa a invertir, para después obligarla a vender a sus competidores sus servicios a $00.00. Además, esa propuesta confiscatoria premia la falta de inversión crónica de nuestros competidores en perjuicio de los consumidores”.
En opinión de la firma propiedad del empresario Carlos Slim, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió el Ejecutivo a la Cámara de Senadores el pasado lunes, se aparta de los principios rectores de lareforma constitucional en la materia aprobada en el 2013.
Y es que, dice, la iniciativa sugiere una aplicación retroactiva de la ley para modificar resoluciones de carácter técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) e incluye disposiciones que exceden los requisitos establecidos en la Constitución para queTelmex pueda acceder a la concesión única de servicios convergentes.
Dichas disposiciones crean barreras de entrada a mercados altamente concentrados como el de la televisión abierta y restringida, con lo cual se protege al agente económico preponderante en radiodifusión y con poder de mercado en televisión restringida – Televisa- en detrimento de la competencia y de los consumidores.
“A pesar de la existencia de un Acuerdo de Convergencia desde el 2006, al día de hoy Telmex no ha sido autorizado a ofrecer servicios de televisión en el país”, destaca la empresa.
Subraya que al proponer un plazo de al menos 24 meses de “cumplimiento de diversas medidas establecidas por el Ifetel para solicitar la autorización para prestar servicios de televisión, se prolonga la falta de competencia en ese mercado.
Los aspectos mencionados, añade, afectan la certeza jurídica y económica requerida en una industria de capital intensivo como en la que operamos, y que afectarán el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, las inversiones en infraestructura, la innovación en servicios y la competitividad.
“Vemos con preocupación otras propuestas contenidas en la iniciativa que impedirán o retrasarán la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de libre competencia, calidad, cobertura universal y convergencia, entre otros, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto de la Constitución”.
En ese sentido, la telefónica considera fundamental el diálogo constructivo con el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y con la industria en general, para lograr una legislación y regulación que impulse la inversión, la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. (Con información de Notimex)
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