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| Mony de Swaan asignó más de 133 millones de pesos de manera directa y sin licitación pública a la Universidad Autónoma del Estado de México |
La Comisión de Comunicaciones y Transportes (SCT) aprobó un exhorto para que se investigue el vínculo laboral, profesional, de asesoría o cabildeo de Mony de Swaan Addati con la consultora McKinsey y las empresas Virgin Mobile y Tresalia.
Las responsables de la investigación serán la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Si resulta culpable, los legisladores solicitarán la aplicación de las sanciones establecidas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En el punto de acuerdo aprobado, también se solicita un informe pormenorizado sobre el procedimiento de contratación de la consultora McKinsey por parte de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), así como la responsabilidad de quién o quiénes autorizaron dicha contratación.
Reporte Indigo lo dio a conocer el año pasado. Mony de Swaan asignó más de 133 millones de pesos de manera directa y sin licitación pública a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y a la empresa Napsys México.
El dinero fue para realizar el proyecto “Diseño funcional de la Estructura del Modelo Operativo Básico de Cofetel”, el cual, a la fecha nadie sabe de qué se trató.
“Una vulgar triangulación”, denunció Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) y quien entregó las pruebas a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
La documentación no se entregó al órgano de control interno de la entonces Cofetel -que pertenece al Comité de Adquisiciones y al de Información- ante la evidencia plena de colusión.
Un funcionario de tercer nivel presentó, desde hace más de un año, la denuncia ante ese órgano de control y no se hizo nada.
El argumento jurídico más tonto: Soria
En el caso de la UAEM, la Cofetel pretextó que en el artículo Primero de la Ley de Adquisiciones no se aplica la licitación cuando se trata de convenios entre entidades públicas.
Sí es una excepción, asegura Gerardo Soria, pero está regulada y se deben cubrir dos requisitos.
“La entidad contratada no puede subcontratar más del 49 por ciento de los bienes y servicios.
“La entidad contratada tiene que acreditar fehacientemente, bajo la responsabilidad de la entidad contratante, que el personal que va a prestar los servicios tiene la capacidad técnica y humana para hacerlo”, explica el excomisionado de la Cofetel.
El abogado solicitó información a la Universidad, pero Irma Yolanda Cortés Soto, responsable de la Unidad de Información de la UAEM, le contestó que los contratos tenían cláusula de confidencialidad.
“Es el argumento jurídico más tonto, pues la ley especifica qué información en poder del Estado es pública, reservada o confidencial, no es la voluntad del funcionario público y del particular involucrado decidir qué es confidencial”, indica Soria.
Félix Martínez, titular de Enlace y Fernando Cantú Díaz, coordinador general de Organización y Tecnologías de la Información, ambos de la Cofetel, nunca aclararon nada.
La UAEM, aunque cinco meses antes había certificado la capacidad técnica del personal que prestaba los servicios de soporte a Cofetel, después admitió que no los conocía pues subcontrató todos los servicios.
Hoy se sabe que las empresas son: CitiVox, GET Digital de Peter Bauer, Citi Vox y Business Bureau.
Bajo ese argumento, dijo el abogado, sí aplica la Ley de Adquisiciones y la Cofetel estaba obligada a hacer licitación pública internacional.
Todos los indicios llevan a que se hizo fraude a la Ley de Adquisiciones para brincar la obligación de contratar vía licitación pública, sostuvo el presidente de la IDET.
¿Qué obtuvo Mony de Swaan?
Hasta hoy, nadie ha visto los contratos. ¿Serán reales o falsos? ¿En realidad se prestó ese servicio a la Cofetel o es una simple fachada para sacar dinero de la Comisión?
“Me da la impresión que no recibieron nada a cambio de esos 133 millones que eran para diseñar el modelo operativo básico de la Cofetel”, asegura Gerardo Soria.
Nadie sabe si se trata de una especie de software de gestión de procesos, que de ser así, debería estar en alguna computadora.
Y es lógico, aclara el abogado, porque desde hace más de seis años la Cofetel no tenía un reglamento interno.
La triangulación es evidente pero la pregunta que surge es: ¿qué recibió Mony de Swaan a cambio?
Las respuestas de la Comisión a las constantes solicitudes de información no son más que rollo ambiguo, indica Soria.
¿A dónde llegó el dinero? Nadie lo sabe, pero un porcentaje a los bolsillos de Peter Brauer de Get Digital, uno de los subcontratistas de la UAEM.
Y 72 millones de pesos directos a Napsys para complementar el modelo operativo de una entidad que no tiene reglamento interno.
El presidente de Idet entregó personalmente la documentación a la Cámara de Diputados para que la ASF, que sí tiene atribuciones, haga una auditoría contable, administrativa, de procesos y sistemas.
La conexión Brauer
GET Digital fue una de las empresas subcontratantes de la UAEM, misma que recibió más de 72 millones de pesos por los contratos que, en adjudicación directa, le dio Mony de Swaan, entonces presidente de Cofetel.
Lo más sorprendente es que esta empresa pertenece a su amigo Peter Brauer, aquel que fue noticia en todos los medios porque “rentaba” a Swaan su casa de Valle de Bravo.
Aunque nunca se aceptó, esa amistad le ha permitido obtener varios contratos relacionados con las telecomunicaciones aunque Bauer, egresado de la Escuela Libre de Derecho, no es especialista en el tema.
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