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| Gamboa festina la aprobación de la reforma energética. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- Entre la medianoche del martes y la madrugada del miércoles 11, cuando todos dormían, furtivamente, como lo hacen los delincuentes, senadores del PRI, PAN y PVEM aprobaron las reformas constitucionales para la privatización del petróleo y la energía eléctrica, consumando así la meta más ambiciosa del gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto.
Durante mucho tiempo el PRI tuvo la intención de cambiar la Constitución para abrir a la iniciativa privada la explotación petrolera y la generación de electricidad, actividades que estaban consideradas facultad exclusiva del Estado mexicano. En varios momentos hubo intentos de llevarlo a cabo, pero priistas y panistas se topaban con inercias internas y una gran oposición popular a esta iniciativa que contravenía el espíritu soberano de controlar el sector energético con un claro sentido social.
Después de varias décadas, frente a una sociedad cansada, indolente, hastiada y distanciada de la clase política, manipulada por los principales medios de comunicación convertidos en grupos de poder, inmersa en una crisis y espiral de violencia, el PRI y sus secuaces encontraron el momento más oportuno para llevar a cabo su plan subrepticio de desnacionalizar al petróleo y la energía eléctrica, bajo el eufemismo de autorizar los contratos con privados nacionales y extranjeros para exploración y explotación de hidrocarburos y gas.
Todo sucedió de noche, aunque ya llevaban 18 horas discutiendo en el Senado; de última hora, en la madrugada del martes 10, los actores principales de esta historia pusieron en marcha su estrategia privatizadora. De manera sorpresiva, los priistas Enrique Burgos, de la Comisión de Gobernación; David Penchyna, de Energía, así como el panista Raúl Gracia, modificaron el predictamen que se discutió en comisiones para ampliar la inversión privada en Pemex y la CFE, permitir que las empresas mineras puedan entrar al negocio del gas, autorizar a corporativos petroleros dar servicio de energía eléctrica y sacar al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
El coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el priista José Ascensión Orihuela, reconocieron que los cambios se concretaron en la madrugada de ese día.
Peor aún, pues para que la ciudadanía no mirara lo que pasaba dentro del Senado, la Secretaría de Gobernación rechazó la petición perredista de que el debate se trasmitiera en cadena nacional en radio y televisión, bajo el argumento de que su difusión “resultaría desproporcionada, dada la incertidumbre de su duración, y limitaría el derecho a la información del que goza la sociedad respecto del resto de los asuntos de interés general, objetivo primordial de la radio-difusión, de acuerdo con e artículo sexto de la Constitución federal”.
De nada sirvieron los gritos de protesta de un grupo de hombres y mujeres manifestándose fuera del recinto legislativo, resguardado por cientos de policías y granaderos apostados detrás de una larga barrera de vallas metálicas de más de dos metros de altura.
Antes de discutir la reforma energética los mismos partidos: PRI, PAN y PVEM se protegieron contra las movilizaciones de repudio al aprobar, una semana antes, sin discusión y negando la entrada a miembros de más de 70 agrupaciones defensoras de derechos humanos, la Ley de Manifestaciones, marco legal que atenta contra el derecho de expresión e incluso autoriza “disolver” las marchas no autorizadas.
Así, lejos de la mirada pública, con 95 votos a favor y 28 en contra, priistas, panistas y legisladores del Partido Verde lograron su cometido: se fraguó la reforma constitucional más importante en las últimas décadas, quizá desde que en 1992 Carlos Salinas de Gortari también impulsó el cambio al artículo 27 en materia agraria para permitir que la propiedad del ejido fuera privada y no sólo comunal.
Este miércoles 11 el paquete de iniciativas de reforma constitucional pasó a la Cámara de Diputados. Y un nuevo cerco policiaco se levantó alrededor de las calles aledañas al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Más tarde, la oposición de izquierda tomó la tribuna y el recinto legislativos sólo para demorar la aprobación de los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que permitirán los contratos con empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación de hidrocarburos y gas, como lo hacían antes de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas se las arrancó de las manos con un decreto expropiatorio.
Twitter: @GilOlmos
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