Pueden
no llamarla así, pero la guerra en México sigue, denuncia el Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad
Ciudad de México, 1 de octubre
(SinEmbargo).– El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) afirmó
que el modelo de seguridad implementado durante el sexenio del ex Presidente
Felipe Calderón Hinojosa es el mismo de la actual administración de Enrique
Peña Nieto. “A diez meses del regreso del PRI al gobierno federal y a tres
meses de las elecciones más violentas en la historia de México resulta evidente
que no ha habido un cambio de fondo en la estrategia de seguridad. El modelo de
combate al narcotráfico continúa, la guerra continúa”, denunció el Movimiento
que encabeza el poeta Javier Sicilia. Indicó que durante el mandato de Calderón
se implementó un modelo de seguridad militarizado, “estrategia que ha llevado a
que el periodo sea bautizado como ‘el sexenio de la muerte’, con más de 100 mil
muertos y desaparecidos”. El Movimiento por la Paz afirmó que el actual
gobierno “puede haber decidido ya no llamarle guerra, pero eso no significa que
no lo sea”. Por ello citó cifras de la base de datos de Lantia, que señalan que
en los primeros seis meses del sexenio de Peña Nieto se contabilizaron ocho mil
52 muertos, un promedio de 33 por día. “Dicha estrategia mantiene en la
ilegalidad a un negocio de miles de millones de dólares y es precisamente esa
condición de ilegalidad la que genera enormes márgenes de ganancia para quienes
participan y favorece los altísimos índices de corrupción en todo el país, al
mismo tiempo que concentra gran poder económico y militar en el narcotráfico,
en lugar de enfocarlos en prevenir y castigar delitos como el secuestro,
extorsión o tráfico de personas. Esto, sumado a la falta de legalidad vinculada
a la estrategia de combate, ha llevado a un aumento de la corrupción y el abuso
de poder”, acusó. La organización social refirió que el alza en la violencia
vinculada al discurso oficial que ha designado a los narcotraficantes como
enemigos de la seguridad nacional “genera una dinámica en la que el miedo es
más importante que la defensa de las garantías civiles, lo que lleva a un
deterioro del estado de derecho, donde parecen perder importancia la vida, el
debido proceso y la libertad de expresión frente al combate al narcotráfico”.
Sostuvo que la estrategia de seguridad ha incluido la militarización del país.
Sin embargo denunció que lejos de servir para reducir la violencia sirve como
mecanismo de control social y sobre los recursos naturales. Indicó que a la
par, la precaria situación económica que viven miles de mexicanos, la falta de
empleos y de oportunidades educativas, entre otras desventajas, alimentan al
crimen organizado con mano de obra que no encuentra otra forma de subsistir.
“La justificación oficial para la implementación de este modelo de seguridad es
la aparente necesidad mundial de combatir a las drogas y a aquellos que las
venden, hasta erradicar a ambos. Este discurso se ha construido sobre una
compleja red de mitos y medias verdades sobre las drogas que las han
caracterizado como sustancias peligrosas en sí mismas. Así se pretende
alejarlas de la población, en lugar de construir y difundir información veraz
sobre sus efectos, de modo que cada quien decida de manera libre e informada si
las usa o no; como hemos hecho con miles de otras sustancias legales”, refiere
el MPJD en un posicionamiento difundido este día. Explicó que el modelo
prohibicionista tiene orígenes e intereses en Estados Unidos: “Por un lado, los
esfuerzos conjuntos por combatir el narcotráfico, como la Iniciativa Mérida,
son utilizados para firmar contratos millonarios con empresas armamentistas
estadounidenses que proveen al ejército mexicano y, por otro, permiten la
intervención del gobierno estadounidense en asuntos de seguridad nacional sin
precedentes. En ese sentido, la guerra se ha vuelto la fuente de dinero, poder
y hegemonía de Estados Unidos en el mundo”. Ante esta circunstancia señala que
hay países consumidores como México a los cuáles les toca combatir la demanda y
países productores y distribuidores. Sin embargo, a nivel mundial estas
políticas generan una diversidad de problemáticas tan graves que han puesto al
mundo a cuestionar su validez y México no es la excepción. “El Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad ha cruzado fronteras con su mensaje, sus
caravanas y sus llamados a la justicia. En temas de políticas de drogas, hemos
tenido mucho apoyo de organizaciones internacionales y sabemos que los ojos del
mundo están puestos en México para ver cómo lidiar con la crisis de violencia.
Varios países exploran actualmente alternativas en sus políticas. Celebramos su
liderazgo y apoyamos su soberanía para decidir cuál es la mejor política para
su contexto”, señala el texto. Pone como ejemplo de compromiso gubernamental,
la reciente regulación de la Mariguana en Uruguay, una propuesta, dijo,
impulsada por el Presidente Mujica para disminuir el poder del crimen
organizado, proteger a los usuarios de cannabis y generar recursos para
programas de educación, salud e información. “La iniciativa se creó después de
la muerte de cuatro personas a manos del crimen organizado. Con sólo cuatro
muertos, el país decidió tomar una ruta distinta. Ese ejemplo nos muestra lo
que puede suceder cuando hay un compromiso serio con la seguridad humana y no
se titubea ante los tratados internacionales o la reacción de los Estados
Unidos”, indicó el Movimiento. Recordó que dentro de este contexto
internacional y reconociendo la relación del tema con sus dos objetivos
principales, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha decidido
participar del creciente debate, para lo cual creó en enero del año en curso la
Plataforma de Política de Drogas. “En el MPJD entendemos que no hay soluciones
inmediatas para resolver la situación de violencia, que es un trabajo largo y
que requiere de soluciones integrales. Sin embargo, acompañado de programas educativos,
de reconstrucción del tejido social, de mejora de las condiciones
socioeconómicas del país y de seguridad humana, un nuevo modelo de política de
drogas es un paso firme encaminado a atacar la estructura de violencia, a
defender la soberanía nacional y a crear nuevas relaciones entre el gobierno y
los ciudadanos de nuestro país. Cada país y cada región tendrán que diseñar su
propia política de drogas respondiendo a las necesidades locales”, comunicó.
Ante este planteamiento consideró que este nuevo modelo de política de drogas
para México debe ser un modelo no prohibicionista que explore las diversas
formas de regulación y sea responsable de: 1. Poner en el centro a las personas
y su derecho a una vida digna. 2. Trasladar la política de drogas al área de
políticas públicas de salud. 3. Basarse en información científica libre de
prejuicios. 4. Respetar el derecho de las personas de gestionar su propio
cuerpo. 5. Centrarse en modelos preventivos y de reducción de daños. 6. Tener
un enfoque regional con perspectiva de derechos humanos, de género y de
juventudes.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/01-10-2013/772811. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
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