Cuauhtémoc Cárdenas planteó una propuesta donde se debe establecer una política de inversión privada que participe en la producción de insumos pero con prioridad en los mexicanos ■ Foto Rafael García Otero
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llamó esta noche a la defensa de la soberanía nacional a través de la organización y lucha ciudadana contra las reformas constitucionales que propuso el Ejecutivo federal, y en caso de que se aprueben “revocarlas mediante la acción popular en el tiempo más corto posible”.
Durante el discurso que Cárdenas Solórzano pronunció esta noche en la capital poblana, donde recibió la Cédula Real de la ciudad de Puebla, subrayó que el movimiento que integra busca en particular que la industria petrolera nacional recupere el papel preponderante que tuvo en el pasado como conductora del crecimiento económico e industrialización del país, creadora de empleos formales, impulsora de desarrollos regionales e impulsando desarrollos regionales.
“Un sector energético del Estado, con organismos operadores como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad saneados de corrupción, que opere en absoluta transparencia, eficiencia y eficacia dentro de la racionalidad ambiental”, afirmó ante un salón de cabildo a su máxima capacidad, en donde estuvo acompañado por los senadores Alejandro Encinas, Luis Miguel Barbosa e Ifigenia Martínez.
La entrega de la Cédula Real de Puebla cobró especial relevancia no sólo por tratarse del primer reconocimiento de esta categoría que se entrega a una personalidad de la izquierda mexicana, pero en este caso quien la otorgó fue un ayuntamiento gobernado por el Partido Acción Nacional.
El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, destacó la importancia de Cárdenas Solórzano en la historia reciente de México y en la defensa de los ideales de la izquierda.
“Es posible encontrar las coincidencias con quienes profesan ideologías diferentes. Buscar el acuerdo sin soslayar la convicción política ha sido una característica en su esfuerzo democrático, tanto dentro de su partido como en la relación con dirigentes y autoridades emanadas de otras posiciones”, señaló Rivera Pérez al galardonado.
Sobre el discurso de Cárdenas, el edil panista respondió que el llamado a los ciudadanos, partidos y gobiernos no sólo es a la defensa del voto, sino que es urgente trazar un camino hacia un bien mayor para la defensa de las libertades y el crecimiento equitativo entre los mexicanos.
Entrevistado por separado, el ingeniero dejó en claro que no está llamando a la “movilización”, sino a la organización ciudadana. “No son necesarios los balazos para sentarnos a dialogar”, subrayó.
Agregó que la defensa del petróleo no es exclusiva de ningún partido o movimiento social, y reconoció la coincidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en este esfuerzo.
Falacia, cambiar el artículo 28 de la Constitución
Por primera vez en el principal salón del ayuntamiento de Puebla se escuchó un discurso de izquierda, que giró sobre la defensa de la soberanía y criticó las reformas constitucionales que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Cárdenas Solórzano subrayó que el gobierno federal ha realizado en las ultimas semanas un “alud” propagandístico respecto a la reforma al artículo 27 constitucional, pero poco o nada se ha dicho sobre la reforma al artículo 28, “que es falaz, pues oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio”.
Al respecto, indicó que el cambio que se busca en ese artículo de la Constitución cancelaría la condición de estratégicos a los hidrocarburos y a la electricidad, pues en la propuesta del Ejecutivo federal éstos ni siquera alcanzan la categoría de prioritarios.
Además, se abre la posibilidad de que el Estado sea totalmente desplazado de esos sectores, y estaría autorizado a deshacerse de los bienes muebles e inmuebles de Pemex y CFE. “Todo lo que posean podrá ser vendido y privatizado”, remarcó.
De igual forma, el Estado mexicano perdería la exclusividad en el manejo de áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y consecuentemente del manejo y cuidado de las reservas petroleras, así hasta la transformación industrial de la refinación y la petroquímica, además de los servicios complementarios.
“Otra consecuencia muy grave de cancelar la condición de estratégicos a los sectores petrolero y eléctrico es que se quedarían sujetos a las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio, del que se encuentran hasta este momento excluidos”, agregó.
En ese sentido, advirtió que el país está ante la grave perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 regresen al país con otros nombres, y sean quienes de nueva cuenta decidan cómo se manejan los recursos petroleros, siendo las principales beneficiadas de los yacimientos mexicanos.
“Reformar los artículos 27 y 28 es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga”, expuso.
Y agregó: “Más allá de la intención privatizadora, de ceder mercados nacionales a productores y prestadores de servicios principalmente extranjeros, que son quienes tienen las mayores disponibilidades de capital de inversión, resulta absurdo pensar que los sectores pretroleros y eléctrico no se consideren estratégicos, y que se les dé el mismo tratamiento que la confección de ropa de lujo o la elaboració de golosina chatarra”.
Sí a la inversión privada, pero mexicana
Por el contario, planteó una propuesta en donde se debe establecer una política de inversión privada que participe intensamente en la producción de insumos para la industria petrolera, pero con prioridad en los mexicanos, en las adquisiciones y contratos del sector energético estatal.
Por otro lado, señaló, debe fomentarse que las industrias utilicen productos elaborados por Pemex, básicamente en el desarrollo de la industria petroquímica.
Criticó que los supuestos avances que plantea Peña Nieto en la reforma energética sólo son “cuentas alegres, y en el mejor de los casos buenos deseos”, ya que no hay cifras que sustenten los presuntos logros ni análisis ni proyecciones de la economía nacional en los próximos años, como tampoco estudios de desenvolvimiento de la industria petrolera internacional y mucho menos la definición de una política petrolera integral que requiera de montos de producción, de cantidades de inversión determinadas entre los años 2018 y 2015.
“Recuérdese que en 2004 se extrajeron casi 3.5 millones de barriles diarios, lo que no generó ni mayores empleos formales ni crecimiento extraordinario de la economía. ¿Por qué en 2018 y en 2015 sería distinto?”.
Dinero sucio en las elecciones
Cuauhtémoc Cárdenas también abordó la reforma política durante su discurso en el salón de cabildos de Puebla; ahí subrayó que en materia electoral el principal problema que padece el país es la intromisión de “dinero sucio, ilegal” que se manifestó en todos los procesos electorales, particularmente en los recientes proceso federal y estatales.
“El fraude burdo, el atropello abierto a la legalidad electoral se ha eliminado en alto grado, pero la compra del voto o su inducción en un sentido determinado por otro tipo de presiones sobre el elector, en lo individual o colectivo, subsiste y crece”, señaló.
En ese sentido, llamó a “superar esta lacra de nuestros procesos electorales”, pues es una demanda que surge de varios factores, entre éstos la necesidad de una sólida educación cívica, la garantía efectiva de la estabilidad laboral, la elevación sostenida de las condiciones de vida familiar, la eliminación de los controles corporativos, una democracia en los sindicatos así como entre las organizaciones políticas y sociales.
“Nuestra democracia mejoraría si se facilitara la creación de nuevos partidos políticos, haciendo menos difíciles los requisitos par la obtención del registro a condición de que hasta que no se obtenga un porcentaje determinado de votación no se tenga acceso a recursos públicos”, planteó.
Asimismo, lanzó una crítica a los políticos que utilizan la obras públicas para promover su imagen, ya que cualquier avance de gobierno que se publicita surge del uso de recursos públicos y del cumplimiento de funciones administrativas.
“Un paso urgente para nuestra democracia social es establecer los mecanismos que permitan hacer exigibles por parte de todos los ciudadanos los derechos ya reconocidos por la Constitución, que hoy en realidad son letra muerta, como el derecho al trabajo, a la educación pública, a la salud, a la seguridad social universal y a la vivienda”, destacó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario