Organizaciones civiles exigieron en el Senado la regulación de las mineras.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
SANTA MARÍA ZACATEPEC, Pue. (apro).- Los representantes de más de un centenar organizaciones, comunidades y colectivos sociales de 14 entidades del país, acordaron aquí convocar a movilizaciones nacionales el 12 de septiembre y el 12 de octubre para exigir la anulación de las reformas estructurales que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como la cancelación de megaproyectos.
En el marco del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, las agrupaciones advirtieron que es tiempo de exigir al gobierno federal el respeto a los derechos de los pueblos y la no criminalización de la protesta social.
En la Declaración Santa María Zacatepec destacaron que “es tiempo de que caminemos juntos, es tiempo de que pasemos de la resistencia a la ofensiva. Seguiremos respetando todas nuestras formas de lucha”.
En el evento participaron 102 agrupaciones, entre otras, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, Red Nacional de Resistencia Civil y Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Además, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Centro de Análisis e Investigación (Fundar).
En la declaratoria final que elaboraron después de dos días de trabajo, las agrupaciones aseguraron que el país enfrenta un “grave peligro”, luego de que el grupo gobernante está cediendo el territorio nacional a intereses extranjeros y a la vez que cancela los derechos de decisión históricamente ganados por los pueblos.
“Hemos coincidido en que, ante esta grave situación, es prioritario construir un proyecto unitario que fortalezca las luchas de nuestros pueblos, pues el aislamiento de los movimientos de resistencia permite a los poderosos derrotarnos”, apuntaron.
Por ello, los representantes de las organizaciones reunidas en esta población invitaron a otras colectividades y movimientos sociales del país a hacer un lado diferencias y protagonismos para construir un frente nacional.
También demandaron al gobierno federal abstenerse de firmar el Tratado Transpacífico por considerar que sólo beneficia a los grandes capitales.
Hicieron un pronunciamiento para exigir la cancelación de las presas Paso de la Reina, La Parota y de las que se proyectan en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, Veracruz y Chiapas, así como del megaproyecto eólico del Istmo y de los parques que se pretenden construir en Juchitán, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y Unión Hidalgo, en Oaxaca.
Asimismo, declararon su rechazo a las concesiones mineras que se han otorgado sin la consulta e información a las comunidades, así como contra la imposición del Proyecto Integral Morelos que afecta a comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala y del relleno sanitario en Tlaxiaca, Hidalgo.
Además, exigieron castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión contra el pueblo de Atenco, ocurrida en 2006, incluido al entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y “quien, ahora desde la Presidencia, continúa imponiendo megaproyectos, específicamente el aeropuerto y carreteras”.
“Las vejaciones y la tortura sexual que han sufrido nuestras compañeras de Atenco y en el Estado de México son inaceptables y seguiremos luchando para que los daños les sean reparados nacional e internacionalmente”, subrayaron.
Los asistentes a esta reunión acordaron unirse en movilizaciones nacionales el 12 de septiembre y 12 de octubre, pero hicieron especial énfasis en que las acciones ya no pueden limitarse a las marchas y la entrega de cartas firmadas a las instituciones y tendrían que pasar a una etapa más “ofensiva”.
Para ello, determinaron reunirse en agosto para precisar las acciones que se llevarán a cabo en cada entidad participante en esta movilización nacional.
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