Los Indignados de Brasil
Esperan cambios en la postura oficial que implique a indígenas y a desplazados
Un grupo de policías contiene a manifestantes en el centro de Rio de Janeiro, luego que la presidenta Dilma Rousseff propuso un plebiscito para una Asamblea Constituyente que promueva una reforma políticaFoto Reuters
Dpa
Periódico La Jornada
Martes 25 de junio de 2013, p. 5
Martes 25 de junio de 2013, p. 5
Brasilia, 24 de junio.
El grupo que comenzó la mayor ola de protestas de las dos décadas recientes en Brasil dirigió una carta a la presidenta Dilma Rousseff, quien los citó para hoy en Brasilia, en la que expresa
sorpresapor el inédito
gesto de diálogodel gobierno central y aclara:
continuaremos en las calles.
Estamos sorprendidos con la invitación para la reunión.Imaginamos que también (usted) está sorprendida con lo que viene sucediendo en el país en las semanas recientes. Este gesto de diálogo del gobierno federal desentona con el trato a los movimientos sociales que ha marcado la política de esta gestión, comienza la misiva del Movimiento Pase Libre (MPL).
Más que conversar, esperan que el encuentro
marque un cambio de postura del gobierno federalno sólo en relación con los manifestantes que tomaron las calles, sino a los pueblos indígenas, las comunidades desplazadas por las obras de movilidad urbana necesarias para la preparación del Mundial de 2014; a los Sin Techo y Sin Tierra, entre otros.
Ratifican su condición de
movimiento social autónomo, horizontal y apartidario que jamás pretendió representar al conjunto de manifestantes que tomó las calles del país.
Nuestra palabra es una más entre las que fueron gritadas en las calles, explica el grupo, que si bien comenzó las protestas reivindicando la suspensión del aumento de la tarifa del transporte público, su bandera, tal como indica su nombre, es la gratuidad de ese servicio, la
tarifa cero.
El transporte sólo puede ser público de verdad si es accesible a todas y todos, o sea, entendido como derecho universal. (...) Cuestionar los aumentos es cuestionar la propia lógica de la política tarifaria, que somete el transporte al lucro de los empresarios y no a las necesidades de la población, sostienen los activistas.
También se manifiestan contrarios a la exhoneración de impuestos exigida por las empresas del transporte, y a que Brasil invierta
11 veces más en transporte individual, mediante obras viales y políticas de crédito para el consumo de vehículo, que en transporte público.
Por último, repudian la
criminalización y represiónde las manifestaciones, únicas responsables, a su entender, que la presidencia los haya invitado a la reunión.
Esta reunión fue arrancada por la fuerza de las calles, que avanzó sobre bombas (de gas lacrimógeno), balas (de goma) y prisiones, sostienen.
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