Calderón y la industria de desinformación

Enrique Calderón Alzati

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todos los casos conocidos de corrupción y enriquecimiento de gobernadores y políticos menores se ha sumado en días recientes el caso del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, de quien además de sus propias historias de complejos, exhibicionismo y extravagancias se ha publicado el hallazgo de una cantidad de dinero en efectivo que pareciera salida de las mil y una noches, en una residencia vinculada con uno de sus asistentes. Curiosamente, como en los casos anteriores, se trata de un ex gobernador perteneciente a las filas del PRI.

Por razones de salud mental había decidido olvidarme de la herencia dejada por Felipe Calderón; sin embargo, creo que ello es virtualmente imposible por la estela de corrupción que este individuo dejó en torno suyo, en este caso con un buen número de gobernadores haciéndose de los presupuestos públicos aprobados por el Congreso, como botines a su disposición. Si bien esto era ya parte de la cultura imperante en algunos grupos de poder antes de su llegada, éste llevó la práctica a niveles inéditos, para compensar su debilidad política derivada de su ilegitimidad de origen, permitiendo hacer a los gobernadores lo que quisieran, a cambio de no meterse con él ni cuestionar sus escasas y cuestionables iniciativas. La estrategia de dejar hacer para poder ser le permitió llegar al final de su mandato, si bien con el altísimo nivel de desprestigio conocido, pero sin que la sociedad se percatara del desbarajuste que había dejado y del cual cada día nos sorprendemos.

Si analizamos el proceso por el cual el presupuesto es distribuido cada año a los estados del país, nos encontramos que éste se inicia en el año anterior, con la definición del mismo que habrá de ser entregado a cada entidad a lo largo del año siguiente, el cual tiene especificado para qué se debe gastar, cómo pueden ser las obras de riego, la construcción de caminos, de hospitales, escuelas y obras urbanas de carácter público, así como para los gastos inherentes a la operación de los servicios educativos, de salud, de seguridad, de justicia, etcétera.

Estas cantidades no son discrecionales, sino que deben ser calculadas a partir de la cantidad de población que vive en cada entidad, a sus números de trabajadores, de estudiantes, de hogares, de hospitales y de las escuelas en operación; de la dimensiones de sus áreas agrícolas y de la longitud de sus carreteras, utilizando para ello fórmulas y criterios previamente establecidos.

Estos cálculos son realizados bajo la supervisión del Congreso de la Unión, tal como sucede en todas las naciones consideradas como estados soberanos, en los que, de acuerdo con las leyes establecidas para tal fin, los presupuestos establecidos no pueden cambiar en sus asignaciones ni pasar de un destino a otro, de manera que los montos asignados a una entidad y a una finalidad no pueden ser usados para algo diferente. Así, los recursos destinados a salud o a educación sólo pueden ser usados para esos fines.

Esto constituye uno de los elementos básicos de gobierno para lograr la justicia social; sin embargo, en la realidad las cosas funcionan de otras maneras, a partir de las triquiñuelas utilizadas por los funcionarios públicos. El caso más conocido es el del uso de los recursos destinado a fines sociales utilizados para la compra de votos en las campañas políticas; si una silla de ruedas, una estufa o una medicina pueden ser usadas para comprar votos, entonces todo se reduce a encontrar las partidas presupuestales adecuadas para que la compra de esos productos puedan ser válidas o aceptables como conceptos de gasto.

Las cosas, por lo que se ve, llegaron más lejos. ¿Qué partidas presupuestales pudieron ser utilizadas para justificar las compras absurdas de cientos de pares de zapatos para satisfacer las fantasías de un gobernador? Quizás las cosas se hicieron de otra manera, obteniendo facturas que hablaran de medicinas o de materiales de construcción en lugar de zapatos. Corresponde a oficinas del gobierno federal y del Congreso impedir que estos actos sean realizados; sin embargo, es claro que en los casos de Coahuila y de Tabasco nada de esto se hizo, como tampoco en otros estados, dejando que cada gobernador y sus séquitos respectivos dispusieran de los fondos recibidos de acuerdo con sus muy particulares intereses. Ello constituye la herencia de un gobierno federal carente de una visión de futuro y de compromiso con el bienestar del país.

Es claro, por otra parte, que los gobernadores y los presidentes municipales deban contar con partidas reservadas (desde luego razonables) para los gastos de protocolo, seguridad y representación; sin embargo, éstos han dado lugar también a excesos de otros tipos; un ejemplo importante que todo el tiempo viene a mi mente, pero especialmente cuando debo viajar por diferentes estados de la República. Me refiero a la existencia de periódicos locales, existentes por docenas en cada estado, supuestamente dedicados a informar localmente sobre el acontecer cotidiano local y nacional, pero que en realidad se dedican a exaltar sin pudor a los gobernantes locales, hablando de ellos como verdaderos enviados de los dioses, borrando toda la existencia de problemas debidos a la ineptitud, al desdén, a la desidia, a la corrupción de quienes ostentan los cargos públicos. ¿Cuál es la función social de estos medios de comunicación? Me atrevo a afirmar que ninguna. ¿Quién los compra? Por supuesto que nadie. ¿De qué se sostienen entonces? Del presupuesto público, de qué otra cosa.

De esta manera toda esta seudoindustria parásita y absolutamente inútil es financiada con recursos etiquetados para otros fines. Las cosas no han parado allí: en los últimos años del pasado régimen comenzaron a aparecer también en varios estados revistas por lo general ostentosas, dedicadas a presentar a los mismos gobernantes en actos sociales de promoción personal, constituyendo un nuevo tipo de dispendio de recursos en un país que no puede crecer ni aspirar a más por la pobreza de su gente y por la ausencia de servicios que los gobiernos de los estados no están en condiciones de poder sufragar.