Periodistas mexicanos. En la línea de fuego.
Foto: Ricardo Ruíz
Foto: Ricardo Ruíz
En solidaridad con Jorge Carrasco y todos los compañeros reporteros amenazados del país que, a pesar de todo, resisten.
MÉXICO, D.F. (apro).- Por varios años consecutivos México ha sido considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Las razones de esto podrían centrarse en el contexto de violencia que ha generado la lucha desatada entre las bandas del crimen organizado y también en el ambiente generado por la declaración de guerra que lanzó Felipe Calderón desde el 2006.
Pero las raíces de este problema también están en la corrupción en el medio político y periodístico, la impunidad para castigar a los culpables, la fusión del poder político y el crimen organizado, el desinterés por la protección de los reporteros por parte de los dueños y directivos de los medios de comunicación, el fracaso de la estrategia oficial para combatir un fenómeno internacional, la indolencia gubernamental en las investigaciones, y también la ausencia de cohesión en el gremio, entre otras más.
Resulta paradójico que en el periodo de la llamada transición a la democracia, que al final sólo fue un cambio de partido en el poder, es cuando más casos de periodistas asesinados y desaparecidos se han registrado en México. Según datos revelados en diciembre pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2005 a la fecha han sido asesinados 82 periodistas y 15 más están desaparecidos.
Desde hace siete años, todas las organizaciones internacionales de protección a periodistas, incluso la ONU y la OEA, han emitido informes y recomendaciones para que se detengan los ataques a periodistas y medios de comunicación.
En un informe final sobre una misión realizada en 2010 a México, para evaluar la situación de la prensa en el país, los relatores de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero, señalaron que México era el país con mayor violencia contra periodistas en el Continente Americano, y en el que se enfrentan más dificultades para el ejercicio de la libertad de expresión.
La Rue dijo entonces: “Hay una ausencia de interés. La impunidad es eso: la ausencia de justicia, y de eso sí es responsable el Estado, me parece que especialmente con la prensa que ha sido más crítica en los casos de corrupción o con los casos de abuso de autoridad física. Pareciera que el gobierno y las autoridades de seguridad simplemente no reaccionan, con lo cual generan un ambiente mayor de hostilidad contra los y las periodistas, y mayor riesgo”.
Esta situación no ha cambiado con el regreso del PRI al poder. La organización Artículo 19 revela en su último informe que al menos 43% de las agresiones contra los trabajadores de la prensa provienen de funcionarios públicos de los tres niveles gubernamentales y sólo 14% a la delincuencia organizada.
Además, señala como preocupante que a pesar de la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (FEADLE), desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2011 su personal tuvo el conocimiento de 265 agresiones contra periodistas y sólo un caso de sentencia condenatoria.
Mientras que de la CNDH critica su deficiente actuación en el tema de protección a periodistas y la defensa de la libertad de expresión a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos Humanos, pues de 2006 a 2012 se iniciaron 384 expedientes de queja de ataques a la prensa, casos en los que el Programa de Agravio emitió una recomendación únicamente en 6% de los casos, en 8% realizó una labor de conciliación y en 86% de los restantes no reportó nada.
El Comité de Protección para Periodistas de Nueva York (CPJ) ha señalado en su último informe que México es el país con mayor número de periodistas desaparecidos en el mundo, con 12 en los últimos siete años, lo que ofrece otro indicador de la situación de crisis de seguridad para los reporteros mexicanos.
Estos informes y muchos otros más describen la fragilidad, la desprotección y la inseguridad con la que trabajan muchos periodistas en varios estados. Asimismo, la impunidad con la cual se mueven los poderes políticos y el narcotráfico para acallar a los medios, como en el caso de Veracruz, donde el gobernador priista Javier Duarte ha establecido un régimen de control y terror con la idea de controlar la información que se genera en su estado.
A la manera de un virrey, el gobernador de Veracruz intenta tapar el sol con un dedo y negar la situación de inseguridad que se padece en la entidad. En poco más de dos años de administración, han muerto nueve periodistas en esa entidad, aparte de que ha emigrado un grupo de reporteros y fotógrafos por las amenazas recibidas tanto por los grupos criminales como por los políticos que, al final, ya son los mismos.
El caso de la compañera de Proceso, Regina Martínez, asesinada hace un año, y ahora las amenazas en contra del compañero Jorge Carrasco por funcionarios de seguridad veracruzanos, son el claro ejemplo de la impunidad con la que actúan estos grupos desde el gobierno en contra de cualquier intento de informar con veracidad lo que ocurre en ese estado.
Veracruz y Tamaulipas son hoy los estados más peligrosos para los periodistas y, mientras se mantenga la impunidad, la corrupción y el interés por controlar a la prensa, lamentablemente México seguirá siendo el país más peligros del mundo para ejercer el digno oficio de informar.
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