El PAN lanza campaña contra gobernadores y alcaldes corruptos del PRI… pero pasa por alto sus propios casos

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- El 10 de abril, el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, anunció que denunciarían al ex Gobernador de Tabasco Andrés Granier por el desvío de mil 900 millones de pesos en recursos federales. Pero los panistas dicen que Granier es sólo la punta del iceberg. Hablan de un “tsunami de corrupción de gobernadores priistas”, que endeudaron y utilizaron los recursos de manera irresponsable. Madero advirtió que los seguirían denunciando. “Este modus operandi de los gobernadores priistas lo denunciamos y lo seguiremos denunciando en todas las situaciones, como se presentó en su caso en el caso de Coahuila. Ahora en el caso de Tabasco y de Tamaulipas”, dijo el miércoles pasado. 

El problema es que además de gobernadores o alcaldes priistas, hay también de otros partidos, incluyendo a los mismos panistas. El 1 de abril, el secretario de Gobierno del estado de Morelos, Jorge Messeguer Guillén, dijo que presentaron una denuncia penal contra el ex Secretario de Finanzas del gobierno anterior, encabezado por el panista Marco Antonio Adame, por un posible desvío de recursos de mil 270 millones de pesos. Asimismo, dijo que existen deudas las cuales no fueron notificadas a la actual administración. O está el caso del ex Alcalde de Tapachula, y ex aspirante a la gubernatura de Chiapas por parte del PAN, Emmanuel Nivón, acusado de dejar a su municipio endeudadísimo y sin recursos. Para el ex Senador del PAN, Juan José Rodríguez Prats, de este fenómeno no se libra ningún partido: está relacionado con un mal diseño constitucional. 

“Desgraciadamente los congresos locales han sido cooptados por los gobernadores y estoy hablando de grupos panistas, priistas y perredistas que no han cumplido su tarea. Ahora se quiere sacar una nueva ley, una nueva institución para controlar la deuda, el pozo tapado cuando el niño está ahogado y las deudas ya se dispararon y en su mayor caso corresponden a deudas ilegales, como el caso de Coahuila, Chiapas e inclusive los ayuntamientos actuaron sin control y hay una relación perversa entre diputados locales y ayuntamientos”, explica sobre por qué las deudas de diferentes gobiernos y municipios se dispararon. Por su parte, el especialista en corrupción Ernesto Villanueva dice que el PAN hace bien en denunciar a los priistas, pero debe pedir lo mismo en el caso de sus representantes para evitar la impresión de que sólo lo está politizando. 

“Tiene que ser regla general pero obviamente cuando lo hace uno (del PAN) permanecen en silencio, entonces que esto no se politice y se establezcan reglas claras y la posibilidad de incurrir en responsabilidad en ese tipo de gastos que lastiman la calidad de servicios y obligaciones mínimas a los gobernados”, apuntó el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional de México (UNAM). LAS MEGADEUDAS Las deudas estatales en su conjunto ascienden a 404 mil millones de pesos, hasta el 31 de julio del año pasado, según la Secretaría de Hacienda. La primera megadeuda destapada fue la producida en el mandato del priista Humberto Moreira cuando gobernó Coahuila, la cual es de un monto de 36 mil 676 millones de pesos. Una deuda equivalente a 2.76 veces sus ingresos disponibles. Fue tal el escándalo que los panistas le dieron seguimiento implacable, uno de los encargados fue Federico Döring, como compartió el asambleísta con SinEmbargo hace unos días. En el caso tabasqueño la deuda de 20 mil millones de pesos dejada por el ex Gobernador Andrés Granier, fue denunciada por el Gobernador perredista Arturo Núñez, pero el PAN le puso nombre y apellido a las denuncias presentadas ante las procuradurías generales del estado como de la República. Acusa directamente al ex mandatario estatal Andrés Granier. Pero no son los únicos casos de deudas. Chiapas tiene su propia megadeuda por parte del anterior gobernador Juan Sabines, por 40 mil millones de pesos y de 69 municipios, uno de los cuales fue gobernado por Nivón. A ello se suma el caso de Morelos. 

El tema ya llegó al Congreso de la Unión y se legisla para tener una ley que prevea esas megadeudas, aunque anda atorada por un asunto de “exclusividad” que sobre legislación de esas deudas tendrían los diputados federales, y donde el Senado no tendría injerencia, según legisladores perredistas. De acuerdo con el legislador Carol Antonio Altamirano “existe un riesgo de inconstitucionalidad si la Cámara de Senadores dictamina reformas sobre empréstitos de estados y municipios”.

CONGRESOS CÓMPLICES 

De acuerdo con Prats, esta ley no será suficiente, ya que es el diseño institucional lo que ha fallado. Faltan contrapesos al poder de los gobernadores. “Este es el problema de cultura política, no de modificar leyes o crear instituciones y sucede en todos los partidos, sucede en todos los estados, es una tentación porque se rompió un cierto equilibrio a raíz de que en 2000 llegó otro partido al poder, definitivamente el poder central era un contrapeso a los gobiernos estatales”. El ex legislador explicó que los estados se han endeudado porque los congresos no ejercen un contrapeso, ni control sobre los gobernadores, y más aún, son cómplices. 

Es una situación surgida a partir de la llegada de Vicente Fox en el año 2000, cuando promete respeto al trabajo de los gobernadores y acaba con la era en la cual los presidentes de la República podían remover a los gobernadores. Recuerda que entre 1929 y el 2000 fueron removidos 49 gobernadores por distintos motivos, ya sea políticos o de malos manejos. “Saber que la Federación podía frenar o hacer renunciar era un contrapeso, parece contradictorio pero el gobierno central era un contrapeso a los gobiernos estatales”. 

Al mismo tiempo, advierte que apenas se conoce la punta del iceberg de las deudas. Queda pendiente saber el monto de las adquiridas por temas laborales que dispararon el gasto corriente. “Presidentes municipales que cesaron a funcionarios o los metían porque con esta alternancia salían unos y entraban otros, entonces basificaban a su gente para que el entrante no los pudiera despedir y al llegar el entrante con un compromiso de quienes lo llevaron al poder, tenía que ampliar el gasto corriente, se disparó el gasto corriente en forma alarmante. Incluso, eso fue una de las cosas contra las que nosotros luchamos en las administraciones panistas del Estado de México, porque desafortunadamente incurrieron en incremento del gasto corriente en detrimento y poniendo a trabajadores como gasto corriente en obras públicas y no era gasto corriente, era para meter a su gente. 

Después vinieron los conflictos laborales que son muy graves”. A ello agregó que las aportaciones de seguridad no están fondeados, y estados y municipios dejaron de aportar y han generado otra deuda. “Son sistemas no fondeados y a la larga va a estallar”. Los congresos perdieron la oportunidad de ser contrapeso y más bien fueron cooptados y hallaron mecanismos para beneficiarse con la adquisición de deudas. “Esto es responsabilidad de los congresos locales, tienen sus auditores del estado y sus comisiones de Hacienda y revisan los ingresos y la cuenta pública y en esto hay una enorme negligencia o hasta complicidad, porque muchas comisiones de Hacienda presididas por diputados locales extorsionan a municipios o trabajan con contratistas que recomienden a los municipios para que ellos (los diputados tengan su comisión) y evidentemente las constructoras son propiedad de los mismos diputados”. 

En su caso él ha dado pláticas a legisladores panistas estatales y les sugiere ejercer más control en las finanzas estatales. Por su parte Villanueva considera que el ajuste de cuentas entre partidos ha tenido una parte benéfica, la de mostrar los enormes montos de las deudas. “Y es lamentable porque son recursos que ya debemos todos porque no hay justificaciones ni sanciones y genera un doble problema. Se presume mucho la transparencia, pero de nada sirve sin rendición de cuentas y eso genera malestar social”, concluyó el académico.

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