Las pruebas de Expo Fraude

Ciudad Perdida

El bajo costo de la paz
El alto costo de la imposición

Miguel Ángel Velázquez

El domingo pasado se clausuró la Expo Fraude en el Zócalo, en la que se presentaron un sinnúmero de pruebas que dieron idea de cómo se efectuó la elección de presidente de la República.

Fueron miles los que llegaron en busca de datos. Unos para confirmar sus sospechas sobre las trampas que se pusieron a los comicios, y otros, de mala fe, para tratar de hallar los argumentos necesarios para rebatir las acusaciones que levantaron las izquierdas en contra del PRI y, desde luego, de la elección.
De cualquier forma, unos y otros se vieron sorprendidos por el tamaño de la muestra. Como en botica, hubo de todo, lo mismo los termos que las tarjetas del supermercado Soriana, y por pequeñas que fueran unas, y grandes, escandalosas, otras, todas fueron calificadas de ilegales.
Desde luego la expo fue importante porque propone el juicio de todos quienes votaron. No se trata de los jueces de los organismos que cobran sus salarios mediante las aportaciones de la gente, no: se trata de poner a disposición de los electores las pruebas con las que las izquierdas piden que se invalide la elección presidencial.
Los juicios fueron de los visitantes, quienes al salir de la muestra se decían indignados, molestos, algunos incluso con violentos calificativos para los priístas y para las autoridades electorales, que no hacen caso de todas estas ilegalidades y dejan que los priístas queden impunes.
Y es que, por ejemplo, el jueves pasado, dos damas que podrían tener participación en el juicio de la elección, Olga Sánchez Cordero y María del Carmen Alanís Figueroa, se reunieron en uno de los comedores de la Suprema Corte de Justicia, y aunque para muchos la reunión llamó la atención, porque no resulta común, se despertó el tan azul sospechosismo, que no deja títere con cabeza.
De cualquier forma, no parece haber mucha confianza en las decisiones de los jueces. Para algunos asistentes a la expo, esos que salían desilusionados, como con una pesada losa sobre los hombros, resulta casi imposible hacer que desde el IFE, el TEPJF o desde la misma Suprema Corte se pudieran dar cambios. Sería tanto como aceptar que ellos fallaron, y eso no va a suceder.

Seguramente se inventarán nuevos candados para tratar de que las instituciones se limpien la cara, y se vuelva con aquello de que en democracia todo es perfectible. Por lo pronto, se debe dar respuesta seria y puntual a todas las pruebas que se han presentado, para no alimentar reacciones de consecuencias funestas para todos.
El precio de la paz es tan bajo como reconocer que la elección estuvo plagada de ilegalidades, seguramente de todos los bandos, sólo que unos, como el de los priístas, llevaron las cosas al extremo. Según las pruebas que presentan las izquierdas, inaguantables.
Por eso es importantísimo que hoy se ponga sobre la mesa el costo de la imposición. Ya no se trata, y eso debe quedar claro, de los controles que, como hace seis años, se tenían desde el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Hoy un sinnúmero de personas, que incluso no obedecen a ningún tipo de ideología o partido alguno, se mueven y se organizan por su parte para encontrar la forma de impedir que su voluntad sea, una vez más, burlada.
Nadie tiene el control sobre muchos grupos indignados en todo el país, y por eso vale preguntarse, y sería pertinente que lo hicieran también las autoridades electorales y los dueños de los llamados poderes fácticos: ¿cuál es el precio de la paz? Eso es lo que importa; lo demás, los intereses facciosos o los egos robustecidos por la impunidad, no importa. ¡Aguas!

De pasadita

Entre los panistas las críticas a Felipe Calderón se multiplican. Hay muchos que aseguran que si la campaña de Josefina Vázquez Mota hubiera tenido como eje los logros del gobierno federal, la catástrofe habría sido peor.

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