Oaxaca, Oax.- El gobierno estatal, mediante mecanismos jurisdiccionales establecidos en la ley civil, indemnizó simbólicamente a 66 sobrevivientes y ex presos políticos del movimiento magisterial y popular aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el 2006 y 2007, debido al daño moral sufrido por las violaciones cometidas en detrimento del derecho a su libertad personal.
El presidente de la filial Oaxaca de la Limeddh, Isaac Torres Carmona informó que las víctimas presentaron en febrero del 2009 una demanda judicial de responsabilidad civil por daño moral en contra del gobierno estatal, por ser sometidos a proceso penal "bajo consigna del gobierno estatal" por los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías de comunicación, entre otros.
Explicó que los ex "presos políticos y de conciencia" demandaron en la querella una indemnización por la vulneración ilegalmente de su libertad personal, su integridad física y psíquica, tomando en cuenta los derechos lesionados, así como el grado de responsabilidad, la situación económica de las responsables, atendiendo también a la naturaleza compensatoria y satisfactoria de la reparación moral, así como las demás circunstancias del caso tal y como estipula el Código Civil en vigor para el estado.
En nombre de los sobrevivientes y ex presos políticos, hizo un reconocimiento expreso al gobernador Gabino Cué por asumir con convicción y sentido de responsabilidad, su compromiso legal y político ante los vergonzosos y tan deleznables hechos de represión cometidos por el régimen priista, antidemocrático y antipopular de Ulises Ruiz Ortiz, en colaboración con el gobierno federal, donde murieron más de 28 personas y cerca de 500 fueron injustamente encarceladas y procesadas.
No obstante, destacó que los sobrevivientes y ex presos políticos del movimiento magisterial y popular solicitaron al gobernador la creación del programa integral de reparación del daño, a fin de garantizar el resarcimiento integral de los daños ocasionados en su esfera personal, psicológica, afectiva o emocional, económica, familiar, laboral y social, como son la prestación de servicios médicos psicológicos gratuitos y de calidad, becas, apoyos y estímulos económicos para la generación de actividad económica encaminada a contribuir y a mejorar las condiciones de vida de los afectados y sus familias.
Rechazó que la indemnización se trate de una repartición de recursos a discreción del gobierno estatal para dividir a las víctimas, tal y como lo han manifestado públicamente algunas voces discordantes, quienes solo buscan confundir a la opinión pública y contribuyen al enrarecimiento del clima político, con fines poco claros.
"Lamentamos que se pretenda utilizar y desvirtuar un hecho de tal trascendencia e importancia para la vida social y política del estado, pues contrario a lo que se pueda decir, constituye un logro en la lucha por la reivindicación de los derechos humanos".
Según informes no confirmados, los 66 sobrevivientes y ex presos políticos del movimiento magisterial y popular recibieron 170 mil pesos cada uno como indemnización.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
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