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| Más y más represión contra el SME |
¿Inicia la era fascista de calderón?
Empieza la represión abierta y sin justificación para concretar la privatización eléctrica.
El primero de septiembre habrá una manifestación de “los Indignados”, versión México.
Por María de Lourdes Martínez González | Periodista de Frecuencia Laboral | Sábado, 6 de Agosto de 2011
Violentando los preceptos de los derechos humanos constitucionales, la juez segundo en materia penal, ordenó suspender los derechos políticos de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y de Eduardo Bobadilla Zarza, secretario de Trabajo del gremio y a la apoderada legal del gremio Yolanda Vargas. También dictó auto de formal prisión en su contra, por un presunto “intento de fraude”, prefabricado, con lo cual pretenden evitar que se les reconozca como dirigentes del gremio.
Martín Esparza y Eduardo Bobadilla se encuentran en libertad gracias a que se ampararon desde finales del mes de julio del 2011, contra esta acción arbitraria de la autoridad judicial, debido a que un empleado de juzgado les informó del plan que se había fraguado el gobierno federal, para encarcelarlos y descabezar a la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas.
“Estamos en una encrucijada que obliga a la sociedad civil, a las organizaciones campesinas, sociales, sindicales, populares, a salir a las calles para oponerse a esta política fascista”, porque el gobierno de Felipe Calderón y algunos priistas, pretenden eliminar los derechos humanos constitucionales de los mexicanos.
Anunció que el próximo primero de septiembre habrá una mega concentración de protesta de todos los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil y de todos “los mexicanos indignados”, por el despliegue de “la era fascista del gobierno de Felipe Calderón”, que utiliza las fuerzas armadas para reprimir a la población, con el pretexto del combatir al narcotráfico, pero que ha asesinado a 50 mil mexicanos que nada tenían que ver con ese delito.
Dijo que el gobierno de Felipe Calderón, ante su impotencia para acabar con las protestas de los trabajadores por el desempleo galopante en México, por las agresiones a los sindicatos minero, electricista y de la aviación, por el aumento de la pobreza, utiliza a las fuerzas armadas, a los jueces y la cárcel para reprimir a los sindicalistas que se oponen al desmantelamiento de las empresas públicas y a la entrega la riqueza petrolera, eléctrica y aérea nacional a los españoles y a otras transnacionales.
Subrayó que está muy claro que de lo que se trata es de dejar acéfalo al movimiento de resistencia contra la privatización eléctrica, porque las autoridades de la Secretaría del Trabajo, estaban obligadas a registrar como válida la reelección de Martín Esparza, en la secretaría general del SME y a su comité sindical, para el período 2012-2014.
La secretaría del Trabajo, que encabeza Javier Lozano –al cual los mismos legisladores han calificado de fascista- a través del director de registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo, interpusieron una demanda en contra de Eduardo Bobadilla Zarza, Martín Esparza y la licenciada Yolanda Vargas, apoderada legal, por reclamar las cuotas sindicales que se habían quedado en poder del banco Bansefi. Lo peor del caso es que Martín Esparza no fue quien reclamó el dinero que legítimamente pertenece al SME, por tratarse de sus cuotas sindicales, sino Humberto Montes de Oca y Eduardo Bobadilla, dirigentes que en ese momento sí contaban con el registro oficial
“Quien interpuso la demanda penal fue el director del registro de asociaciones, según el expediente de 8 tomos, porque señala que tenemos la suposición de que hay unos cheques de depósito en Bansefi y como no tienen toma de nota no los pueden cobrar, por lo cual se concluye que los representantes sindicales quieren defraudar al sindicato”
Al participar en el foro “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Toma de Nota, Autonomía Sindical y Libertad Sindical”, dijo que Felipe Calderón ya entró a la etapa fascista y autoritaria de su gobierno y pretende quitarle a los electricistas sus derechos civiles y humanos por la fuerza de las armas y de las sentencias de los jueces a su servicio, ya que no ha podido aplacar la resistencia del SME, contra la privatización del sector eléctrico nacional y por la recuperación de su fuente de empleo que desapareció con la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro.
Agregó que el gobierno de Felipe Calderón desmanteló a Luz y Fuerza del Centro para saquear su fibra óptica y sus instalaciones. Pero lo mismo ha hecho con Petróleos Mexicanos, entregando la producción y comercialización de gasolina a los estadunidenses y la comercialización del gas natural a los españoles.
Subrayó que luego de que el máximo tribunal de la nación emitió la jurisprudencia para eliminar el requisito de la toma de nota a los dirigentes sindicales, que era el reconocimiento oficial, las autoridades laborales no podrían obstaculizar más a la dirección sindical de los electricistas que encabeza Martín Esparza. Por lo cual ahora quieren encarcelarlo para frenar su liderazgo para acabar con la resistencia civil en contra de su política entreguista.
Sin que mediara juicio de por medio, como lo establece el artículo 74 Constitucional, y sin haber notificado a los acusados de la denuncia en su contra, para su defensa, la juez segundo –giró orden de aprehensión contra los dirigentes del SME el pasado 20 de julio del 2011. Los agraviados se presentaron amparados para conocer su caso una semana después y se encontraron con que había un legajo de 8 tomos y que ya habían citado a declarar a los supuestos denunciantes, pero nunca se notificó a los afectados.
“Hicimos elecciones y la junta federal de conciliación y arbitraje señaló que podían votar todos los sindicalizados que mantuvieran sus derechos, que no se hubieran liquidado o que no hubiesen sido expulsados del Sindicato Mexicano de Electricistas, sin embargo las autoridades laborales, con Javier Lozano a la cabeza, pretenden imponer como representantes de los electricistas a personas que fueron expulsadas por corrupción, como el ex secretario general del SME, Jorge Sánchez, y a quienes traicionaron aliándose con el gobierno para desmantelar a Luz y Fuerza, como Fernando Muñoz.
El primero de septiembre del 2012 es la fecha clave para iniciar el “movimiento mexicano de los indignados”, porque en la Cámara de Diputados y de Senadores inicia el período ordinario de sesiones y, de acuerdo al nuevo reglamento, deben pasar directamente para su discusión las iniciativas de Ley de Seguridad Nacional, con la que pretenden que el presidente de la República se erija como dictador, al otorgarle el derecho –sin impedimento del congreso- de ordenar el uso del ejército para reprimir las manifestaciones y protestas públicas, para espiar y “desactivar” a los dirigentes y luchadores sociales y sindicales.
También debatirán la reforma laboral, que propusieron el PRI y el PAN, con la cual eliminarán el derecho de los trabajadores a la jornada de 8 horas de trabajo, el derecho a indemnización por enfermedades de trabajo, reconocerán la contratación mediante outsourcing, con lo cual eliminan las prestaciones sociales como el derecho al seguro social, pago de utilidades y de aguinaldo, el reconocimiento de la antigüedad laboral para una pensión digna, entre 26 derechos más que pretenden abolir.
“Así con la por ley la mano entregarán el país a las transnacionales con de obra barata y sin prestaciones, que además no tenga derecho a protestar”, subrayó Martín Esparza.
Estuvieramos preocupados si el sexenio que viene lo fuera a ganar el PAN, pero les falta poco, les faltan días, se van a ir el SME se va a quedar…el tiempo ya no les da para extinguir al Sindicato Mexicano de electricistas, ya no les da el tiempo para ocultar que la extinción y el saqueo de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro fue ilegal.
Fuente: Frecuencia Laboral
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