Karina Avilés
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 45
En un foro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario del interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Humberto Montes de Oca, propuso construir una nueva central de trabajadores que agrupe “a todas” las tendencias sindicales democráticas y realizar el trabajo para tener “una representación política propia”.
Ante decenas de maestros reunidos en el contexto del Taller del educador popular, el cual se desarrollará a lo largo de esta semana en el auditorio del SME, Montes de Oca señaló que para salir de la crisis por la que atraviesa el país y avanzar hacia un cambio democrático popular desde la izquierda es necesario “ir más allá” de las alianzas con los movimientos democráticos y pasar “a la lucha política”.
Para ello, señaló, es necesario construir una organización política nacional, cuya parte medular sea el movimiento social alternativo. Antes cuestionó por qué, si la ciudadanía está harta, no se rebela y las diferentes organizaciones democráticas “siguen siendo marginales”.
A ello respondió que el Estado tiene un “control sobre la mayoría de la población”, además de que gran parte de los medios de comunicación, en particular los electrónicos, ejercen una influencia “muy fuerte sobre la conciencia” de los ciudadanos: hay desinformación, existe una crisis de representatividad de los partidos, falta una cultura política del pueblo, además de que la pobreza impide a la ciudadanía participar en la defensa de sus derechos políticos, sociales y económicos.
Por su parte, el general José Francisco Gallardo, quien en 1993 fue condenado a ocho años de prisión, luego de la publicación de un extracto de su tesis de maestría titulada Las necesidades de un ombudsman militar en México, expresó que no tenemos un Estado fallido, sino “un gobierno fallido” que se renueva mediante el sistema electoral.
Expresó que en este país no tenemos un sistema de justicia, sino un “sistema inquisitorio” y los ciudadanos viven una “impunidad legalizada”. La seguridad interior, añadió, es “un proyecto de grupos de poder que tiene como finalidad la seguridad del gobierno, del Ejército, de la oligarquía, y todo esto provoca un Estado delincuencial”.
En su turno, Víctor Manuel Velasco, de la Organización Nacional del Poder Popular, consideró que el cambio verdadero se dará en la medida en que “seamos capaces de construir los embriones del poder popular”. Para ello, concluyó, “es necesario crear nuevas relaciones sociales a nivel de la economía, la política, la cultura y la educación”.
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