México, DF; 13 de marzo (Apro).- Cuando el jueves 3 de marzo Felipe Calderón fue a la Casa Blanca ya sabía de la operación Rápido y Furioso.
The Center por Public Integrity (CPI), una organización no gubernamental con sede en Washington dedicada a hacer investigación periodística en el mundo, había informado desde febrero a la presidencia de la República que darí
a a conocer en la prensa de Estados Unidos una operación de tráfico de armas a México organizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Durante varios días, pidieron una posición del gobierno de Calderón, que de forma reiterada le había reclamado al gobierno de Estados Unidos por la falta de control en la venta de armas que acaban en manos de los narcotraficantes mexicanos.
Era una manera de responsabilizar al gobierno de Barack Obama de la violencia que ha dejado ya unos 35 mil muertos, en la “guerra al narco” impulsada por Estados Unidos y abrazada en su totalidad por Calderón.
Pero cuando se trató de dejar a un lado la retórica y tomar el tema en serio, guardó silencio. Ni la oficina de Calderón, ni la del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, respondieron a la petición del CPI.
El portavoz de seguridad nacional, que tanto vocifera las ejecuciones de jefes del narcotráfico, ha sido el gran ausente. Nadie se acuerda de él, ni reclama su presencia para que rinda cuentas.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, también escurrió el tema. Emitió un comunicado que por su brevedad y contenido confirma la vergonzosa política exterior mexicana. Y peor todavía, cuando compareció la semana pasada en el Senado de la República, para hablar de los tratados de libre comercio de México, literalmente tuvo que salir por la puerta de atrás para no enfrentar las preguntas que se hace la prensa mexicana.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales y de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada estarían obligadas no sólo a iniciar una averiguación previa –como se supone que ya lo hicieron– sino a investigar y forzosamente consignar a los responsables, quienes están plenamente identificados.
Si el gobierno de Calderón hizo del tema Cassez un asunto de defensa a ultranza de su política de seguridad, hasta ahora doblándole la mano al Poder Judicial, tiene la oportunidad de demostrar que su “guerra” va más allá de su carencia de legitimidad política.
Pero el gobierno de Estados Unidos ya soltó la insidiosa versión de que el gobierno calderonista sí tenía conocimiento de la operación. El silencio de Calderón, Poiré, Espinosa y cuantos están obligados a dar la cara se hace ignominiosamente más grande.
La secretaría de la Defensa Nacional es la responsable del registro de armas en México; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están obligados a advertir sobre las tendencias en el uso de armas en el país; y la secretaría de Hacienda, a través de la Administración General de Aduanas, a controlar su ingreso.
Como se trata de un tráfico ilegal tienen una coartada para esquivar sus responsabilidades, pero al mismo tiempo quedan atrapadas en las acusaciones de los fabricantes y vendedores de armas que le han respondido al gobierno de Calderón: El problema no son las armas que llegan desde Estados Unidos, sino la corrupción de los policías, agentes y militares mexicanos.
Calderón puede reclamarle a Barack Obama por el del embajador Carlos Pascual, pero mientras siga recibiendo de Estados Unidos recursos para su guerra, acceda a la creciente presencia de elementos de las agencias de seguridad e inteligencia de ese país –civiles y militares– en todo el territorio, y permita que los secretarios de la Defensa y de la Marina sigan rindiendo cuentas a Washington, ya no tendrá ni argumentos retóricos para reclamar por el tráfico de armas ni por cualquier otra operación de su tipo.
Hace 14 años, el gobierno de Estados Unidos emprendió la operación Casa Blanca, para “demostrar” el lavado de dinero en México; ahora es Rápido y Furioso; mañana será otra mientras los gobernantes mexicanos con una mano pidan dinero a Washington y con la otra se tapen la boca.
jcarrasco@proceso.com.mx
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