EU orilló a sacar al Ejército de calles de Ciudad Juárez

El embajador Pascual supo con meses de antelación que la PF quedaría al frente
La urbe fue un laboratorio fallido de la lucha antinarcoCalderón apremiaba en 2009 por ayuda contra la inseguridadWashington hace selectivo manejo de muertes de activistas

Por “insistencia” de EU se relegó al Ejército de la lucha antinarco en Juárez

Cables revelan la “colaboración” estadunidense para dejar al frente a la PF

En la urbe fronteriza, un joven herido en el estómago durante un tiroteo entre dos grupos armados espera atenciónFoto Pablo Ramos García

Agentes de la PF detienen en Ciudad Juárez a un sospechoso de disparar contra un hotel donde se hospedan integrantes de esa corporaciónFoto Pablo Ramos García

Blanche Petrich

 

Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 4

El golpe de timón que se produjo en el combate al narcotráfico durante el primer trimestre de 2010 en Ciudad Juárez y que dejó al frente de la estrategia antinarcóticos a la Policía Federal (PF), relegando al Ejército a un papel de apoyo en la periferia, fue planeado y diseñado “por insistencia” del gobierno de Estados Unidos y en “estrecha colaboración” con grupos de trabajo binacionales que operan en todas las dependencias del gobierno mexicano relacionadas con la seguridad.

La embajada estadunidense en México tuvo conocimiento del proceso desde su concepción y supo desde el 10 de diciembre de 2009 (cable 09MEXICO3468) que el presidente Felipe Calderón daría “luz verde” al proyecto. Es decir, lo supo al menos dos meses antes de que fueran notificados el entonces gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el presidente municipal José Reyes Ferriz, descrito en uno de los cables diplomáticos (10MEXICO518) como un “cero a la izquierda” (non factor).
Más aun, el embajador Carlos Pascual conoció de primera mano detalles de la transferencia de mandos que hasta ahora no se sabían. Por ejemplo, en ese despacho adelantó que las unidades de la PF que serían enviadas a Juárez –mil 800 en principio– iban a ser las mismas fuerzas antimotines que tomaron en octubre de 2009 las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en el Distrito Federal.
A un año del cambio, el proyecto estrella para Ciudad Juárez ha encallado. Como reconoció la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, el pasado 9 de marzo, el plan “no funcionó en la dirección correcta”. Si 2008 fue un año terrible para los juarenses, con un saldo de mil 332 asesinatos relacionados con la violencia de los cárteles, 2009 fue peor, con el doble de homicidios.
Luego de la intervención estadunidense, la tendencia siguió en vertiginosa alza, y 2010 cerró con un reporte oficial de 2 mil 738 homicidios, pese a los elogios de los diplomáticos del país vecino al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna; a las expectativas del programa Todos Somos Juárez, a la estrecha asesoría de todo tipo de especialistas de las agencias estadunidenses y a los millonarios recursos que se le destinaron.

¿Testigo privilegiado o artífice?

La misión de Estados Unidos conoció, paso a paso, cómo se gestó el proceso a puertas cerradas en Los Pinos. Un cable diplomático (09MEXICO3468) adelantó el 10 de diciembre de 2009 a Washington que el presidente Felipe Calderón estaba ya “por tomar una decisión, en cualquier momento esta semana, para asignar a la SSP como principal autoridad de seguridad pública en Ciudad Juárez y regresar a los militares de la Sedena a un papel más tradicional, de apoyo”. Los responsables del gabinete de seguridad “ya están actuando en este sentido, asumiendo que Calderón dará luz verde a esta transición”.

García Luna; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón, y el director del Cisen, Guillermo Valdés, tenían el compromiso –dice el despacho– de mantener informados a los estadunidenses de las decisiones del gabinete de seguridad, “de modo que nuestros funcionarios de la embajada y el consulado en Juárez puedan intervenir para asistir y asesorar en el momento en el que se necesite”.
Este cambio de estrategia fue –expone el autor del despacho– resultado del “intenso compromiso de Estados Unidos con México” y de “nuestra insistencia en que el meollo para una solución de largo plazo a la inseguridad es la profesionalización de la policía y de las instituciones judiciales”. Tello Peón, descrito como “una pieza central en este cambio”, reconocía el mérito de los estadunidenses en este esfuerzo.
Hacia finales de enero empezó a mencionarse extraoficialmente en México la posibilidad de una transferencia de mandos de esta naturaleza.
Pero la versión oficial no salió de una fuente mexicana, sino del propio embajador Carlos Pascual, quien el 25 de enero, en Washington, anunció que sería la PF, y ya no las fuerzas armadas, la máxima autoridad en la lucha contra los cárteles de la droga en la ciudad fronteriza.
No fue hasta el primero de abril de 2010 cuando la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 4 mil 500 policías federales en Ciudad Juárez y replegó hacia otros municipios de Chihuahua y a retenes carreteros a las tropas del Ejército que habían llevado el peso del combate al narcotráfico los dos años anteriores.
A juzgar por las declaraciones del propio titular de la Sedena, general Guillermo Galván, el “plan conjunto”, con la inconfundible impronta de Washington, no contaba con el beneplácito de los militares.
El 8 de abril el general declaró que “para combatir a la delincuencia organizada el Ejército permanecerá en las calles entre cinco y 10 años más, salvo orden expresa del Presidente o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión”.

Juárez como un laboratorio

Como telón de fondo, los meses anteriores la embajada de México había enviado a Washington una serie de cables, algunos secretos, externando demoledoras opiniones sobre la “incapacidad” de los militares mexicanos para obtener resultados contra el narco y detallando el involucramiento de funcionarios de la sede diplomática en la toma de decisiones del gobierno mexicano.

El último trimestre de 2009 Washington envió una serie de visitantes de alto nivel, todos en el ámbito de la seguridad: la secretaria de Estado, Hillary Clinton; John Brennan, jefe del Consejo de Seguridad Nacional; Jacob Lew, subsecretario del Departamento de Estado (responsable de los financiamientos internacionales); Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos; Dennis Blair, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; Paul Stockton, secretario de Defensa adjunto, y el general Victor Renuart, del Comando Norte. Todos dejaron estructurados “grupos de trabajo binacional” en sus respectivas áreas.
Juárez fue elegida como laboratorio para probar el despliegue de policías federales en lugar de militares. Varios documentos de esos meses afirman que esa cuidad fronteriza “se ha convertido en un emblema para México, ya que internamente domina el debate político e internacionalmente marca la percepción que se tiene del país”.
Al sacar a los militares de la primera línea de ataque a los cárteles de la droga, Estados Unidos asumía que la confianza que desde el principio del sexenio había depositado Calderón en el Ejército no había funcionado.
Bajo el Operativo Conjunto Chihuahua, al mando de la Sedena y vigente desde 2008, Juárez fue el escenario de al menos una cuarta parte de todos los homicidios cometidos ese año en el país. Sólo ese año fueron asesinados 71 policías.
Según el cable 09CIUDADJUAREZ22, suscrito por el cónsul Raymond Mc Grath, “la policía estatal de Chihuahua y el sistema judicial tienen muy poco impacto en la incidencia de la criminalidad”. Fechado el 23 de enero de 2009, opina sobre el Operativo Conjunto, en el que los militares “muy rara vez se meten con los cárteles o las pandillas”.
Bajo directriz estadunidense se cambió la estrategia y se dio el mando a la SSP a principios de 2010. El plan no resultó. Al final del año se contaban un promedio de siete homicidios diarios relacionados con el crimen organizado (2 mil 738 al final del año). Juárez sigue siendo la ciudad más violenta del mundo.

Pero el embajador Pascual parecía muy entusiasmado con la idea de entregarle las riendas a García Luna. Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010 envió a Washington al menos nueve cables sobre el mismo tema, siguiendo paso a paso su desarrollo.
El cable del 10 de diciembre advierte que el plan todavía es “impreciso” y “los arreglos para nombrar comandos es incierto”. Pero Tello y Guillermo Valdés “confían en contar con la aprobación del Presidente”. Los contactos de la embajada en la SPP aseguran que la PF asumiría la responsabilidad de la seguridad en la ciudad y que el Ejército se replegaría a un “papel de apoyo” a la periferia y a los retenes carreteros.
Los informantes de la embajada adelantan que como primera fase serían enviados a la ciudad fronteriza 2 mil militares “como refuerzo de la SSP”. En la segunda fase, “que fue explicada por García Luna a funcionarios de la embajada con anterioridad”, la PF se desplegaría en zonas donde hay actividad del mercado negro y en las zonas rojas que son retaguardia de los grupos criminales. Una tercera fase enfilaría sus baterías a la captura de grandes capos.
El cable reporta el reconocimiento de Tello a “los méritos” del gobierno de Estados Unidos por su compromiso en este proceso. “El énfasis que mantuvimos en señalar que el Ejército no es el instrumento indicado para combatir a las organizaciones del crimen organizado fue un factor que influyó para que el gobierno mexicano tomara esta decisión.”

Luz verde

El acuerdo pasó inadvertido a los ojos de la opinión pública, que iniciaba el año abrumada por las alzas de precios. Pero el 5 de enero Calderón efectivamente dio luz verde, en una reunión de gabinete, a la transferencia de mandos en Juárez. Pascual lo supo de inmediato. Se lo confirmaron Valdés, del Cisen, y el secretario de la Marina, almirante Mariano Saynez (cable 10MEXICO41).

Es un despacho breve suscrito por Pascual: “El siguiente paso es que el secretario de Gobernación le notifique al gobernador de Chihuahua que el Presidente aprobó los cambios. (...) La Policía Federal ya envió a Juárez un equipo para hacer los arreglos necesarios. El mensaje de Gómez Montt será que Calderón ha dado la orden para que todos procedan”.
Añade: “El lunes 11 de enero el comisionado de la SPP Facundo Rosas viajará a Juárez para supervisar la transferencia de responsabilidades. El 14-15 llegará un equipo bilateral a El Paso y Juárez. (...) El gobierno mexicano nos informará sobre la marcha de los nuevos arreglos”.
Hay un cable anterior que demuestra que Pascual ya conocía los detalles de esos “nuevos arreglos” antes de Navidad, informado puntualmente por el comisionado Facundo Rosas (cable 09MEXICO3617) desde el 22 de diciembre. Sabía que, sin que se informara públicamente, mil 600 policías federales ya habían sido desplegados en Juárez y que la nueva estructura iba a quedar al mando de Vidal Díaz Leal Ochoa (un nombramiento controvertido por los antecedentes de ese jefe policiaco en Sonora).
Fue informado también de las cuatro áreas de operación que tendría la nueva estrategia: patrullaje en zonas de alta criminalidad (mientras los militares apoyarían a la policía municipal en zonas donde no tuviera suficientes elementos); operativos de intercepción en los “hoyos negros”, donde se realizan las transacciones criminales; creación de un contingente de 500 agentes especializados para atacar la extorsión y el secuestro. Y finalmente la persecución de “blancos de alto nivel” en cooperación con las Unidades de Operación Táctica.

Salvárcar

Calderón no había informado oficialmente sobre el cambio de mandos en la ciudad fronteriza cuando ocurrió la masacre de Salvárcar. En ese barrio popular un comando de sicarios asesinó a 16 muchachos durante una fiesta juvenil el 31 de enero, rematando uno de los meses más sangrientos, con 240 homicidios sólo en esa metrópoli. Ante la “enfurecida reacción” de la sociedad, según refiere el cable diplomático 10MEXICO518, el Presidente “precipitó” el anuncio “de la nueva estrategia Juárez que el gobierno desarrolló en forma conjunta con Estados Unidos”, y Pascual reportó a Washington que lo hizo “de acuerdo con los requerimientos que identificamos durante nuestra última visita a la ciudad y al compromiso bilateral en curso desde hace meses”.

Después de este hecho, y de tomar nota de que las encuestas demostraban en ese momento que 60 por ciento pensaba que el gobierno no tiene control del país, “uno de los desafíos de Calderón será poder canalizar este enojo de la sociedad de manera constructiva”.
En el texto se reseñan las medidas tomadas por la Presidencia para el control de daños por la reacción inicial de Calderón, quien estando en Tokio dijo que los jóvenes asesinados posiblemente estaban involucrados en actividades ilícitas.
También se refiere a las “presiones” del gobernador de Chihuahua (priísta) y otros dirigentes opositores que forzaron el adelanto de los planes de Calderón. “Reyes Baeza también ha sido muy criticado a raíz del ataque de Salvárcar”, y en su defensa el gobernador “acusó al gobierno federal de excluir al estatal en la planificación de empleos, educación y programas de rehabilitación de adicciones”.
Pascual anota que el señalamiento de Reyes Baeza “es falso”, pues el gobernador asistió a varias reuniones. Reporta que el mismo día en que el gabinete de seguridad se reunía en México para discutir la nueva estrategia para Ciudad Juárez, el mandatario estatal visitó Salvárcar, donde reclamó que al gobierno estatal no se le informaba de los planes federales.
El embajador encuentra una explicación política a la “frustración” del ahora ex gobernador al recordar que en los últimos meses la ventaja del candidato a gobernador del PRI César Duarte se redujo 20 puntos (de 40 que tenía) y también expresa su escepticismo ante la iniciativa que presentó Reyes Baeza al Congreso local para pasar los poderes del estado de Chihuahua a Juárez. “Pero si Baeza cumple la promesa que le hizo a Calderón de residir al menos medio tiempo en Ciudad Juárez para gestionar los nuevos programas, proporcionaría a la ciudad la imagen de atención y gobernabilidad que le ha hecho falta desde hace tiempo.”
Sobre el presidente municipal, Pascual anota: “Como ha sido en el pasado, después de la tragedia de Salvárcar y la secuela de disputas políticas entre los gobiernos estatal y federal, Reyes Ferriz (también del PRI) ha sido un non factor”.
Con información de Gustavo Castillo
Enlaces:
Esta nota con vínculos a los cables
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks