Ahora los gringos se convierten en jueces :

EU rechaza que Josefina Reyes haya sido asesinada debido a su activismo

Señala en un cable que el homicidio es producto de "sus vínculos" con delincuentes

Publicado el: 15 de marzo de 2011

Sara Salazar, madre de Josefina Reyes, el 26 de febrero pasado, en Guadalupe Distrito Bravo, durante el funeral de dos hijos y su nuera, quienes fueron asesinados Foto Ap

Por: Arturo Cano

Las amenazas contra los defensores de los derechos humanos son reales y, al parecer, están en aumento en México, dice un cable (10MEXICO294) de la embajada de Estados Unidos, fechado el 28 de enero de 2010. Sin embargo, y a pesar de hacer un pormenorizado recuento del caso, se niega a reconocer el asesinato de la activista Josefina Reyes como parte de ese fenómeno: La información disponible en el consulado en Ciudad Juárez sugiere que el asesinato de Reyes tiene más que ver con sus vínculos con la delincuencia organizada que con su trabajo con las organizaciones de derechos humanos.

Como única prueba, el cable aporta este dato: “Reyes fue la madre del presunto sicario y traficante del cártel de Juárez Miguel Ángel El Sapo Reyes Salazar”.
Mientras en Ciudad Juárez, se argumenta en el cable firmado por John Feeley, funcionario de la legación diplomática, se sabe de esta conexión con la delincuencia organizada, la prensa nacional retrató su muerte como el asesinato de una defensora de los derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos ejercen presiones importantes para que el gobierno de México actúe sobre el asesinato de Reyes.
Paradójicamente, Feeley, el firmante del cable, fue el encargado de informar sobre la visita de los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar, quienes, tras el asesinato de otros tres de sus miembros, abandonaron el valle de Juárez y se trasladaron a la ciudad de México.
El 5 de marzo pasado, Feeley hizo maromas en CNNMéxico para explicar que habían recibido a la familia Reyes Salazar, pero negó que estuviera en curso el asilo político: Les dimos la información y entonces quedamos con ellos en que van a buscar una de esas dos maneras (solicitar el asilo por conducto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o en un puesto fronterizo).
Según un despacho de Notimex, la representación diplomática estadunidense indicó que ha estado en permanente comunicación con autoridades del gobierno mexicano para atender el caso de la familia Reyes Salazar.

Seguimiento detallado del caso

El permanente contacto se ha acompañado de un detallado seguimiento del caso. El cable firmado por el ministro consejero Feeley en enero de 2010 expone que Josefina Reyes, aliada con elementos de la comunidad de derechos humanos de Juárez, se opuso a la presencia del Ejército Mexicano en la ciudad después de que el Ejército detuvo y posteriormente puso en libertad a su hijo en 2008. Reyes dijo que la detención de su hijo fue un secuestro.

Miguel Ángel Reyes Salazar fue liberado y detenido nuevamente en septiembre de 2009, como parte de un grupo, dice el cable, encabezado por “José Rodolfo Rikin Escajeda, operador del cártel de Juárez” (extraditado en diciembre de 2010).
El comunicado sostiene que se cree que Escajeda fue responsable de los asesinatos de Benjamín Le Baron y Luis Widmar, líderes de la comunidad mormona y ciudadanos estadunidenses.
El seguimiento, basado en información de prensa y reportes del consulado en la ciudad fronteriza, detalla que Josefina Reyes, activista civil y ex política local, fue asesinada por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa.
Para la embajada, Reyes ganó reconocimiento tanto deseado como no deseado por su activismo, que incluyó una huelga de hambre en 2008, cuando su hijo fue levantado. Dirigió varias marchas y protestas en Ciudad Juárez y participó en el Foro contra la Militarización y la Represión organizado por el Frente Nacional Contra la Represión. Hizo alianzas con numerosas organizaciones no gubernamentales locales e internacionales (...) Sostuvo que ella comenzó a recibir amenazas de muerte en 2008 y ese mismo año informó que los militares entraron dos veces a su casa, rompieron ventanas y puertas y le robaron sus pertenencias.
El cable informa también de las protestas de diversos grupos tras su asesinato y de las críticas recibidas por el gobierno mexicano debido a su incapacidad para proteger a los activistas de derechos humanos.
A pesar de los lazos de la familia Reyes con la delincuencia organizada, Amnistía Internacional (AI) caracteriza su asesinato como una agresión contra los defensores de los derechos humanos.
AI pidió al gobierno de México proporcionar una protección inmediata y efectiva para los activistas de derechos humanos de Juárez.
El cable se hace eco de las denuncias sobre agresiones a activistas de derechos humanos, documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo para el cual el asesinato de Reyes refleja una tendencia más amplia. También cita que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe, en octubre de 2009, en el que documentó 128 agresiones contra activistas de derechos humanos de enero de 2006 a agosto de 2009, entre ellos 10 asesinatos y tres secuestros.
Igualmente, informa que AI llamó al gobierno de México y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a proteger a tres activistas que colaboraban con Reyes (al menos una de ellas, Cipriana Jurado, se halla en Estados Unidos a la espera de que se le conceda el asilo).

EU, árbitro entre mexicanos

A pesar de que da por descontado el involucramiento de los Reyes con la delincuencia organizada, la embajada estima que hasta que el gobierno (de México) haga más para proteger a los defensores de los derechos e investigar las amenazas y la violencia contra ellos, su buena fe sobre esta importante cuestión seguirá bajo el fuego de la comunidad de derechos humanos local e internacional.

Y aquí es donde la embajada se arroga el papel de mediadora entre el gobierno mexicano y las organizaciones de derechos humanos: Hemos insistido en nuestro compromiso con la comunidad mexicana de derechos humanos para facilitar un diálogo más constructivo con el gobierno a fin de reducir las amenazas y la violencia contra los defensores de los derechos humanos.