El próximo día 5 del corriente se celebra un aniversario más de la promulgación de la Constitución mexicana, 6 años antes de que cumpla un centenar de abriles. Ese aniversario no podrá ser olvidado por juarenses, chihuahuenses y mexicanos, porque llega nuestra Carta Magna como un precioso vestido de seda, pero lamentablemente todo remendado, pues más de 700 reformas entre mayores y menores la adornan.
Asombra que todavía en nuestros días, para muchos la conmemoración sólo sea objeto de discursos y no de cumplimiento de sus mandatos.
Parte de los problemas que tenemos en el país en todos los órdenes, –seguridad, política, justicia fiscal, funciones de los poderes, respeto a las garantías del pueblo, derecho de petición, sueldos justos a funcionarios– y otros, son resultado de la escasa cultura constitucional que se tiene y de los criterios absurdos que en la realidad se imponen como son los criterios económicos por encima de los legales.
Se ha dicho por los estudiosos que nuestra Carta Magna en su expedición fue un reflejo de la constitución del vecino país, pero curiosamente en Estados Unidos sólo unas cuantas enmiendas se han hecho a la ley fundamental, lo que dista mucho de lo que aquí ha pasado.
Choca contra el sentido común que no se observen ni los mandatos ni el espíritu con que debe aplicarse esta ley que está por encima de todas las leyes. Por ejemplo, se establece el libre tránsito por el país, y los retenes de todo tipo, que justifican su presencia según esto por la inseguridad que vivimos, molestan a las personas, familias y posesiones de los residentes mexicanos, sin las órdenes debidas que deben cumplir para tal fin.
Antiguamente se ensalzaba no sólo en México sino en toda Latinoamérica la Ley de Amparo originada en la constitución, como un instrumento de defensa de los particulares contra los abusos del poder público.
Es de todos conocido que hace mucho tiempo que la Suprema Corte no da amparo y protección contra leyes fiscales a los causantes afectados, por miles de razones, pero olvidándose del origen de ese recurso, que es muy simple: que el poder público respete a los particulares, evitar que cometa atropellos en contra de éstos.
Por otra parte, la Carta Magna prohíbe los monopolios.
Sin embargo, es bien conocido que bajo el régimen de concesiones otorgadas por el Gobierno, sólo 2 consorcios televisivos llenan los espacios y así pasan años y años, sin que nadie pueda abrir a lo que los neoliberales llaman la libre competencia a otras empresas.
Lo mismo sucede en toda el área de la telefonía, sea la regular o la celular, en que es manifiesto el poder y la presencia de una sola empresa.
A los consorcios del poder económico, en su mayoría, sólo les importa la política de “ganar-ganar” y desde luego lo dispuesto por el artículo 28 constitucional no se cumple, ya que el Banco Central de México debe procurar el poder adquisitivo de la moneda.
Lo anterior se estima como una broma para quienes ganan el salario mínimo, ya que saben que con su ingreso no pueden completar para tortillas mucho menos para las necesidades elementales de su familia.
Podríamos escribir uno y mil comentarios sobre las constantes violaciones a la Constitución, pero curiosamente la tendencia no es que se cumpla sino que favorezca a grupos específicos para mantener un estado de cosas que dista mucho de la justicia distributiva.
Sólo los partidos pueden impulsar candidaturas; sólo los adinerados tienen oportunidad a nivel nacional de obtener concesiones que producen millones y que se les garanticen por muchos años sus ventajas; la banca es otro renglón que debería estudiarse pues se supo que en la adquisición de un banco no se pagaron impuestos por 12 mil 500 millones de dólares y jamás se habla de las ganancias que se tienen, que son cuantiosas en un país tercermundista como el nuestro.
Hay que revisar el incumplimiento constitucional y no vivir aparentando un Estado de Derecho que en la realidad no existe.
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