Wikileaks develó que Felipe Calderón no midió bien los alcances de su famosa “guerra contra el crimen organizado”, según lo confesó a su preceptor José María Aznar. Aunque realmente no había necesidad de eso, porque los resultados de sus acciones son auténticamente desastrosos. Como en pocas etapas de nuestra historia, los grupos criminales controlan espacio territorial y cobran tributos a la población indefensa; los policías se ven superados por el armamento y la crueldad de los delincuentes; y los elementos del Ejército aparecen involucrados en graves violaciones a los derechos de los civiles.
Los derechos humanos han retrocedido en el actual sexenio, pues en el anterior al menos se les mencionaba discursivamente. Ahora sólo importa la “seguridad”, identificada como persecución, detenciones, encarcelamientos y muertes. En el altar de esa “seguridad” se sacrifican los derechos de los habitantes del país.
La “guerra” calderoniana fue pretexto para la militarización. Violando flagrantemente el artículo 13 constitucional, que prohíbe extender el fuero castrense, se lanzó a los soldados a cumplir con tareas de policía. Ahora lo difícil será hacerlos volver a sus cuarteles, pues cada día hablan más de que ellos son “los únicos que pueden salvar a la patria”, ante la notoria corrupción de los cuerpos policiacos de todos los niveles.
Nadie ha dicho que se tolere o permita delinquir. Lo que se cuestiona es la estrategia que sólo atizó la lumbre de la violencia y creó nuevos detentadores de poder fáctico. Son espeluznantes los comunicados de La familia michoacana en los que ofrece treguas al gobierno. Dan la impresión de que hablan de igual a igual, quizá por los vínculos que tienen con gente del poder.
Las condenas internacionales
Van cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que condenan al Estado mexicano por violar gravemente las garantías que debiera preservar. Avergüenza que un tribunal internacional haya llegado a una conclusión que en México se regatea: aquí se perpetran delitos de lesa humanidad y sus autores son integrantes del Estado. En el pasado mediato, el gobierno nacional presumió en el extranjero de respetar y fomentar los derechos humanos, apoyando causas libertarias en otras partes del mundo. Ahora ni en el discurso lo sostiene.
La sentencia que dictó la Coidh en el caso Radilla, da cuenta de una desaparición forzada de persona, delito considerado especialmente grave por las circunstancias en que se comete: con todas las ventajas que da el poder y negando a las víctimas la aplicación de la justicia. En virtud de esa condena, el Estado mexicano quedó obligado no sólo a reparar los daños causados, sino a armonizar nuestra legislación con la internacional para que nunca más vuelva a haber desapariciones forzadas. Obvio es decir que no ha cumplido.
De modo que cada día es peor la imagen de México frente al exterior, aunque esto no parece importar a quienes tienen el mando formal del país.
El déficit en derechos sociales es enorme
Poner más de 40 mil trabajadores en la calle no es asunto de poca monta. Por más que se diga que se trataba de arreglar los problemas de una empresa pública deficiente y onerosa, lo cierto es que más de un cuarto de millón de personas resultaron afectadas (si consideramos que cada asalariado tiene 5 dependientes). Los derechos laborales fueron pisoteados.
La educación es persistentemente cuestionada cuando es impartida por el Estado. El cacicazgo de Elba Esther Gordillo en el SNTE posibilita que las agresiones adquieran cierta credibilidad.
También la salud sufre el embate, pues las instituciones públicas, señaladamente el IMSS y el ISSTE son intencionalmente debilitadas. Y ni qué decir de la vivienda y el sano esparcimiento.
El Estado neoliberal desertó de sus obligaciones sociales; tiene como única misión favorecer los intereses de las empresas, en desmedro de los derechos de las personas.
Con este panorama, el futuro inmediato se ve incierto. El movimiento de derechos humanos tiene que unirse a otros actores sociales para tratar de alcanzar sus objetivos.
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