Ya no hay vuelta atrás. Los diputados del Congreso del Estado compraron ayer un boleto que trae bastante de causa social, porque a nivel popular no hay quien esté en contra de que se aplique la justicia y se castigue alguna negligencia en cualquier caso criminal, pero de eso a que al final del viaje se logre el objetivo de la inhabilitación de los jueces sometidos al juicio político, hay un gran tramo de diferencia.
Lo peor es que a los diputados eso les está quedando muy claro: entre ellos comentan que el Juicio de Amparo ante instancias federales al que seguramente recurrirán los tres jueces señalados es un instrumento que frenará cualquier intento de ajusticiamiento a nivel estatal.
Pero irán con todo en el caso para resolver en contra de los jueces, sabedores que desde el Poder Ejecutivo se tiene la misma apuesta: al final de cuentas habrán hecho caer una condena moral sobre los representantes del Poder Judicial, guiados por el sentir ciudadano. Así que ya se les escucha decir: “hicimos lo que el pueblo quería”.
Sin embargo entre los distintos actores de los tres poderes en Chihuahua, entre abogados, catedráticos y funcionarios del Poder Judicial Federal se adelanta que tarde o temprano vendrá un revés jurídico, tanto a los promotores del juicio político como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que actuó en el terreno administrativo aplicando una suspensión temporal y tiene un procedimiento en curso contra los tres jueces juarenses.
ENCERRONA DE DIPUTADOS. Precisamente ayer la encerrona del Congreso en la que se integró la Comisión Jurisdiccional, duró más de tres horas, porque los diputados cuidaron al máximo la forma y los detalles del procedimiento, para que luego no venga una fea exhibida cuando los señalados busquen la protección de la justicia federal y se caiga todo antes de tiempo.
Lo que sí hay que destacar es que hubo completa unanimidad de los diputados de las diferentes fracciones partidistas. Todos se subieron al mismo barco, y aunque la votación se realizó con cédula secreta, ningún voto apareció en contra de considerar procedente la petición del juicio político.
Pese a que la sesión fue cerrada a los medios, sí trascendió que en los posicionamientos por fracción todos coincidieron en que sólo cumplían con su deber constitucional: buscar que nadie, ni los que deben interpretar la ley, se aparte del principio fundamental de la justicia.
DIVERGENCIAS Y CONSENSOS. Por ahí los panistas aprovecharon la oportunidad para darle su desacreditada a todo el sistema penal puesto en operación durante la anterior gestión de origen tricolor y además mencionaron en tribuna que no debían desestimarse las voces que ubicaron el asesinato de Marisela Escobedo como un crimen de Estado, pero luego los demás rebatieron esos razonamientos y ya no hubo mayor polémica.
El consenso también se logró a la hora de integrar la Comisión Jurisdiccional que deberá llevar todo el proceso y ahí se coló un juarense como secretario, el panista Raúl García Ruiz.
Como se esperaba correspondió presidir la Comisión al abogado Gabriel Sepúlveda, quien ya encabeza la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.
También ayer en una votación fast track se aprobó la iniciativa de reforma que envió el Ejecutivo para que sea el titular de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, Mario Trevizo, y no el fiscal general, Carlos Manuel Salas, el abogado del estado.
LOS TIEMPOS DE LA POLÉMICA. En esta misma semana la Comisión Jurisdiccional deberá tener su primera reunión para definir agenda y forma de trabajo y luego entre sus primeras encomiendas tendrán que hacer la notificación de inicio del juicio a los tres jueces, ya sea de manera personal o por medio de edictos.
Además los integrantes de la Comisión deberán hacer saber a los jueces que tienen que presentar su defensa y les asiste el derecho a nombrar a dos defensores para que los representen ante ese órgano jurisdiccional.
La Comisión notificará también cuándo se abrirá la etapa para desahogar pruebas y cuándo corresponderá a los jueces presentar sus alegatos. Después de cerrar el procedimiento que se calcula durará unos dos meses, se abrirá el plazo de 10 días para que la Comisión presente su dictamen y una vez votado en el pleno que se convertirá en Gran Jurado, se dicte la resolución final.
DE NUEVO AL DF. Quien estará hoy otra vez en el Distrito Federal es el gobernador César Duarte.
El mandatario estrenará al nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, quien llegó al relevo de Juan Molinar Horcasitas.
El cambio a nivel federal se presenta a unos días apenas de que en Creel se puso la primera piedra de un aeropuerto regional, por lo que es clave afinar la relación con el titular de la dependencia que autorizó la obra a realizar con más de 300 millones de pesos de origen federal.
EL PENDIENTE EN JUÁREZ. Otro de los grandes pendientes de la SCT tiene que ver con Juárez, ya que entre los rezagos está la construcción del libramiento ferroviario por la zona de Jerónimo que permitiría sacar las vías del tren de la zona centro, una demanda casi tan añeja como la ciudad misma.
A ver si Pérez-Jacome sí trae ganas de que se cumpla con el plan de infraestructura del presidente Calderón que desde el inicio de su sexenio planteo esa importante obra, ya que a sus antecesores se les vio más del lado del interés de la empresa Ferromex que le apuesta a que termine el sexenio y todo siga igual.
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