Nadie en la presente administración calderonista hace cumplir las leyes cuando conspicuos dirigentes de la Iglesia católica vulneran, una y otra vez, la normatividad del Estado laico mexicano.
En los últimos años varios obispos, arzobispos y cardenales se han dado a la tarea de propagandizar que la legislación que establece una estricta separación Estado-Iglesia(s) –de la que ellos no hablan en plural porque acorde con su actitud de negar la pluralidad religiosa del país prefieren referirse a “la Iglesia” (la representada por ellos)–, es persecutoria de lo que entienden por libertad religiosa.
Para la cúpula católica más conservadora, y sus allegados ideológicos, libertad religiosa significa que el Estado facilite las tareas de la Iglesia católica, y que adopte como políticas públicas las enseñanzas éticas de esa institución. Como no se hallan en su terreno ante una sociedad crecientemente pluralizada, los clérigos demandan una “ayudadita” del aparato estatal para mantener en el redil a los remisos ciudadanos y ciudadanas que optan por normar sus vidas con principios y prácticas mal vistas por los obispos que, en su mayoría, son buenos para convivir en los círculos del poder, pero muy incapaces de vérselas con la sociedad civil y sus entresijos.
Las vociferaciones, descalificaciones y autoritarismos de los purpurados que tuercen los hechos para, según ellos, señalar lo ominoso de un “laicismo beligerante”, tienen como respuesta de los funcionarios de hacer valer las leyes el silencio y malabarismos interpretativos para dejar de actuar de acuerdo con lo marcado por la legislación. Bien saben los jerarcas católicos proclives a lanzar epítetos contra la laicidad que más allá de una declaración de algún funcionario gubernamental menor sobre que se está investigando si hubo violación a la normatividad, todo se va a diluir y nadie osará tocar sus privilegios.
Personajes clave del conservadurismo católico que escala en su beligerancia contra quienes consideran impulsan el reconocimiento de derechos, que no son tales para la doctrina católica, son los arzobispos Juan Sandoval Íñiguez y Norberto Rivera Carrera. Aunque no son los únicos, sí son los principales y más reiterados críticos de, por ejemplo, las políticas impulsadas por el jefe de gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard. Lo señalan de impulsar leyes inmorales e injustas, y de perseguir a quienes, por su fe católica, las critican y se oponen a ellas. Han echado a andar la maquinaria del martirologio para presentarse ante la opinión pública como perseguidos por “talibanes laicistas”.
Eso de “talibanes laicistas” fue una puntada del semanario Desde la Fe, editado por la Arquidiócesis de México, y junto con la expresión acusó a las autoridades del Distrito Federal de instigar leyes que promueven “la falta de respeto a la vida humana y a la institución familiar”. Abundó en el perfil talibanesco de sus adversarios y los describió como “personajes intolerantes a la crítica, fundamentalistas en sus principios inmorales, incapaces de aceptar el reto del diálogo con la racionalidad y el derecho”.
Si alguien sabe de intolerancia en la historia de México es precisamente quien ahora busca presentarse como ejemplo de virtud democrática. La cabeza de la Arquidiócesis de México es un dechado de intolerancia a otros puntos de vista, a conductas éticas divergentes de las sostenidas por la Iglesia católica. Él, y otros de su talante, niega el derecho de los demás a criticar y querer saber sobre los excesos de clérigos muy uncidos a los poderes políticos y económicos. ¿Acaso no fue ese mismo personaje que se dice perseguido por los “talibanes laicistas” quien, hace casi década y media, reaccionó fúrico cuando un reportero le preguntó acerca de las acusaciones de pederastia contra el fundador de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y le reviró al reportero sobre cuánto le habían pagado para ventilar las entonces iniciales evidencias de los abusos cometidos por el libidinoso cura?
Siempre es bueno que desde cualquier trinchera ideológica se haga un llamado al “diálogo con la racionalidad y el derecho”, pero es de ponerse en duda la intención cuando lo realiza una publicación que refleja las filias y las fobias de la cúpula clerical más reacia a dialogar con otros, que no reconoce interlocutores, sino que sólo quiere ver feligreses dóciles. El historial de los autollamados perseguidos está lejos de ejemplificar lo que piden, porque más bien se han distinguido por mantener un verticalismo excluyente entre la casta privilegiada a la que ellos pertenecen y el resto de los mortales.
La escalada clerical se vislumbra más intensa y busca ser un factor en los importantes procesos electorales de este año, así como posicionarse para las elecciones presidenciales de 2012. Tal vez por lo anterior el partidismo que se considera beneficiado por el activismo de conspicuos clérigos católicos ha visto con buenos ojos no tanto lo de “talibanes del laicismo”, sino con mejor ánimo la advertencia hecha por la publicación controlada por Norberto Rivera sobre que “el autoritarismo y la intolerancia (que rayan en la falta de respeto y la vulgaridad) con que se manejan no es un buen augurio para futuras responsabilidades públicas de quienes hoy ejercen la autoridad en la ciudad de México”. En sus turbios intereses se vislumbra con claridad lo que anhelan.
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